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Burgos, el múltiple agente de la UNT y su oscuro rol en la Justicia Federal

LA UNIVERSIDAD DEL ESCÁNDALO

El docente de la UNT y directivo del Canal 10 de la Universidad fue nuevamente contratado por el rector Sergio Pagani bajo un estricto secretismo. La Justicia Federal ha constatado la nula actividad de Burgos en la pesquisa de los autores del latrocinio de las regalías mineras de YMAD, cometidas bajo el disfraz legal de un dictamen de área jurídica conocido como 'Doctrina Hochi', oportunamente publicado por eltucumano.





Son muchos los misterios en torno al escándalo por la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, cuyos vestigios de cemento reposan en el cerro San Javier mientras la causa duerme en los Tribunales Orales Federales de Tucumán. Uno de ellos tiene que ver con el desempeño del abogado Rodolfo Tercero Burgos que contrató la UNT para encabezar la querella por las irregularidades en el manejo de utilidades mineras que la Justicia Federal lleva adelante contra el exrector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios coimputados Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. En la Justicia Federal no hay constancia de la actuación útil de la querella a cargo de Burgos, docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y presidente del directorio de Canal 10 (cargo del que fue recientemente desplazado).

"La UNT reactiva su querella en el caso contra Cerisola", anunció pomposamente el diario La Gaceta el 23 de septiembre de 2019, luego de que el exrector José García y el histórico secretario general José Hugo Saab -amigo personal de Burgos- firmaran el contrato del también directivo de Canal 10 de la UNT, lobbista del centenario diario y docente de la facultad de Derecho.  Así, el principal diario de Tucumán subrayaba que el acuerdo "estipula que Burgos deberá representar los intereses de la institución educativa en la causa penal", tras la renuncia del abogado Diego Lammoglia, quien dejó la “querella” que ejercía para desempeñarse como vocal de Sala IV de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán.

Ya en 2019, La Gaceta advertía que "con viento a favor, el juicio oral comenzaría el primer semestre de 2020", pero todavía se aguarda que el fiscal Pablo Camuñas resuelva el pedido de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Brito con fecha del 25 de octubre de 2018. También señalaba el citado medio que "aunque la causa podía continuar sin querellante, la renuncia de Lammoglia había debilitado la posición de la institución que habría sido afectada -económica y moralmente- por los presuntos delitos atribuidos a los coimputados". Lo cierto es que en el Tribunal Oral Federal de Tucumán desconocen la actuación de la querella en defensa de la UNT dispuesta por el Consejo Superior en 2014. Dicha “querella” está encabezada aún hoy por el abogado Rodolfo Tercero Burgos, a propuesta de la por entonces rectora Alicia Bardón y del director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro.

Burgos fue contratado en principio por el plazo de un año "con la retribución que establezca el acuerdo de locación de servicios correspondiente". A pesar de que en el Tribunal Oral Federal de Tucumán no aducen registro de los avances de la querella a cargo de Burgos en la causa contra Cerisola, ello no fue un impedimento para que a comienzos de febrero de 2023 la UNT lo volviera a contratar como letrado defensor de los intereses universitarios, y que esta decisión sea la primera resolución “publicada” por el Rector Sergio Pagani en el portal de Datos Abiertos de la Universidad en 2023, pero que hasta el cierre de esta nota permanecía oculta ya que al intentar descargar el documento, el archivo arroja el error "404 Page Not Found".

El contrato y la actividad de Burgos como el súper abogado de la UNT son secretos de Estado por disposición del Director de Asuntos Jurídicos de la UNT. En efecto, para González Navarro el millonario contrato con el letrado imputado por abuso sexual y la rendición de cuentas por su (in)actividad como el defensor de los intereses de la Universidad Pública de Tucumán se encuentra enmarcada en el artículo 8 de la ley de Información Pública.

Tal criterio antirepublicano y reñido con la ley en una universidad Pública quedó firmado por Gónzalez Navarro y Pagani en ocasión de un pedido de informes ingresado el 28 de julio de 2022. Allí, el Consejero Superior Lucas Vallejos le requirió al rector Sergio Pagani mediante nota presentada en Mesa de Entrada del Rectorado que le "informe sobre las actuaciones y vicisitudes de la Querella Penal de la UNT en la causa N°33.813/2013 caratulada "Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y Eudal S/su denuncia" que se tramita por ante el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, con intervención de la Fiscalía Federal N°1 que fuera dispuesta por el Consejo Superior de la UNT en sesión de abril de 2016".

"Le solicito con carácter perentorio sírvase remitir copia de las resoluciones de designación de los abogados Diego Lammoglia y Rodolfo Tercero Burgos y las condiciones de las mismas, el acuerdo de locación de servicios con los montos honorarios fijados, las erogaciones que efectuó la UNT hasta el día de la fecha y los informes sobre las actuaciones e intervenciones de los profesionales letrados en las causas judiciales para las que fueron contratados", planteó el consejero superior al rector Pagani.

Tras repasar que para el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez "hubo una asociación ilícita", el Consejero pidió que “ante la posibilidad cierta de una mega estafa a la Universidad Nacional de Tucumán de características colosales es que le solicito tenga a bien remitir dar a ésta solicitud el carácter de urgente".

La antijurídica negativa del Rectorado lleva la firma del director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro –autor de la tristemente célebre doctrina hochi- y de Pagani.

"La información que se solicita debe ser evacuada por los letrados que tienen a su cargo la tramitación de la querella en la causa a que allí se alude, que son quienes poseen los datos precisos acerca de su actual estado procesal. Se sugiere dar intervención a los mismos, quienes deberán proceder teniendo presentes los supuestos previstos por el art. 8° de la ley 27.275", sostiene "Hochi" González Navarro aún jefe de jurídico de la Universidad Pública sostenida con el aporte de toda la sociedad.

Este nuevo “criterio” de González Navarro -refrendado por Pagani- parece indicar un torpe encubrimiento del rectorado a Rodolfo Burgos, cuya (in)actividad como abogado en favor de la UNT en la causa YMAD es a todas luces incontrastable.

Ocurre que el citado artículo 8 de la ley de Acceso a la Información Pública, en el que Gonzalez Navarro pretende amparar la dudosa legalidad de su accionar como el de su amigo Burgos (baste recordar el publico apoyo del entonces presidente de Canal 10 al candidato a decano de Derecho en el prime time de la TV universitaria), establece que la negativa a informar de la UNT se basa en que el contrato de Burgos es “Información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior”. La locura en la UNT llegó al paroxismo.

Respecto a los honorarios que percibe Burgos desde 2019, en el convenio que Pagani ratificó recientemente, González Navarro pateó al corner: "Lo referente a montos que se hayan abonado en concepto de honorarios o cualquier otro rubro es incumbencia de las áreas económico financieras de esta Casa".

Quizá para abrirle camino a las exorbitantes cifras que se especula en el contrato del rectorado con Burgos es que en abril de 2016, La Gaceta se preguntaba "¿Cuánto le saldrá a la UNT participar como querellante en la causa YMAD?", y advertía que González Navarro recomendaba "el nombre de un abogado penalista de Tucumán", pero además que la contratación “se efectúe por un término específico y por un monto de honorarios prefijables”. En ese marco, señalaba La Gaceta que "según el artículo 534 del Código Procesal Penal de la Nación, 'los honorarios de los abogados y procuradores se determinarán de conformidad a la ley de arancel. En su defecto, se tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido'”

"Fuentes judiciales explicaron que en una causa en la que se investiga el manejo de más de $ 353 millones, si sólo se regulara el 1% de honorarios, serían más $ 3,5 millones", indicaba La Gaceta, y subrayaba que los abogados porteños Pablo Ezequiel Lanusse, Fernando Díaz Cantón y Joaquín Pedro da Rocha que "recomendaban a la Universidad presentarse como querellante" le "enviaron sus pretensiones dinerarias (...) Cifras que rondaban los $ 1.500 la hora más IVA y viáticos (viajes y estadía en Tucumán)".

"Otra opción sería que los propios abogados de la UNT representen a la institución. Como pertenecen al plantel y cobran un sueldo, no significaría una erogación extra. Todo esto deberá definirse en los próximos días", explicaba el centenario diario tucumano y mencionaba a Lammoglia, quien asumió la querella antes de renunciar para dar paso a Burgos: el amigo de Saab y González Navarro que presidió Canal 10 mientras cobró un contrato secreto por presuntamente no investigar nada ni defender a la UNT, siendo más un garante de la impunidad del saqueo a las arcas Universitarias y la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria que un abogado querellante.