La causa YMAD por el robo de la Ciudad Universitaria de la UNT está paralizada hace cuatro años

“No doy clases en la Universidad Nacional de Tucumán y supongo que esto me da mucha más libertad para actuar en estos casos”. 

Estas palabras pertenecen al Fiscal Federal General Gustavo Gómez y explican una de las principales razones de porqué la causa por el robo de la Ciudad Universitaria y por el (des) manejo de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que ingresaban a las arcas de la Casa de Altos Estudios, se mantiene paralizada hace cuatro años, con los implicados en el expediente en libertad - alguno de ellos aún en funciones en la UNT- a pesar de los pedidos de detención con el fin de que la investigación y la causa no sean entorpecidas. 

La causa está caratulada "Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa" expediente 400360/2010 y no registra avances de ningún tipo desde 2019.

Gómez recibió en su despacho de los tribunales federales de Tucumán a eltucumano.com y relató cómo la querella, a cargo del triple agente universitario Rodolfo Tercero Burgos, demostró no tener interés en defender  a la UNT, ni en recuperar los fondos que se perdieron, algo que se podría haber reclamado incluso antes de un juicio oral que aún no tiene fecha. 

“Esta causa está afectando a una universidad, como la Universidad Nacional de Tucumán, que si bien se ha presentado como querellante en la causa penal, no hay ningún acto en donde los que representan a la universidad hayan intentado recuperar los fondos. ¿Por qué? Porque cuando se dicta una sentencia en el TOF (Tribunal Oral Federal) y usted es querellante, puede anticiparse al juicio oral y público, plantear la cantidad de dinero que justamente fue en perjuicio de la universidad y pedir que se le indemnice al final de la sentencia. Este balance contable, este posible pedido de reparación económica no está hecho”, afirmó el Fiscal.

Burgos fue contratado en 2019 por el entonces rector José García y el histórico secretario general del Rectorado, José Hugo Saab, en principio por el plazo de un año "con la retribución que establezca el acuerdo de locación de servicios correspondiente", tras la renuncia de Diego Lammoglia. A comienzos de febrero de 2023, la UNT volvió a contratarlo como letrado defensor de los intereses universitarios. Esta decisión fue la primera resolución “publicada” por el Rector Sergio Pagani en el portal de Datos Abiertos de la Universidad en 2023, pero que hasta el cierre de esta nota permanecía oculta ya que al intentar descargar el documento, el archivo arroja el error "404 Page Not Found".

El contrato y la actividad de Burgos como el súper abogado de la UNT son secretos de Estado por disposición del director de asuntos jurídicos de la UNT. En efecto, para González Navarro ─quien posibilitó la defraudación a la UNT con fondos de YMAD a través de dictámenes delictivos─ el millonario contrato con el letrado y la rendición de cuentas por su (in)actividad como el supradefensor de los intereses de la Universidad Pública de Tucumán se encuentra enmarcada en el artículo 8 de la ley de Información Pública.

Este no es el único rol que Burgos cumple dentro de la Casa de altos Estudios, ya que también es director de Canal 10 de Tucumán -situación que hoy se encuentra judicializada- y docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho. A pesar de su triple vínculo con la UNT, esto no le impidió que se sumara a la defensa de la exRectora, Alicia Bardón, que es investigada por no rendir cuentas de $17.000.000 que el Ministerio de Educación de la Nación le envió a la Casa de Altos Estudios durante su gestión.

Además, el funcionario universitario se encuentra imputado y a la espera de una fecha de juicio, tras ser denunciado por su expareja, Daniela Moris, por abuso sexual en contra de su hija menor. 

“La verdad es que no conozco una actividad importante de la querella”, respondió Gómez ante la consulta por el accionar de Burgos en la causa. “La actividad del querellante tiene que ser incluso mucho más efectiva que la del fiscal. Se supone que el querellante tiene que tener un interés mayor. Nosotros defendemos el interés público, pero el querellante defiende el interés particular. En ese marco, tengo que pelear por la recuperación de los fondos”, explicó el Fiscal.

Y agregó: “Pareciera ser que debería ser importante ese reclamo, o también participar de las declaraciones indagatorias, por ejemplo. Tenemos otras causas penales contra otros rectores de la universidad y no hay querella. No se han presentado como querellantes”.

Gómez cree que los fondos, destinados para finalizar la Ciudad Universitaria, pueden ser recuperados, no sin antes realizar una pericia económica que establezca cuáles son los costos actuales. “Sería muy bueno que la UNT a través de la facultad de Ingeniería o de Arquitectura, elabore una pericia que establezca cuales son los montos necesarios para esto. Si yo no tengo una prueba de estas características, no voy a poder reclamar ese dinero. Las cifras de las que estamos evaluando son cifras que ni siquiera tienen una actualización mínima”, señaló el funcionario judicial.

“Es imprescindible contar con una pericia. Me llama la atención que desde la querella de la Universidad no se haya planteado una pericia o no se haya acompañado. No necesito que esa pericia se haga en el expediente porque podría demorar más el juicio. Lo único que tengo que hacer es como querellante, hablar con las universidades, pedir que se haga la pericia y que se presente. Nosotros le llamamos prueba informativa. Esto sería crucial y fundamental para terminar la ciudad universitaria”, reiteró.

-  Cuál es la situación de Gonzalez Navarro y José Hugo Saab, actuales funcionarios de la UNT

- Pido sus indagatorias porque de acuerdo a lo que surge del expediente, ellos juegan un rol clave en donde aparentemente el único imputado es Cerisola, en la toma de esa decisión muchos años atrás. 

Me parece que se le debe imputar este delito y se le debe dar el derecho a defensa en estas cuestiones. Ninguno de los dos se presentó en el expediente rechazando mis argumentos o planteos. Tampoco se los citó a indagatoria, así que tampoco podemos saber exactamente cuál ha sido el rol.

- ¿Cree que existe un pacto de silencio dentro de la UNT en torno a esta causa?

- Sostengo que las libertades concedía a los procesamientos, concedía a todos los que están en este expediente, a los que están en este TOF y la Cámara Federal, la posibilidad de incidir dentro de la propia universidad, porque algunos son funcionarios públicos. Es la que está entorpeciendo la investigación y que está demorando el trámite de esta causa. 

No puede ser que por ejemplo, una causa que llega al Tribunal Federal en junio no se hayan llamado actos para resolver. No puede ser que una causa penal que llega en 2019, todavía no se haya llamado a una audiencia oral y pública en el Tribunal Oral Federal. Yo lo adjudico a ese rol que pueden llegar a tener estas personas acusadas e imputadas.

Sobre el tema del pacto de silencio, a veces cuando se ordenan detenciones y se pone en prisión a las personas, por experiencia en otros expedientes, ocurren dos cosas: primero que las causas se aceleran, porque cuando hay presos deben investigarse con mayor celeridad. Estas demoras no pueden ser posibles. Aparte de eso, es que entre los presos y los que quedan en libertad, es como que se rompe un supuesto pacto de silencio que pueda existir, pero no lo puedo decir con certeza porque hago una evaluación con respecto a otras experiencias. 

- Por todos los años que pasaron desde el inicio de la causa, ¿puede llegar a prescribir, a caerse? 

- Caerse en realidad no. La Cámara Federal planteó la prescripción de la acción, y fue rechazada. 

- ¿Cómo ve el futuro de esta causa? 

- La verdad que es una incógnita para mí. Estas causas que demoran tanto tiempo, no son ni la primera ni la última que padecemos. Se está haciendo un juicio oral y público, por ejemplo, sin gente que esté interesada pero por un delito de contaminación de un ingenio. No hay gente que vaya y son audiencias públicas donde se interroga incluso al secretario de medio ambiente de la provincia. Es un expediente que comenzó en el 2007, mire la cantidad de años que tardó en llegar a un debate oral y público. 

Con ese antecedente no tengo demasiadas esperanzas de que esto se acelere, a pesar de la investigación de ustedes (por eltucumano.com) o de mis presentaciones. Pero eso no quita que voy a seguir insistiendo para que esto en definitiva tenga una resolución. 

Insisto, lo que persigo es el interés público, que sea accesible a la gente, que pueda entenderlo de una manera que los abogados no somos muy hábiles para expresarnos. No me importa si es un fallo de condena o absolución. Bregamos por una condena, pero si absuelven vamos a tener los remedios procesales. Si en definitiva esto llega a una absolución de todas las personas imputadas, que incluso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aceptaremos el fallo como corresponde. No estamos con un interés personal. 

- Dejando de lado su rol de fiscal, cuáles son los beneficios que la provincia hubiese tenido de contar con una Ciudad Universitaria

- Tucumán perdió la posibilidad de tener una universidad ejemplar en cuanto a lo edilicio. Vuelvo a repetir, no soy una persona vinculada a la universidad, no soy profesor. 

He sido profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia (UNP), tengo más de 30 años de Fiscal Federal y si conozco la UNP, y conozco los esfuerzos que han tenido en la década del 90 para subsistir, para contar con la facultad de Derecho, que de contar con los recursos que tiene esta UNT, no tendrían los padecimientos que sé que tienen. 

Me parece que estos delitos que se han cometido, en el marco de las autoridades, provocan un prejuicio muy grande a la universidad. Lo curioso en este sentido es que uno siempre piensa en los profesores y en los gremios y ninguno de ellos se presentaron como querellantes porque también ellos resultaron perjudicados. 

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