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Suspendieron la expropiación del local de una pyme tucumana en Concepción

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La marca de calzados GERF había denunciado que la Justicia busca expropiar uno de sus locales a un costo bajísimo para construir nuevas oficinas del Ministerio Público Fiscal. Tras el revuelo, frenaron la medida.

  • 27 Feb 2024 - 23:10

El local de GERF en calle Nassif Estéfano cuando abrió sus puertas en 2016.




Hace unos días, la marca de calzados tucumana GERF realizó una fuerte denuncia a través de las redes sociales: afirmaron que el Poder Judicial de Tucumán buscaba expropiar su local ubicado en la calle Nassif Estéfano en la ciudad de Concepción supuestamente para construir nuevas oficinas, pero lo haría a precio vil y -según alegaron- sin sustento legal. La expropiación, afirman, pondría en jaque a la pyme y en riesgo los puestos de trabajo que sostienen a 70 familias tucumanas. 

Tras la viralización de la denuncia, frenaron la expropiación del local. Según informó La Gaceta, el conflicto se inició en 2018, cuando ingresaron a la Legislatura dos proyectos de ley para proceder a la expropiación de dos inmuebles ubicados en la calle Nassif Estéfano de “La Perla del Sur”, a pocos metros de la plaza Mitre, para la construcción de nuevas oficinas del Poder Judicial de Tucumán, destinadas a los ministerios Fiscal y de la Defensa. Un año después, las iniciativas se convirtieron en ley y fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo, que procedió a avanzar con el juicio mediante la Fiscalía de Estado.

En el medio surgieron contratiempos, reparos y el expediente se demoró prácticamente cinco años; en particular con el padrón destinado al Ministerio de la Defensa. Finalmente, la entrega del inmueble estaba fijada para los últimos días de diciembre de 2023, pero la medida fue suspendida y postergada para este jueves 29. Sin embargo, tampoco se concretará.

Desde GERF aseguraron que la ley por las que buscan llevar adelante la expropiación "está caduca" por lo que "esto no tiene fundamento legal". Además, afirmaron que el inmueble fue valuado en $13.000.000 cuando su valor de mercado sería de $175.000.000. "Si nos desalojan, el precio que quiere pagar el Estado por ese inmueble es una locura, es pagar $1 cuando vale $100, es una locura, no tiene sentido", arremetió la dueña de GERF.

En paralelo, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, sumó su apoyo a los propietarios del local. “Repudiamos la conducta del Ministerio de la Defensa de querer posesionarse por supuesta expropiación improcedente y extemporánea del inmueble donde funciona el local comercial de una fábrica de calzados de calidad, propiedad de jóvenes emprendedores concepcionenses”, planteó el radical.

Y recordó que cuando hace más de un año el ministro de la Defensa lo visitó para contarle del proyecto, le advirtió personalmente que esa obra violaría el Código de Planeamiento Urbano. Incluso, se estableció por ordenanza la prohibición de construcción en altura. “Avanzamos con la imposibilidad de la obra por validez de la ordenanza que impide edificar a altura en esa zona central, más el caos vehicular que produciría la concentración de la mayor parte del Poder Judicial en el microcentro”, afirmó. Esto, en referencia a que la sede de la Justicia provincial en Concepción se extiende sobre la calle España, frente a la plaza, y colindante con GERF.

“Si es necesario, haremos presentaciones ante la corte para evitar este trabajo en ese edificio, sin excepción para dejar debidamente claro que apoyamos todas las obras en lugares apropiados para el crecimiento de nuestra Ciudad”, reforzó Molinuevo.

El reclamo público de ella y su pareja, Santiago Rocchia, también llegó a oídos del gobernador, Osvaldo Jaldo, que instruyó a sus funcionarios para que dieran marcha atrás con la entrega del inmueble prevista para mañana. Ocurre que toda expropiación corre por cuenta del Gobierno, con destino específico según lo determina la ley; en este caso, era el Ministerio de la Defensa.

Ayer, luego de que la Provincia diera su conformidad, la jueza María Ivonne Heredia decretó la suspensión de la medida.

Consultado por LA GACETA, el Ministerio de la Defensa respondió mediante un comunicado de prensa y se desligó del proceso judicial. Navarro afirmó que el Ministerio que conduce “no tuvo intervención alguna en el juicio originado por dicha expropiación, dado que es la Fiscalía de Estado de la provincia el órgano que legalmente debe llevar adelante dichos procesos”.

En el texto se aseveró que el trámite de expropiación ingresó a la Legislatura el 21 de septiembre de 2018, antes de que asumiera Navaro Dávila, el 30 de octubre de ese año. “El Ministerio Pupilar y de la Defensa fue notificado por el juzgado interviniente que la entrega del inmueble estaba fijada para los últimos días del mes de diciembre del año 2023, medida que fue suspendida y, con posterioridad, se fijó nueva fecha para el jueves 29 de febrero del corriente año. Con esta decisión judicial de nueva fecha de entrega, aparecieron distintas versiones y situaciones ajenas al Ministerio de la Defensa dado que desde el inicio no fue parte en el juicio y, de ninguna manera, generó perjuicio alguno”, se precisó.