Juicio por la sedición policial de 2013: "Estaban armados, alcoholizados y muy violentos"

Casi 10 años después, la Justicia llegó a la instancia del juicio contra los policías acusados de sedición en diciembre de 2013, en las recordadas jornadas en las que el acuartelamiento policial dejó a Tucumán a merced de bandas que saqueaban lo que encontraban a su paso y que generó que en numerosos barrios de la provincia haya ciudadanos armados formando barricadas como "método de defensa". Enfrentamientos a tiros entre tucumanos dejaron varios muertos, cuyo registro no está del todo claro.

Uno de los primeros datos revelados con el inicio del juicio en la jornada del martes es que más de la mitad de los acusados sigue cumpliendo funciones en la Policía. Franco Acuña, Omar Albarracín (Distrito Urbano), Walter Angelis (Legislatura), Daniel Medina, Mario Galarzo, Eduardo Rodríguez, Jorge González (Patrulla Motorizada), Augusto Naranjo (Policía Lacustre), Gabriel Albornoz, José Molina, Adrián Ruiz (Delitos Rurales), Cristian Zóttola (Comisaría 7°), Omar Contreras (Policía Vial), Marcelo Alderete (Comisaría de León Rougés), Víctor de Colantonio (Brigada de Las Talitas), Diego Galván (Comisaría 10°), Marcelo López (Comisaría 13°), Orlando López, Ángel Romano (Secretaría General), Ismael Gómez (Unidad Regional Este) y Franco Jerez (Brigada de Lomas de Tafí) son los 21 procesados que siguen en funciones plenas dentro del cuerpo policial. Richard Nadal (Comisaría Aguilares) y Carlos Reyna (sin destino) figuran como "pasivos por proceso", pero forman parte aún de la institución.

Jorge Racedo, exjefe de la Policía durante aquellas jornadas, renunció a su cargo y se retiró luego del conflicto. A lo largo de los años se fueron retirando otros: Flavia Bedmar, Sergio Hogas, Diego Herrera, Eugenio Mamaní, Juan Luis Albarracín, Luis Orlando Vega, Julio Lescano, Víctor Ruesgas, Federico Castro, Héctor Jaime, Walter García, Diego Urquiza y Ariel Herrrera se fueron de la fuerza con posterioridad a diciembre de 2013. Antes de eso ya se habían retirado los otros acusados: Néstor Salinas, Luis Herrera, Lucio Medina, Daniel Narváez y Pablo Pérez. Cuatro involucrados ya fallecieron: Julio Acosta, Ángel Chaile, Mario Hernández y Miguel Ángel Toledo.

Los imputados cuentan con un aval legal: mientras no sean encontrados culpables en un juicio, no pueden ser expulsados de la Policía. La demora de una década para el avance de la causa jugó a su favor.

El primero en declarar en la causa fue el exjefe Racedo. Con un relato pormenorizado, contó que el por entonces gobernador José Alperovich estuvo al tanto de la situación desde el minuto cero. Según relató, el sábado 8 de diciembre de 2013 le informó al exsenador (que estaba en el Monumental viendo el partido que Atlético Tucumán le ganó a Sportivo Belgrano por la B Nacional) que había un grupo de policías y hasta dio los nombres de los instigadores. El gobernador lo derivó con el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer. El exjefe implicó a varios funcionarios en la negligencia que derivó en el caos que vivió la provincia. Aparte del gobernador y de Gassenbauer, el exsecretario de Seguridad, Paul Hofer, y el ex fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, participaron de instancias que podrían haber evitado el desastre. Este último le aseguró a Racedo que se encargaría de convocar a fuerzas federales, que llegaron con un retraso de muchas horas, cuando los saqueos ya habían sido consumados.

Hay datos fuertes en la historia que cuenta Racedo. Por un lado, cuenta que los "revoltosos" Diego Herrera, Sergio Hogas y Ángel Toledo (comisario en aquel momento, hoy fallecido) pedían ser reincorporados luego de ser cesanteados por la huelga de 2011 y mantenían un reclamo de impunidad judicial. Esto último se desprende de que, según el periodista Gustavo Rodríguez en La Gaceta de este miércoles, pedían "que se resuelvan favorablemente todas las causas penales que había en la Justicia contra el personal". Curioso pedido al Poder Ejecutivo, que no tiene (o no debe tener) injerencia en el Poder Judicial.

La extorsión policial se torna increíble cuando Racedo cuenta que eran alrededor de 200 los sublevados y que había "patotas de entre 15 y 20 policías de civil" que "recorrían las calles buscando los móviles del 911 para sacarlos de servicio". Estos policías sublevados, que habían tomado la Subjefatura, estaban armados y borrachos, según su declaración. Es llamativo que 200 policías borrachos hayan logrado generar semejante situación cuando en la fuerza eran 5.000 agentes activos. Los 4.800 restantes gozaron del aumento salarial posterior conseguido por los "rebeldes". El propio Racedo declaró que hubo quienes "hicieron la planchita para sacar provecho" mientras él era corrido a las pedradas cuando intentó negociar.

A pesar de que los funcionarios a cargo estuvieron al tanto de la situación desde un principio, como relata Racedo, ningún responsable político será juzgado en este proceso. Alperovich sí enfrentará a la Justicia pero por otra causa, en la que se lo acusa de abuso sexual hacia su sobrina. Los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica deberán dictaminar qué responsabilidad le cabe a cada uno de los 43 señalados de haber sumido a Tucumán en una ola de saqueos y violencia que se cobró varios muertos en apenas 72 horas. 

Movilización a Plaza Independencia en plena ola de saqueos.
 

Las concesionarias de Alperovich fueron vaciadas en la previa a los saqueos.