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"Dio positivo": el dosaje de sangre complica a Zarlenga y al alcohol se suman sustancias prohibidas

TRAGEDIA EN LA MATE DE LUNA

El golfista tucumano del PGA Tour acusó un alto porcentaje de alcohol en sangre al momento de atropellar y matar a dos jóvenes rondines. Desde el equipo legal y técnico de familiares de las víctimas adelantan un pedido de modificación de los cargos y la solicitud de que el deportista cumpla con la prisión preventiva en el penal de Villa Urquiza.

Armando "Gato" Zarlenga.





“La Unidad de Atentado de la Fiscalía del Doctor Pedro Gallo me lo acaba de confirmar”, revela a eltucumano.com el abogado Jorge Lobo Aragón quien, junto a su par Máximo Palizza, representan a los familiares de las víctimas fatales de la tragedia causada por el golfista tucumano Armando Gato Zarlenga.

“Dio positivo en alcohol en sangre. Al momento del hecho manejaba en un estado de ebriedad muy alto. Y hay un informe del laboratorio de Toxicología, en base a muestras de orina y de sangre, que acusan la presencia de sustancias prohibidas; podría tratarse de cocaína”, señaló Lobo Aragón.

El dosaje lanzó un resultado de 2,44% de alcohol en sangre, según las muestras tomadas a Zarlenga horas después de chocar y matar a Maximiliano Joaquín Saldaño (24) y a Joaquín Morales Frank Colombres (22), dos rondines que circulaban por la mencionada arteria.

Tanto Lobo Aragón como Palizza obtuvieron este lunes la figura de querellantes. En este sentido, adelantó que solicitarán el cambio de caratula de doble homicidio culposo –que tiene una pena máxima de seis años sin prisión efectiva- a homicidio con dolo eventual. Esto último enfrentaría a Zarlenga ante la posibilidad de tener que cumplir entre ocho y 25 años de cárcel. “Esto no es antojadizo, ya hay antecedentes de este tipo de pedidos realizados por el Ministerio Público Fiscal”, señala el letrado.

El letrado adelanta, además, que este martes solicitará ante el tribunal que se haga cumplir la prisión preventiva de 45 días dictada al golfista en el penal de Villa Urquiza y no en una Comisaría. Pese a que la razón dada fue la “falta de cupo”, Lobo Aragón se refiere a la situación como un fenómeno que se repite según la clase social de los imputados. “Vamos a seguir solicitando e insistiendo que cuando un juez ordene la prisión preventiva en un penal, se haga efectivo. Para la Justicia hay dos clases de imputados: de clase alta y baja. Hoy tenemos a un imputado de clase alta en una dependencia policial, con los privilegios del caso. Vamos a seguir insistiendo, cuando se trata de familias pobres o postergadas, para el ladrón de gallinas, sí hay cupo; pero cuando es un golfista con recursos, no hay cupo. Que vaya y cumpla con lo ordenado”, recriminó el abogado querellante.