Cruces entre el presidente y la oposición del Colegio de Abogados de Tucumán

El Colegio de Abogados atraviesa un momento de profunda tensión institucional. Por un lado, el balance económico del Colegio de Abogados de Tucumán, publicado en los últimos días, arrojó un déficit de casi 47 millones de pesos. Correspondiente al año 2022, el estudio fue realizado por auditores externos a la institución y generó preocupación en ciertos sectores de la asociación de profesionales. Por otra parte, la oposición, que consiguió la mayoría en el consejo directivo en las elecciones intermedias de noviembre pasado, señaló situaciones anómalas en el manejo institucional por parte de la gestión.

En noviembre pasado se renovó parcialmente la conducción del Colegio y en esas elecciones la oposición colocó ocho representantes en el consejo directivo, dejando en minoría al actual presidente, Rodolfo Oscar Gilli. El vicepresidente y principal representante de la oposición, Martín Lucio Terán, indicó que desde ese momento en que el oficialismo quedó en minoría dentro del cuerpo colegiado "no se ha paralizado el funcionamiento de la institución, aunque sí hubo temas álgidos".

El principal foco de conflicto desde diciembre a esta parte ha sido por la designación de los representantes del Colegio de Abogados en la Caja Previsional de Abogados y Procuradores. El consejo directivo de la asociación debe designar a dos representantes para que formen parte del directorio de la Caja Previsional. Terán narra que "el pasado 7 de diciembre se hicieron dos designaciones que estaban fuera de lugar: uno de los postulados para ser parte del directorio era Pablo Cifre, que en ese momento todavía era consejero directivo; el segundo era Carlos Ortega, propuesto para ocupar el cargo de Raúl Paz, cuyo mandato no había caducado". El directorio de la Caja Previsional rechazó esta propuesta meidante sendas resoluciones.

Ya en marzo de 2023, el consejo directivo, con su nueva composición, resolvió designar a Carlos Casal y Julieta Tejerizo para esos lugares. En la moción, hecha por el vocal Gustavo Usandivaras, también se instaba al presidente Gilli a hacer las designaciones en el plazo de 24 horas y, como tercer punto, autorizar al vicepresidente a hacerlo si el presidente no lo hacía. Esto último generó otro conflicto más, según comentó Terán: "Las actas de esa sesión, en la que la moción ganó por 9 votos a favor y 5 en contra, fueron corregidas antes de ser aprobadas, como es usual, ya que en la transcripción faltaba el último punto; el presidente se agarró de eso para intentar sancionarme a mí y a otros seis consejeros, todos de la oposición, argumentando que habíamos adulterado las actas". Terán aclaró que Gilli no tiene facultades para sancionar y que, en todo caso, lo puede hacer ad referéndum, es decir, con la aprobación posterior del propio consejo directivo.

En un video publicado en la fanpage del Colegio, Gilli asegura que "el vicepresidente adulteró el acta, se concedió a sí mismo un derecho para firmar en lugar del presidente, a fin de posibilitar que la Caja de Abogados tenga dos delegados afines y no los que el consejo, previo a la integración de ellos, había designado". El presidente denunció que esta situación "esconde un golpe institucional de los nuevos integrantes del consejo, que pretendieron arrojarse facultades que la ley no les concede".

A pesar de estas situaciones anómalas, tanto Casal como Tejerizo ya fueron designados en la Caja Previsional y se encuentran en funciones. Terán agregó que "Gilli hizo una denuncia penal por la supuesta adulteración, pero ya fue rechazada por la Justicia, de inmediato". Esta situación preocupa a los sectores de la oposición, ya que "cada miércoles, cuando vamos a sesionar, el presidente monta un escándalo y no lo podemos hacer". Ante esto, ya presentaron un recurso de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativo, tomando como base la jurisprudencia de situaciones similares con consejeros anteriores. "Después de un par de días, la Cámara se declaró incompetente y el amparo fue enviao al fuero civil y comercial".

En cuanto al presupuesto y el millonario déficit, Terán decidió mostrarse cauto: "No soy especialista en el tema y no quisiera arriesgarme a opinar sin tener los conocimientos técnicos, a pesar de que uno ve con cierta preocupación esos números". En ese sentido, indicó que "tomamos algunas decisiones que han significado un giro en el manejo de las finanzas del Colegio, para cumplir con nuestra promesa de austeridad, por ejemplo rescindir un contrato de 450 mil pesos mensuales en un inmueble del pasaje 2 de Abril, sin restringir los servicios que ahí se daban, que fueron trasladados a la sede Congreso 450". Esto, afirmó, redundará en "un ahorro de alrededor de 7 millones de pesos en este 2023".