Tras 23 años, Minera Alumbrera está más cerca de ir a juicio por delitos ambientales en Tucumán
La Justicia Federal de Tucumán confirmó como querellante a Ana Loto y dos ONG en la causa contra dos exgerentes Raúl Pedro Mentz y Julián Patricio Rooney, procesados en 1999 por incumplir la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos al trasladar residuos desde Catamarca a nuestra provincia.
(Foto tomada de Revista de Estudios Sociales)
La Cámara Federal de Tucumán confirmó a Ana Loto y las ONGS Pro Eco Grupo Ecologista y Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos como querellantes en la causa por delitos ambientales contra la Minera Alumbrera, a partir de una denuncia radicada en 1999. 23 años después, los exgerentes Raúl Pedro Mentz y Julián Patricio Rooney están procesados por incumplir la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos al trasladar residuos desde Catamarca a nuestra provincia.
Según informó Página 12, Mentz y Rooney fueron imputados por el Juzgado Federal de Tucumán por el delito previsto en los artículos 55 /57 de la mencionada ley que establece penas de 3 a 10 años a quien “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. El fallo de los jueces de Cámara Marina Cossio, Mario Leal y Ricardo Sanjuan los deja a un paso de juicio oral y público.
"Se han tomado su tiempo los jueces, pero lo importante es que la causa avanza. El pedido de que se me aparte de la causa sólo tuvo el objetivo de dilatarla y que, en el mejor de los casos para ellos, se caiga, pero no lo han conseguido ni lo permitiremos. Ahora solo resta la elevación a juicio oral y público, que ya fue solicitado por mis abogados", afirmó Ana Loto en declaraciones a elDiarioAR.
El fallo de Cámara reza: "La Sra. Ana Loto reside en la ciudad de Termas de Río Hondo, donde desembocan los efluentes presuntamente contaminados por Minera Alumbrera, más precisamente, en el embalse del dique El Frontal, adyacente a esa ciudad. En dicho lugar se estaría generando un impacto en el ecosistema de tal envergadura que sería suficiente para afectar la salud pública. Así, se observa que las aguas que ingresarían contaminadas a dicho embalse podrían provocar muertes masivas de peces y la aparición de gran cantidad de algas, generando ello fuertes olores como consecuencia de su descomposición, lo cual demuestra que tanto la salud de Sra. Ana Loto como la de todos los ciudadanos de Termas de Río Hondo estaría en riesgo por dicho accionar contaminante".
Además, establece que "conforme lo expuesto, y a fin de tornarse operativo el derecho de Ana Loto a un ambiente sano, entendemos que ésta se encuentra facultada a ejercerlo en un proceso penal como el presente, accionando como acto de prevención, puesto que la figura penal prevista en el art. 55 de la ley 24.051 es un delito de peligro abstracto".
El periodista David Correa adelantó en el citado medio que el 22 y 23 de octubre se realizará un importante encuentro de entidades ambientalistas en Andalgalá, Catamarca, que se encuentra a 60 kilómetros de la Alumbrera, cuyas acciones contra de la megaminería se han convertido en símbolo de resistencia a este tipo de actividad extractivista, a través de la Asamblea El Algarrobo.
Bajo de la Alumbrera fue la primera mina a gran escala en Argentina: comenzó a operar en 1997 y durante 21 años produjo cobre, oro y molibdeno, un metal muy resistente al calor que se utiliza para fabricar piezas para industrias como la petrolera, química, automotriz y la aeronáutica. Se ubica a 400 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca y a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Sus inversores fueron la suiza Glencore (50%) y las canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana, con 12,5%.
Para operar, debieron asociarse a una UTE con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), integrada por el Gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, que tiene los derechos de haber descubierto el yacimiento, cedidos por el investigador Abel Peirano. Ambos están más que interesadas en la continuidad de la explotación con el proyecto Agua Rica, ya que les implicaría el ingreso de recursos en dólares.
Los residuos se procesaban y se convertían en un compuesto similar a un barro, que se bombeaba a través de un mineraloducto de 320 kilómetros de extensión (uno de los más extensos en su tipo en el mundo), desde Catamarca a Tucumán, que atravesaba desiertos, montañas y selvas hasta llegar a una planta de secado ubicada en la localidad de Ranchillos, a metros de las vías del tren.
Una vez que era secado, se cargaba en vagones y era trasladado al puerto de San Lorenzo, en Santa Fe, desde donde era enviado a otros países en buques para su definitivo proceso de separación de metales de altísimo valor.
La investigación realizada por el Juzgado Nº2 de la Justicia Federal de Tucumán determinó que se produjo un impacto ambiental y contaminación durante el tratamiento del material en Ranchillos. Además, se constató que en varias ocasiones el mineraloducto tuvo filtraciones en arroyos del pedemonte tucumano, en momentos de lluvias intensas, lo que provocó una contaminación que llegó hasta el Dique Frontal, en Las Termas de Río Hondo.
