Caso Marita Verón: fueron procesados los sindicalistas acusados de encubrimiento
Según la resolución dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, Norberto Manzano, y su par de la delegación Tucumán, Carlos Alberto Rojas, habrían ocultado una carpeta con fotos y documentos que demostrarían la muerte de la joven.
En un reciente giro de los acontecimientos relacionados con la desaparición de Marita Verón en 2002, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán ha procesado a dos prominentes dirigentes sindicales acusados de posiblemente encubrir detalles esenciales del caso. Una decisión que llega dos semanas después de anuciarse la imputación de los acusados, a fines de agosto.
De esta forma, el juez subrogante José Manuel Díaz Vélez decretó el procesamiento con prisión preventiva para Norberto Manzano, Secretario General de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE), y Carlos Alberto Rojas, representante de la misma asociación en la delegación Tucumán. Ambos están bajo el escrutinio por presuntamente ocultar una carpeta con documentos y fotografías que indicarían la muerte de Marita Verón.
Este proceso se originó a partir de una denuncia presentada ante la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas. La Fundación María de los Ángeles por la Lucha contra la Trata de Personas, a través de su Departamento Jurídico, informó sobre una reunión realizada el 20 de marzo de este año en el Hotel Bicentenario de San Miguel de Tucumán. Durante este encuentro, Manzano habría confesado tener en su posesión una carpeta con imágenes de Marita Verón, quien habría fallecido en la sede del sindicato Luz y Fuerza y posteriormente habría sido trasladada al sanatorio Luz Médica.
Una persona, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció este hecho y reveló detalles de la mencionada reunión, incluyendo un diálogo que un afiliado sostuvo con Manzano. En esa interacción, se habló sobre conflictos previos entre las autoridades del sindicato y el gremio. Manzano sugirió que esos conflictos habían cesado después de que le comunicara a Julio Luna, el anterior Secretario General, que poseía evidencia comprometedora.
El Ministerio Público Fiscal, actuando sobre esta denuncia, citó a la persona que la presentó para confirmar la información. Cinco otros testigos también fueron llamados a prestar declaración. Derivado de esta investigación, se sugirió que Carlos Alberto Rojas podría haber entregado la mencionada carpeta a Manzano, quien aún la conservaría. Se llevaron a cabo una serie de allanamientos en las residencias de los acusados y en la sede central de APJAE en Capital Federal, resultando en el secuestro de documentos y dispositivos tecnológicos que aún están siendo peritados.
El Ministerio Público Fiscal ha planteado que Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas, al ser líderes del sindicato APJAE, tuvieron acceso a una carpeta que ofrecía detalles sobre el paradero de Marita Verón. Esta carpeta, que podría haber sido entregada a Manzano por Rojas, contenía información esencial sobre la desaparición de Marita. Según la investigación, los acusados habrían mantenido esta información oculta, beneficiando potencialmente a los autores del crimen y obstaculizando el trabajo de la justicia.
Los testimonios presentados en el caso indican que los acusados conocían la información contenida en la carpeta y la utilizaron en sus desacuerdos con Julio Luna. Las conversaciones telefónicas interceptadas entre los acusados respaldan esta afirmación.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostiene que se ha probado que los acusados accedieron a la carpeta con detalles sobre Marita Verón, vinculando a Julio Ernesto Luna con el ocultamiento del cuerpo. Según las evidencias presentadas, los sindicalistas habrían actuado de manera obstruccionista, complicando el trabajo judicial.
La desaparición de Marita Verón, en el contexto del tráfico de personas y la participación de Julio Ernesto Luna en la ocultación de su cuerpo, representa el acto delictivo anterior. La posterior conducta de encubrimiento queda establecida, dado que Rojas y Manzano poseían información sobre el destino de Verón y no la llevaron ante la justicia.
El juez Díaz Vélez, al dictar los procesamientos, rechazó los argumentos de las defensas de los acusados. Enfatizó la importancia de abordar este caso como una nueva hipótesis sobre la desaparición de Marita Verón. Finalmente, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de Manzano y Rojas, estableciendo un embargo de cinco millones de pesos para cada uno, al considerarlos autores penalmente responsables del delito de encubrimiento agravado en relación con el delito de tráfico de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de Marita Verón.
