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Atención Tucumán: sigue la reducción en el servicio de colectivos en la Capital

TRANSPORTE EN CRISIS

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán constató demoras de hasta 40' tras la decisión de las empresas de reducir la frecuencia. Se prevén multas y sanciones.

(Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán)





Este lunes, el servicio de transporte público de pasajeros de Tucumán seguirá "reducido" por la decisión de las empresas de colectivos de reducir la frecuencia, y a pesar de los controles que realizó la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que constató demoras de hasta 40' y prevé importantes sanciones y multas para los empresarios.

La medida rige desde el pasado viernes. "Nos vemos en la ineludible necesidad de recurrir a medidas extremas, no deseadas a fin de resguardar el transporte en general, los usuarios y las fuentes de trabajo", indicaron los empresarios al anunciar la medida.

"A tal fin se aplicarán las normas que rigen la actividad, como "servicio de emergencia" (reducción de prestación del servicio a la mínima expresión) y suspensión por dicha causa, del personal de conducción", manifestó la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

"Estas medidas serán tomadas en la órbita municipal capitalina a partir del día viernes 12 de enero a hs. 00. y de continuar con la actual situación, dicha reducción se extenderá a las líneas provinciales en general", alertaron.

Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán notificaron a unas 14 empresas por las demoras en los viajes detectadas: las firmas se exponen a multas millonarias que podrían superar los $20 millones en algunos casos.

La ordenanza municipal 400/79, que regula el servicio de transporte público dentro del territorio capitalino, establece en su artículo 16 que ninguna línea puede reducir la frecuencia de sus viajes sin la previa autorización de la máxima autoridad municipal. La violación de la norma, además de severas multas, habilita a la Municipalidad a incautar las unidades de las empresas.

Artículo 16 de la ordenanza 400/79:

“…las concesionarias o permisionarias del servicio no podrán reducir en ningún caso, sin previa autorización expresa del Departamento Ejecutivo, el número de unidades en circulación, acortar los recorridos, paralizar los servicios o introducir variantes que desvirtúen los fines de la concesión. La supresión del Servicio sin autorización expresa de autoridad competente, salvo que fuera motivado por razones de fuerza mayor debidamente justificada, harán pasibles a las sociedades adjudicatarias de sanciones que podrán llegar hasta la incautación de todas las unidades afectadas al servicio”.


Las demoras en el servicio y el valor de las multas

Los controles se realizaron principalmente en tres puntos fijos, paradas neurálgicas del sistema de transporte público en la Capital tucumana: la intersección de calle Francia y avenida Avellaneda (Línea 18 y 19); la esquina de Córdoba y Salta (Líneas 11,9,1,17,5,8); y en calle Crisóstomo Álvarez al 400 (Líneas 12,3,7,4,10,6).

Desde la Intendencia se informó que, durante las inspecciones a cargo de 15 agentes del área operativa de Transporte realizadas desde la tarde del viernes, se constató que hubo de momento demoras de hasta 40 minutos en las frecuencias (entre el paso de un colectivo y la unidad siguiente), por lo que se intimará a las empresas y habrá sanciones.

El secretario de Movilidad Urbana municipal, Benjamín Nieva, advirtió que “se trabaja para constatar las infracciones y documentarlas, a los fines de aplicar todo el peso de la ordenanza número 400/79, que establece un sistema de sanciones a las empresas que hayan incurrido en faltas”.

En este sentido, informó que dicha norma contempla multas que van desde un monto equivalente a los 2.000 boletos hasta los 100.000 boletos mínimos (el precio de cada viaje es actualmente de $ 230). 

“No queremos llegar a esta situación y llamamos a la reflexión del empresariado. Sabemos que estamos en una situación de crisis, pero también atendiendo que las crisis se resuelven a través del diálogo y no con este tipo de medidas intempestivas”, remarcó.

Nieva planteó que “la Municipalidad quiere garantizar que no se resienta la prestación del servicio, porque se perjudica a los usuarios, que no pueden viajar en tiempo y forma a los distintos lugares a los que desean trasladarse”.

En ese marco, subrayó: “Todos los días que tengamos lamentablemente esta medida decidida por la AETAT, nosotros vamos a estar haciendo las inspecciones, documentando las infracciones y aplicando la ordenanza 400”


La posición de las empresas

En una entrevista en La Tucumana de Mañana, Andrea Courtade, empresaria del transporte, aseguró que "el problema del transporte no es de hoy, es de ocho años atrás, debido a políticas nacionales, provinciales y municipales que no responden a una actividad pública fundamental. Las asimetrías tarifarias son abismales, y la falta de compensaciones afecta a empresas y usuarios."

La empresaria detalló los costos operativos, destacando la dificultad de cubrir gastos: "Si necesito 6.000 litros de gasoil diarios por $900 cada uno, son 5.400.000 diarios que debo pagar de contado. No tengo la recaudación ni los subsidios necesarios. Hoy, apenas alcanza para pagar los sueldos".

Respecto a posibles soluciones, afirmó: "Hemos buscado mil alternativas, pero las presiones diarias nos llevan al límite. Necesitamos previsibilidad y respuestas a nivel nacional y provincial. Abogamos por un federalismo que no discrimine al ciudadano del interior."

Ante la falta de respuestas, Courtade expresó su pesar por el perjuicio que sufrirán los usuarios: "La gente que usa el colectivo realmente lo necesita para trabajar. Ya no depende de nosotros, hemos hecho todos los esfuerzos posibles".