Escandalosa dilación en la causa que investiga el robo de la Ciudad Universitaria
Con la causa paralizada hace cuatro años, el juez Jiménez Montilla hizo lugar al pedido de prórroga requerido por el perito oficial Ing. Francisco Pedro Guzmán.
Carlos Jiménez Montilla. (Foto tomada de Twitter @josecitors)
Tras más de cuatro años, la Justicia Federal reactivó la causa que investiga el (des) manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) en la Universidad Nacional de Tucumán y el robo de la Ciudad Universitaria de San Javier. Sin embargo, el juez Carlos Jiménez Montilla hizo lugar a una escandalosa dilación al aceptar el pedido de prórroga requerido por el perito oficial Ing. Francisco Pedro Guzmán.
Guzmán es ingeniero civil del Cuerpo de Peritos de la Oficina Anticorrupción del Poder Judicial de la Nación. Jiménez Montilla hizo lugar a una nueva dilación en la causa donde el exRector Juan Alberto Cerisola y otros exfuncionarios están imputados por administración contra la administración pública, defraudación por administración y abuso de autoridad que comenzó a partir de la denuncia de Ramón Eudal.
El juez extendió el plazo para la presentación del informe pericial de Guzmán para el 12 de junio -dentro de 49 días y después de las elecciones provinciales en Tucumán-. "El informe pericial oportunamente encomendado es imprescindible a los fines de fijar fecha para la realización de la audiencia de debate oral y pública", subrayó el camarista, que lo considera "imprescindible" pero avaló una nueva demora de casi 50 días en la causa.
En septiembre de 2019, el diario La Gaceta -por entonces mucho más interesado en el proceso judicial- advirtió que dos peritajes, uno contable y otro de ingeniería civil "frenan el juicio oral". Por esos días también frenaba el avance de la causa la no designación de un querellante de parte de la UNT, luego de que Diego Lammoglia dejó la querella al asumir como camarista penal en la Justicia tucumana. Su reemplazante fue el triple agente Rodolfo Tercero Burgos, a propuesta del por entonces y todavía Director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, amigo personal de Burgos y su aliado político en la Facultad de Derecho de la UNT -tal como lo admitió el supuesto querellante (más bien encubridor) contratado de forma directa por el Rectorado Saabista-. Su nula actuación es hoy objeto de cuestionamientos al rector Sergio Pagani, al punto de pedirle que sea sustituido.
Semanas atrás, fiscal federal general Gustavo Gómez -subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Camuñas- reactivó la causa por el robo de la Ciudad Universitaria al solicitar la detención de los procesados Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT.
Gómez se presentó ante el TOF para denunciar "una mora en la sustanciación de la presente causa, por lo que vengo a solicitar se instrumenten los medios pertinentes a fin de acelerar su tramitación" y en primer lugar "dado el estado de las actuaciones y en atención a las consideraciones que se desarrollaran infra, solicito se ordene la detención y prisión preventiva de Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino".
Luego, el fiscal federal general subrayó que "el análisis de las constancias de autos, indican que el legajo se radicó por ante este Tribunal en fecha 24/01/2019" y que su fiscalía ofreció pruebas el 19/03/2019, mientras que "las defensas técnicas de los acusados incoaron nulidades, recursos de reposición, pedidos de remisión de documentación a la instancia de instrucción y producción de prueba complementaria".
"Han transcurrido 4 años y tres meses aproximadamente, sin que se hayan concretado las audiencias de ley y el dictado de la sentencia absolutoria y/o condenatoria de los acusados", arremetió, y recalcó que el Ministerio Público Fiscal no debe "consentir actos defensivos que deliberadamente buscan la paralización del trámite procesal" ya que "a la fecha es imposible dar inicio al debate oral y público para determinar la responsabilidad penal de los ex funcionarios/as y funcionarios/as de la Universidad Nacional de Tucumán por el manejo de los dineros provenientes de la explotación minera Yacimientos de Aguas de Dionisio".
En ese marco, le pidió al Tribunal que instrumente las medidas necesarias para "imprimir celeridad al legajo" y disponer en una fecha inmediata la realización de las audiencias de juicio.
En una entrevista exclusiva con eltucumano, el fiscal Gómez subrayó que el futuro de la causa "es una incógnita", y remarcó: "Tucumán perdió la posibilidad de tener una Universidad ejemplar en cuanto a lo edilicio. Vuelvo a repetir, no soy una persona vinculada a la universidad, no soy profesor". "Me parece que estos delitos que se han cometido, en el marco de las autoridades, provocan un prejuicio muy grande a la Universidad", insistió.
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