"Hoy es un día muy ingrato": la pena solicitada contra Cristina Fernández y la condena del Presidente
El Primer Mandatario nacional repudió enérgicamente la “persecución judicial y mediática” de la que considera víctima a la vicepresidenta. Además de prisión, la Fiscalía pidió la inhabilitación de por vida de la expresidenta para ejercer cargos públicos. El detalle de las penas solicitadas.
Cristina Fernández, vicepresidenta argentina.
Doce años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos es la pena que el fiscal federal Diego Luciani solicitó contra la vicepresidenta Cristina Fernández, este lunes, en lo que fue la jornada final de alegatos de la parte acusadora en la denominada Causa Vialidad.
Se trata de una pena fuera de serie, ya que el Código Penal establece para el delito que se investiga un castigo mínimo de 6 años y un máximo de 10.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde”, afirmó Luciani. “Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, fundamentó y aclaró que “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”, culminó su alegato el investigador.
Para solicitar la pena, Luciani tuvo en cuenta siete factores: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños, además de la calidad de los motivos de la maniobra y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.
La condena solicitada fue repudiada a los pocos minutos de haberse conocido por el presidente Alberto Fernández, quien publicó un largo comunicado en sus redes sociales.
En la misiva, el Primer Mandatario se refiere al proceso judicial como una “persecución judicial y mediática” y que fue “avalada y promovida por distintos medios de comunicación”. Al mismo tiempo, Fernández opina sobre los motivos que promovieron el juicio, en lo que considera como “una acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor”.
“Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho penal moderno”, consideró el Presidente sobre el proceso judicial.
Finalmente, expresó toda su solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández “frente a esta persecución y búsqueda de proscripción”.
“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”, se lamentó Alberto Fernández.
Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/cOMH2iKjnK
— Alberto Fernández (@alferdez) August 22, 2022
Tibio apoyo en Tucumán
A contramano del Primer Mandatario, y ante la difusión de un escrito en apoyo de la expresidenta firmado por 500 intendentes y delegados comunales de toda la Argentina, fue tibio el apoyo demostrado en Tucumán, más allá de las publicaciones en redes sociales.
De los 19 intendentes y 93 delegados comunales tucumanos, solo un jefe municipal y 37 comisionados adhirieron a la misiva que habla del sistema judicial como “un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
“La persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, reza el párrafo principal de la carta.
La acusación
En la causa se investiga si Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
El fiscal Diego Luciani acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios de su gestión como Primera Mandataria nacional de ser la líder de una asociación ilícita para la comisión de fraude a la administración pública. Delito penado con entre 10 y 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
“El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por la presidenta de la nación como jefa y por sus principales ministros como organizadores”, dijo Luciani sobre la asociación ilícita.
Las penas solicitadas
- Cristina Kirchner, ex presidenta. 12 años.
- Lázaro Báez, empresario. 12 años.
- Julio De Vido, ex ministro de Planificación. 10 años
- José López, ex secretario de Obras Públicas. 10 años.
- Nelson Periotti, ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años.
- Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 6 años.
- Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la AGVP. 6 años.
- Raúl Daruich, responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 5 años.
- Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP. 5 años.
- Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.
- José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP 13. 4 años.
- Héctor Garro, ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.
- Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner. Absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.
