Estacionamiento privatizado: "Cómo es posible que una empresa se lleve $134 millones por mes"

“Primero es una locura que el 85% de lo recaudado se lo lleve una empresa que encima no es tucumana. Si ellos están cobrando por el uso del espacio público, cómo es posible que una empresa se lleve $134 millones por mes”. 

Con cifras y nuevos detalles del contrato firmado entre el Municipio de San Miguel de Tucumán y la empresa Tecno Agro Vial, el concejal peronista Gonzalo Carrilo Leito argumentaba una de las razones principales por la que ayer martes, el bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución para que la Municipalidad deje sin efecto el vínculo.

En una entrevista con eltucumano.com, el edil  insistió en la necesidad de declarar nulo el sistema que fue implementado el pasado 18 de julio, y con cifras de un informe de su autoría, trató de evidenciar porque el actual contrato provoca un perjuicio contra las arcas municipales y por ende de los vecinos de la Capital. 

“Nuestros argumentos van orientados a defender los intereses de los vecinos de San Miguel de Tucumán. En el contrato de concesión, en el cuadrante designado, en uno de los anexo que están el contrato dicen que son aproximadamente 393 las cuadras afectadas, cuando el municipio dice que son 300 las aproximadas”, comenzó aclarando. 

Al tener en cuenta el cuadrante afectado, Carrilo Leito tomó un promedio de 20 autos estacionados por cuadra, que en el lapso de 10 horas en las que rige el estacionamiento medido arroja una recaudación de $6.335.660.

Llevando esta cifra a un nivel mensual, el Concejal afirmó que la recaudación de la empresa por prestar el servicio es de $158.000.000. “De ese total, $134.622.000 quedan para Tecno Agro Vial y solamente $23.756.000 para el municipio. Hay un claro perjuicio al patrimonio municipal”, acusó. 

En ese sentido, contó más detalles del contrato firmado entre las partes, entre los que se encuentra la potestad que el municipio le otorgó a la empresa de cobrar en cualquier otra calle que ellos consideren necesario: “Hay calles que no están contempladas y que sí están cobrando, por ejemplo la Marco Avellaneda y la San Luis”.

“Hice un pedido de informe a la Municipalidad el 19 y 20 de julio donde pedí el contrato y otro donde especifiquen por qué no se tuvo en cuenta a los frentistas y el estudio que hicieron para establecer el costo”, contó y agregó que tambié consultó la razón de dejar afuera al personal de salud, Seguridad y fleteros: “Nunca me contestaron”.

Entre los argumentos a favor del estacionamiento medido realizados por el Intendente Germán Alfaro y los concejales afines, Carrillo Leito hizo especial hincapié en la exclusión que el sistema hizo con los “mal llamados trabajadores cuidacoches”:  “Otro de los argumentos, que no sé si llamarle falaz, es que aducen que esto viene a sacar de las calles a los mal llamados trapitos o cuidacoches, porque el nombre técnico es operarios de playa. Ellos dicen que con esto se termina, cosa que también dijo el Intendente, que con esto se termina con la delincuencia y los daños que sufrían los autos. Esto es una discriminación tremenda hacia esas personas, que si bien realizaban un trabajo informal, llevaban un plato de comida a su hogar”. 

“Tomando el parámetro de los montos que realicé, cada cuadra con ese promedio de 10 horas produce un poco más de $16.000 por día. En tres días de recaudación, una sola calle produciría un ingreso superior al salario mínimo vital y móvil y quedan 22 días de recaudación por cuadra. Mirá sino hubiesen podido dar trabajo a más de 600 familias en solamente 300 cuadras, teniendo en cuenta que cada 5 horas haya un trabajador”, señaló el edil dando una opción para incluir a este sector que desde el pasado lunes volvieron a protestar en las inmediaciones de la intendencia.

Ahora, tras la aprobación del proyecto de resolución, el bloque espera que la Municipalidad haga caso a lo solicitado, como también aguardan que la Justicia se pronuncie ante el pedido de nulidad realizado contra el contraro, ya que afirman que al momento de la concesión la firma se encontraba concursada.

“Si se llega a anular el contrato vamos a pedir también que se derogue la ordenanza, hacer una nueva y llamar a licitación. El software tranquilamente lo podría haber hecho la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), que una parte vaya a eso para mantenerla y mejorarla, otra vaya a los cuidacoches y otra para el municipio”, enumeró.

Por último, de no anularse el contrato, Carrillo Leito aseguró que” hay otras causales para seguir insistiendo”, ya que "hay un perjuicio contra el patrimonio del municipio".