Un fiscal federal aseguró que la UNT no intentó recuperar los fondos de la Ciudad Universitaria robada a los tucumanos

El pasado viernes el Fiscal Federal General Antonio Gustavo Gómez presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán una reiteración de pedido de pronto despacho y que se tenga presente la Reserva de Queja por Retardo de Justicia en la causa que investiga el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier y que compromete a los exrectores Rodolfo Martín Campero, el fallecido Mario Alberto Marigliano y Juan Alberto Cerisola, como a ex y actuales funcionarios del Saabismo que desde hace 40 años conduce los destinos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Con esta prsentación, este miércoles el funcionario judicial explicó en una entrevista con FM latucumana 95.9,  dio su hipótesis de lo que ocurrió con los fondos que debían ser utilizados, por mandato de ley, para la construcción del campus universitario en San Javier. “Es una mezcla muy importante de delitos dolosos, intencionales causadas por las autoridades máximas de la UNT. Insisto, las venimos denunciando y se vienen cerrando muchas de las causas vinculadas al dinero, que la gran mayoría provienen de YMAD”, dijo ante la consultas de Oscar Mazza y Gabriel Sanzano, conductores de La Tucumana de Mañana. 

“Cuando hay muchos millones de dólares la tentaciones son de las más variadas. Pero hay también una falta de interés importante de las autoridades de la universidad, incluso me criticaron duramente cuando le pedí que participaran en las causas como querellantes, porque ser querellante de una causa penal demuestra que están preocupados por los delitos que se están cometiendo en el ámbito universitario, que quieren recuperar esos fondos. Si no es querellante difícilmente pueda recuperar algún peso”, agregó Goméz, señalando a los rectores y rectoras que pudieron reclamar lo que pertenecía a la Casa de Altos Estudios. 

A ese desinterés por parte de la cúpula universitaria, hoy encabezada por el histórico secretario General José Hugo Saab, el rector Sergio Pagani y la vicerrectora Mercedes Leal, Goméz habló de negligencias a la hora de proteger el patrimonio y puso de ejemplo las usurpaciones del Parque Sierras San Javier que pertenece a la UNT. “En estos casos las querellas prácticamente no existen, salvo en un expediente que se está investigando la desobediencia del dueño de un barrio cerrado que no quiso entregar unas máquinas que ordenó la cámara, pero no se investigan las usurpaciones que es la causa central para recuperar estas tierras”, ejemplificó. 

Y añadió: “Nosotros juzgamos a las personas físicas, la indemnización de esos hechos ilícitos depende de las autoridades universitarias en su rol de querellantes, que al menos deberían proponer cuál es el monto para poder iniciar ese proceso de reconstrucción. Esta es una facultad de la universidad y no vi hasta ahora una pericia impulsada por la UNT para saber el costo que le significó a la universidad esta maniobra”, acusó sobre el inexistente  trabajo de Rodolfo Tercero Burgos, abogado querellante de la UNT en la causa.

En ese sentido, sobre la posible existencia de una asociación ilícita en la Casa de Altos Estudios dijo: “En el campo de los imputados por las causas de la universidad, creo que la hay, porque de alguna manera no se puede estafar a la universidad en varios millones de dólares sin una actividad concurrente de varias autoridades, que al mismo tiempo cometen una diversidad de delitos. Es uno de los requisitos del código penal para hablar de asociaciones ilícitas”, puntualizó pero aclaró que esto “es muy difícil de probar". 

Por último, sobre el pedido de recusación iniciado por el fiscal Carlos Brito, se debe a las diferentes lecturas jurídicas en la investigación. “Son discrepancias que tengo con Brito y difieren sobre todo en la interpretación jurídica de las partes. Pedí detenciones, ampliar la causa contra otros funcionarios y el doctor Brito entendió que no es así y esa es nuestra mayor discrepancia”, explicó.

La investigación de Brito ─que comenzó en 2013─ sólo está orientada al desmanejo de unos $353 millones (unos U$S 85,5 millones de acuerdo a los valores de 2010), encubriendo el delito principal que diera origen al dinero que ingresó a la UNT y fuera manejado como dinero privado" (SIC) por Cerisola merced al dictamen delictual del aún director Asuntos Jurídicos de la UNT Augusto González Navarro. 

Regresando al no avance en las causas donde la universidad se encuentra habilitada, Goméz indicó que “se tratan de autoridades reconocidas que pertenecen a instituciones únicas como es la UNT ,donde la ciudadanía que tiene el control del sistema de administración de justicia, no lo ejerce y lamentablemente se reduce a pocos espacios de prensa que fueron tan claros y puntuales. Los factores son muchos y en toda mi carrera he lidiado con ellos”. 

“No es lo que corresponde a un sistema de administración de justicia, que entiendo se la paga muy bien para hacer este trabajo. Las causas que el periodismo señala, especialmente en los medios masivos de prensa, que también tienen sus intereses, son las que más preocupa al poder judicial porque es la que nos deja muy mal ante la mirada del ciudadano”.. 

Y cerró con una autocrítica: “Me hago cargo también de mi fracaso de impulsar las causas como me gustaría que fueses. Celebro que se trate de poner en conocimiento público lo que pasa, que es uno de los hechos fundamentales para que hoy se espere un juicio”.