Massa lanzará un programa para congelar los precios por 90 días

El Ministro de Economía, Sergio Massa, está manteniendo conversaciones con distintos sectores para frenar la escalada inflacionaria. El primer paso será un programa denominado “Precios Justos”. Se trata un acuerdo para congelar precios por 90 días, con el compromiso de las empresas de salir con los precios etiquetados en el propio envase. Así se daría cierto horizonte de previsibilidad, buscando en forma paralela un freno a la escalada de los precios. La medida incluirá artículos de limpieza, electrodomésticos, medicamentos y carne. El objetivo del ministro es lograr que para junio del año próximo la inflación baje a niveles del 2,5% mensual.

“Precios justos” será el nombre del programa con el que intentan no solo desacelerar los precios en los próximos meses, sino además trabajar sobre las expectativas inflacionarias. Por tres meses, los productos tendrían una etiqueta con un precio inamovible. Entre los sectores que estarían incluidos dentro del nuevo programa se encuentran los de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, electrodomésticos, medicamentos y carne, entre los más relevantes.

Según anunció el periodista Pablo Wende en Infobae, el nuevo programa convivirá con “Precios Cuidados”, relanzado recientemente por el secretario de Comercio Interior, Matias Tombolini. El mismo fue nuevamente modificado para incluir una mayor cantidad de marcas de primera línea, pero menor cantidad de productos (alrededor de 400). El problema es que en general los precios son menores a los del resto de la góndola y por ende es donde primero se registran faltantes.

Según Wende, un esquema de etiquetado de precios en forma solitaria estaría condenado al fracaso, como siempre sucede con este tipo de congelamientos con fórceps. Al mismo tiempo, se avanzaría con medidas destinadas a ponerle freno al aumento del gasto y a reducir el déficit fiscal, cumpliendo con la meta de 2,5% del PBI para este año y una baja adicional al 1,9% en 2023. “Es un camino largo pero posible”, se entusiasman en Economía.

La baja de la inflación planteada contrasta con las expectativas del mercado. El promedio de los economistas estiman que el año próximo la inflación no bajará del 90%, sustancialmente por encima del 60% que plantea el proyecto de Presupuesto. Pero además las estimaciones de bancos internacionales, como el JPMorgan, ya advirtieron esta semana que esperan arriba de 110 por ciento.

Reducir las expectativas inflacionarias también implicaría hacer lo propio sobre las futuras paritarias. Resulta inviable pedirles a las empresas que mantengan precios por un plazo si no se hace algo parecido con la pauta salarial. Sin embargo, esta apuesta va en la línea de lo planteado por el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, quien hace tres semanas aseguró que “el margen de rentabilidad de las empresas es exagerado”, al referirse a la fuerte suba de los alimentos.

El peligro de los congelamientos de precios es que si no se acomodan otras variables que son causantes de la inflación, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Para las empresas implicaría perder rentabilidad mientras dure el programa, ya que no le pondrá un tope a la suba de salarios en los próximos meses

Según esta línea, las empresas tendrían margen para congelar precios aún sufriendo un aumento de costos. Se trata, sin embargo, de un sendero peligroso. Si no se acomodan otras variables, puede terminar todo en una mayor olla a presión que le termine explotando al propio gobierno o al próximo.

El famoso “plan de estabilización” para hacer converger la inflación a niveles de un digito, que es lo que reclama la mayoría de los analistas, por ahora deberá esperar. Ni la debilidad del propio Gobierno ni la proximidad de las elecciones presidenciales permitirían llevar adelante un programa a fondo para bajar la inflación, a partir de políticas de shock. El propio Massa se mostró a favor en Washington de alcanzar superávit gemelos, pero se parece más a una expresión de deseos que a la realidad. Existen otros problemas. Por ejemplo, el enorme crecimiento de la deuda en pesos del Banco Central, que aumenta a una tasa del 75% anual. Se trata del aumento del déficit cuasifiscal y el peligro de emisión futura, si en algún se complica la refinanciación de parte de esa deuda.

Aunque el FMI en ningún momento hizo pública su preocupación por el fuerte aumento de la deuda en pesos en cabeza del BCRA, el staff sí manifestó en encuentros privados de esta semana la inquietud por una posible caída de la demanda de pesos, sobre todo en medio de la típica turbulencia de los años electorales. En ese escenario, no solo se podría desatar una fuerte aceleración de la inflación, sino también una renovada presión cambiaria.

En las conversaciones de Massa con el FMI se evaluaron distintas medidas para atacar la inflación tanto desde el punto de vista del gasto público, el plano fiscal y el monetario. Creen que es factible ir hacia una desaceleración que haga retroceder al índice al 2,5% en junio del año próximo. Sería casi una hazaña lograrlo en pleno período preelectoral. Por eso, más allá de la última suba de tasas habría nuevos instrumentos financieros, novedosos para el mercado local y que al mismo tiempo buscarían canalizar más recursos a la producción local.

El cumplimiento de las metas relacionadas con las reservas parece, eso sí, estar sobre rieles. No sólo por la acumulación cercana a los USD 5.000 millones que logró el BCRA a partir del dólar soja en septiembre. Además, el FMI acaba de desembolsar USD 3.800 millones luego de la revisión de las metas trimestrales y el BID comprometió otros USD 700 millones. Incluso dentro de la oposición resaltaban esta semana el logro de Massa de haber conseguido que el BID otorgue un préstamo exclusivamente para fortalecer las reservas, cuando por lo general van atados al cumplimiento de programas sociales o de infraestructura. Se supone que ésa era una tarea exclusivamente asignada al FMI.

Pero además arranca desde mañana el nuevo sistema de importaciones, cuya primera consecuencia es que quedaron sin efecto los pedidos de cautelares de importadores por cientos de millones de dólares.

El nuevo esquema definió que más de 2.000 posiciones arancelarias pasen al sistema de licencias no automáticas. También se resolvió que el ingreso de productos suntuarios, en caso de ser autorizados, deberán hacerlo a un tipo de cambio superior a 300 pesos. Y al mismo tiempo se autoriza a las empresas a usar dólares propios para importar. En el mismo orden, empezaron conversaciones con los bancos para aceitar un nuevo esquema de financiación de importaciones. Se apuntaría a que las entidades financieras cubran el bache que le queda a los importadores entre la autorización para ingresar mercadería y el posterior acceso a las divisas

Con un mayor colchón de reservas y un respiro por el lado cambiario, Massa logró sortear una crisis que parecía a la vuelta de la esquina. Pero ahora tendrá un desafío mayúsculo por delante, como es el de lograr una desaceleración inflacionaria a pesar de una escalada que ya lleva más de diez años.