En respuesta al creciente fenómeno de amenazas de bomba en la provincia de Tucumán, el ministro fiscal Edmundo Jiménez tomó la decisión de establecer la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad. Este paso estratégico se enfocó en abordar no solo este fenómeno, sino también otros delitos que surgen a través del uso de la tecnología. Según el fiscal Carlos Saltor, quien destacó la efectividad de esta iniciativa, el trabajo ha sido arduo pero ha generado resultados positivos.
"Por decisión del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, se creó esta Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad para atender este fenómeno y otros que surgen a través del empleo de la tecnología. El trabajo fue muy fuerte y hemos logrado resultados muy positivos. La Fiscalía se organizó a través de una mirada interdisciplinaria con equipos integrados por abogados especialistas en delitos telemáticos, en redes abiertas, en sistemas de información y en telecomunicaciones", destacó Saltor sobre la decisión asumida por el jefe de los fiscales.
La complejidad de este tipo de delitos ha llevado a una cooperación estrecha con diversas entidades, tanto locales como internacionales. Saltor explicó el enfoque adoptado para rastrear las amenazas, utilizando recursos especializados y colaboración internacional.
“En el caso local, nos contactamos con el ENACOM y las empresas prestatarias de telefonía cuando las amenazas provenían de llamadas (a través de números fijos y móviles). De esta manera, solicitamos (mediante oficios) la sábana de llamadas y a partir del número pudimos localizar al prestador y llegar directamente al titular de la línea para dar con su domicilio. Con Google hemos trabajado cuando las amenazas provenían de un correo electrónico, por WhatsApp o similares, y en ese sentido fue excelente la colaboración. Hemos articulado con la Embajada de Estados Unidos para que nos faciliten esos canales y con Interpol cuando teníamos que llegar a algún país (donde el secreto de la información era más fuerte)”, detalló.
Esta colaboración internacional se vuelve fundamental, especialmente cuando se trata de amenazas que tienen origen fuera de las fronteras locales. La vinculación con la Embajada de Estados Unidos y la INTERPOL ha permitido establecer canales efectivos para acceder a información crucial que, de otra manera, podría ser inaccesible debido a las barreras jurisdiccionales.
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El proceso de individualización de los responsables de estas amenazas ha resultado ser un desafío significativo para la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad. Sin embargo, Saltor subrayó que la especialización y los recursos humanos dedicados a este fin han sido clave para determinar con precisión a los responsables de estos delitos. Esto ha incluido el acceso a dispositivos utilizados, tanto a nivel de software como de hardware.
El fiscal Saltor resaltó la importancia de contar con evidencias sólidas durante las audiencias de formalización de cargos. Estas pruebas detalladas son fundamentales para proceder a un eventual juicio oral o abreviado. La seriedad de estos delitos, según el fiscal, no debe subestimarse, ya que van más allá de la movilización de recursos estatales. También entra en juego el impacto psicológico, especialmente en entornos como las escuelas primarias, donde los menores experimentan estas amenazas como un peligro real para sus vidas.
“Esto no es un juego ni un chiste, es algo muy delicado no sólo por todos los recursos del Estado que se movilizan detrás de una amenaza, sino que hay pensar en las consecuencias psicológicas. Por ejemplo, en una escuela primaria los menores lo viven como un peligro real para sus vidas. La amenaza de bomba encuadra en el tipo penal de la intimidación pública, artículo 211, y tiene una pena en abstracto que va de los dos años de mínimo hasta los seis años de máximo. Es decir que con los agravantes muy probablemente terminen con una prisión de cumplimiento efectivo”, concluyó Saltor.
