Caso Espinoza: solicitan condenas de prisión perpetua y penas de entre 4 y 14 años contra los acusados

El fiscal federal Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa solicitaron este jueves la imposición de condenas de prisión perpetua para cuatro policías de la provincia de Tucumán acusados del homicidio agravado de Luis Armando Espinoza y de la privación ilegítima de la libertad agravada de su hermano, Juan Antonio Espinoza. El y la representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron además penas de entre 4 y 14 años de prisión efectiva para otros cinco integrantes de la misma fuerza y para un civil, a quienes acusaron de haber participado en ambos hechos, así como en su encubrimiento posterior.

En el juicio, que inició el 24 de octubre pasado, se debate la responsabilidad de los diez acusados en los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2020 cuando se encontraba vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia del virus COVID-19. Los policías de la Comisaría de Monteagudo habían acudido a la localidad de Melcho supuestamente a dispersar una carrera “cuadrera” de caballos, cuya existencia no pudo comprobarse. De acuerdo con la fiscalía, el operativo estuvo caracterizado por irregularidades, con participación de agentes vestidos de civil, en autos particulares y armados.

En la acusación se sostuvo que los efectivos ingresaron al pueblo haciendo disparos y, luego de una serie de persecuciones, al menos cuatro de ellos efectuaron disparos letales. Una bala ingresó por la espalda de Luis Armando Espinoza y le quitó la vida. Su cuerpo apareció siete días después en la zona conocida como “Banderita”, en la provincia de Catamarca, a metros del límite con Tucumán, en un barranco adonde había sido arrojado por cuatro de los acusados. 

El fiscal Camuña calificó a los hechos como “un caso grave de violencia institucional porque en su centro hay una ejecución sumaria o arbitraria o extrajudicial realizada por policías de la provincia de Tucumán”.

El juicio tiene diez imputados, múltiples defensas y dos querellas. El Tribunal Oral Federal está integrado Enrique Liljedahll, Jorge Basbus y Carlos Jiménez Montilla. El proceso cuenta con la intervención del equipo interinstitucional de asistencia a víctimas y testigos de la Secretaría de Derechos Humanos provincial. Las audiencias son transmitidas en vivo y han participado de su cobertura miembros de la prensa de todo el país. A lo largo de veintiún audiencias repartidas en seis meses, se realizaron inspecciones oculares y se convocó a 72 testigos, doce de los cuales fueron peritos expertos. Además se incorporó un voluminoso caudal de prueba instrumental y documental.

La lista de imputados incluye a nueve integrantes de la policía de la provincia de Tucumán, entre quienes están el oficial auxiliar José Alberto Morales; los agentes Gerardo Esteban González Rojas y Carlos Lisandro Romano; la cabo primero Mirian Rosalba González y su colega José María Paz; el cabo Claudio Alfredo Zelaya; el sargento primero René Eduardo Ardiles; el subcomisario Rubén Héctor Montenegro; y el sargento Víctor Manuel Salinas. También está acusado el civil Héctor Villavicencio, quien se habría desempeñado como vigía comunal.

En su alegato, Camuña calificó a los hechos como “un caso grave de violencia institucional porque en su centro hay una ejecución sumaria o arbitraria o extrajudicial realizada por policías de la provincia de Tucumán”. En ese sentido, destacó que los integrantes de la fuerza “abusando de sus funciones y sin demostrar un atisbo de humanidad, además de matar por la espalda a Espinoza, una persona indefensa, decidieron ocultar su cuerpo sin vida a las autoridades y a sus seres queridos, generando con ello un profundo daño en su familia y su entorno comunitario, además de una enorme conmoción social”.

En la reconstrucción de los hechos, Camuña y Doz Costa detallaron que también se produjo la privación ilegítima de la libertad al hermano de la víctima, Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido llevada a cabo por los mismos policías sin fundamento alguno, violentamente, con vejaciones y en abuso de sus funciones. Por último, los acusó de llevar a cabo una serie de acciones y omisiones con el objetivo de borrar las huellas y rastros de sus delitos.

"Además de matar por la espalda a Espinoza, una persona indefensa, decidieron ocultar su cuerpo sin vida a las autoridades y a sus seres queridos, generando con ello un profundo daño en su familia y su entorno comunitario, además de una enorme conmoción social”, remarcó el fiscal.

Por eso, la fiscalía solicitó a los jueces la aplicación de “normas obligatorias a la hora de arribar a una decisión para que no se genere una situación de impunidad que pueda acarrear a corto o mediano plazo la responsabilidad internacional del Estado argentino por las acciones criminales de estos acusados que constituyen a la vez grandes violaciones a los derechos humanos”, entre los que citó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley; y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de las Naciones Unidas.

Los pedidos de penas

La fiscalía solicitó prisión perpetua para José Alberto Morales, a quien consideró autor material penalmente responsable del homicidio de Luis Armando Espinoza, agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía y como coautor material penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones y violencia. La misma pena requirió para Héctor Rubén Montenegro, Gerardo Esteban González Rojas y Claudio Alfredo Zelaya, a quienes acusó por los mismos hechos y calificaciones que a Morales, pero por sus intervenciones en grado partícipes necesarios en el homicidio.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal requirió la pena de 14 años de prisión para Mirian Rosalba González, a quien acusó como partícipe secundaria en el homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía, y como coautora material de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones y violencia.

El fiscal también pidió se imponga a los condenados proporcionalmente la reparación integral a las víctimas en una suma indemnizatoria de 20 millones de pesos y que se disponga, a través del Estado provincial la puesta a disposición de las víctimas de la debida asistencia social y de salud que contribuyan a la reparación del daño ocasionado.

En tanto, solicitó la imposición de diez años de prisión para Víctor Manuel Salinas y José María Paz, a quienes acusó como coautor material y partícipe secundaria, respectivamente, de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones y violencia, y como autores penalmente responsables de encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave y ser funcionario público en concurso real.

Para Carlos Lisandro Romano solicitó siete años de prisión y para René Eduardo Ardiles seis años de prisión como coautor y partícipe secundario, respectivamente, de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones y violencia, y como autores penalmente responsables de encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave y ser funcionario público.

Finalmente requirió que se impongan cuatro años de prisión para el civil Héctor Fabio Villavicencio, a quien acusó como partícipe necesario en la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones y violencia, y como autor penalmente responsable de encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave.

Además, Camuña solicitó se mantengan las prisiones preventivas de los imputados por el plazo de nueve meses desde el dictado de la sentencia, o hasta la confirmación de la sentencia por la Cámara Federal de Casación Penal, lo que ocurra primero. El representante del Ministerio Público Fiscal también pidió se imponga a los condenados proporcionalmente la reparación integral a las víctimas en una suma indemnizatoria de 20 millones de pesos y que se disponga, a través del Estado provincial la puesta a disposición de las víctimas de la debida asistencia social y de salud que contribuyan a la reparación del daño ocasionado. (Fiscales.gob.ar)