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"Estamos desesperados": acusan al Poder Judicial de expropiar un inmueble a precio vil y arruinar a una pyme tucumana

DENUNCIA VIRAL

La marca de calzados GERF denunció que la Justicia busca expropiar uno de sus locales en Concepción a un costo bajísimo para construir nuevas oficinas del Ministerio Público Fiscal que conduce Navarro Dávila, cuando incluso cuenta con otros predios asignados para ello. "Quieren pagar $1 cuando vale $100, no tiene sentido".

  • 24 Feb 2024 - 10:47

El local de GERF en calle Nassif Estéfano cuando abrió sus puertas en 2016.




La marca de calzados tucumana GERF realizó una fuerte denuncia a través de las redes sociales: afirman que el Poder Judicial de Tucumán busca expropiar su local ubicado en la calle Nassif Estéfano en la ciudad de Concepción supuestamente para construir nuevas oficinas, pero lo haría a precio vil y -según alegaron- sin sustento legal. La expropiación, afirman, pondría en jaque a la pyme y en riesgo los puestos de trabajo que sostienen a 70 familias tucumanas. "Estamos desesperados", denunció su dueña, Sofía Salvatierra.  

"Estamos pasando días muy angustiantes, estamos desesperados, ojalá no estuviera haciendo este video", se sinceró la empresaria y arquitecta en un video publicado en la cuenta de GERF en las redes sociales, donde explicó que "nos llegó una notificación al local de la Nassif Estéfano", una de las cuatro calles que bordea la plaza Mitre, principal paseo público de la ciudad de Concepción. La sede principal del Poder Judicial en Concepción se sitúa frente a la plaza, sobre calle España y abarca toda la manzana donde está el local de GERF.

"Es el único local donde no pagamos alquiler, el que sostiene la venta y la producción que hacemos, sostiene a 70 familias", remarcó, y aclaró que ante la expropiación "el Estado se queda con el bien" ya que "lo que están haciendo es querer sacar este terreno para construir más oficinas del Poder Judicial acá en Concepción". El periodista José Romero Silva precisó que estaría destinado a oficinas del Ministerio Pupilar y de la Defensa, que conduce el ministro Washington Navarro Dávila.

"El edifico queda al frente de la plaza principal y nosotros a esta altura hicimos todo lo que creemos está a nuestro alcance. El Poder Judicial tiene asignado otros predios lejos de la plaza principal (...) seguir sumando oficinas en el casco principal de la ciudad genera embotellamientos. El Poder Judicial tiene otros terrenos de la misma manzana, no tiene dinero para pagarnos lo que vale ese local, ni para la obra pública, para poder construir oficinas en ese lugar", explicó Salvatierra al borde de las lágrimas.

Además, la empresaria esgrimió que la ley por las que buscan llevar adelante la expropiación "está caduca" por lo que "esto no tiene fundamento legal". El mencionado periodista recalcó que la jueza que hizo lugar a la expropiación -que tildó de "caprichosa"- fue María Ivonne Heredia.

Además, subrayó que el inmueble fue valuado en $13.000.000 cuando su valor de mercado sería de $175.000.000. "Si nos desalojan, el precio que quiere pagar el Estado por ese inmueble es una locura, es pagar $1 cuando vale $100, es una locura, no tiene sentido", arremetió la dueña de GERF.

Salvatierra hizo un pedido desesperado a la sociedad en general, pero también a todos los políticos y dirigentes que han visitado las instalaciones de la firma tucumana, que tiene una planta de producción y locales en otras jurisdicciones: "En la fábrica hemos recibido al gobierno provincial, municipal, candidatos, de todos los colores políticos. Estamos abiertos a que quieran conocer lo que hacemos. Todos nos han dicho 'lo que necesiten estamos acá', todos. Bueno, hoy es el día: necesitamos de algo, de alguien del otro lado que sepa de alguien que haya pasado lo mismo, que lo pueda revertir, que pueda hacer el proceso más justo", manifestó.

"Hoy estamos peligrando las chicas que trabajan en ese local, que se quedarían automáticamente sin trabajo porque es imposible reubicarlas y menos en esta economía tan tremenda, por otro lado, todo lo que depende de la venta de ese local, lo que produce, llegamos remando a pagar los sueldos. La situación está muy difícil y este golpe sentimos que nos puede desestabilizar mucho. Esta es nuestra última herramienta para ver si hay alguien del otro lado, si hay una decisión esto se puede revertir teniendo en cuenta todo esto que les digo; se van a quedar con un bien haciéndonos un daño y después no lo van a poder utilizar. Quizás para el Poder Judicial es una oficina más, pero para nuestra empresa, que es una empresa joven, que depende de este local porque es el único que es nuestro... vimos un montón de colegas pasar por al lado, cerrando fábricas, quedando gente sin trabajo y de solo pensarlo me da escalofríos", remató.