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"En camino de solución": tras las denuncias de falta de pago, reiniciaron las actividades en el Pozo de Vargas

DERECHOS HUMANOS

El senador Yedlin intercedió ante autoridades de la Secretaría de Derechos Humantes tras conocerse que se los peritos que trabajan en la fosa donde se identificaron 116 víctimas del terrorismo de Estado no cobran sus honorarios hace dos años, lo que los llevó a paralizar sus tareas.

Pozo de Vargas. (Foto: Twitter @davidcorreatv)





El pasado 18 de enero, mediante un hilo de Twitter el periodista tucumano David Correa se conoció que hace más de dos años no cobran sus sueldos los peritos arqueológicos que prestaron y prestan servicios en el Pozo de Vargas, fosa clandestina en la última dictadura cívico - militar, donde ya se identificaron los cuerpos de 116 detenidos y desaparecidos. Por ello, se paralizaron las excavaciones. Este miércoles, el senador nacional por Tucumán, Pablo Yedlin (Frente de Todos), se reunió con autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se puso a disposición y anunció que "se encuentran en camino de solución" tanto los trámites de los expedientes para que puedan cobrar como la bomba que se demanda para seguir con los peritajes.

"Tomamos conocimiento de la situación del Pozo de Vargas, lugar de enterramientos clandestinos durante la última dictadura militar, y hablamos con las autoridades de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Andrea Pochak, Claudia Lencina y Paola Álvarez en el Museo Sitio de Memoria ESMA", anunció Yedlin a través de las redes sociales, y recalcó que puso "a su disposición nuestro compromiso para ayudar a destrabar expedientes que dependan del Poder judicial del juzgado respectivo, además de analizar seriamente el sistema de contratación de los peritos".

"Además informamos que, tanto la bomba que se requería para continuar la tarea de peritajes como futuras perforaciones, las autoridades nacionales que se encuentran en camino de solución", enfatizó el senador nacional por Tucumán y expresidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados.


María Gloria Colaneri, una de las peritos que trabajó desde 2002 en el Pozo de Vargas, año en el que comenzaron los trabajos en la fosa ubicada en el límite entre Tafí Viejo y la Capital, pero debió buscar nuevos rumbos ante la falta de pago. “La situación se hizo insostenible porque era mi único ingreso y me dedicaba ‘full time’. Volví a Chaco, mi provincia, en donde conseguí trabajo como docente y en el área de museos. Durante 2020 trabajé analizando evidencias contextuales, sin recursos, todo a pulmón, pero me cansé. Es lamentable haber llegado a esta situación”, explicó al sitio eldiarioar. “Nos llegaron a deber hasta diez meses pero nunca como hasta ahora. Eso provoca que las tareas se hagan muy lentas pero, además, desalientan. Con los años, algunos compañeros han dejado esta actividad por trabajos más seguros, como la docencia o ingresar al Conicet”, aseguró a su turno el arqueólogo de campo Ruy Díaz.

Para cobrar, los peritos deben ser monotributistas y desconocen cómo es el flujo y el criterio con el que el Consejo de la Magistratura libera los fondos. La última vez que les pagaron fue en noviembre de 2020, pero se trataba de una deuda de los cuatro últimos meses de 2019. Cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, las tareas se paralizaron en el predio, por lo que el lugar quedó casi en estado de abandono hasta diciembre. Sí se mantiene en el lugar una guardia con personal de la Policía Federal y la actividad no se suspendió en el laboratorio que está ubicado en Italia al 900, en la capital tucumana.

Entre 2004 y 2005 se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de pequeños fragmentos de restos óseos humanos y se confirmó la hipótesis de que el viejo pozo había sido usado para esconder restos de detenidos desaparecidos y luego se tapó con distintos materiales. La 116ª identificación tuvo lugar en diciembre del año pasado, cuando se determinó que unos restos hallados pertenecen a Ana María Rodríguez Belmonte, una joven que tenía 19 años cuando fue denunciada como desaparecida el 26 de enero de 1976, según legajo SDH2504.

Reinicio de actividades

Otra vez mediante Twitter, Correa anunció que tras las denuncias periodísticas "reiniciaron las actividades en donde identificaron los restos de 116 desaparecidos durante la última dictadura militar. Tras la publicación de la parálisis y la deuda a peritos (aún no resuelta) renace la esperanza para quienes aún buscan a familiares".

En ese sentido, advirtió que "el perito Ruy Díaz acompañó y colaboró con los empleados de una empresa que retiró un compresor de aire para su mantenimiento. Este equipo es importante porque permite el funcionamiento de otras máquinas de gran valor para la investigación".

"En una semana volvería a ponerse en marcha el equipo retirado. En breve llegaría al predio la bomba que permitirá desagotar los últimos seis metros de los 40 de profundidad del pozo. Esperan encontrar restos óseos menores, como pertenencias personales de víctimas y balas", adelantó.

"La semana que viene se probará el ascensor que lleva hasta lo más profundo del Pozo de Vargas para que trabajen los peritos. Parece simple pero es una tarea de riesgo y los investigadores no tienen ningún tipo de seguro ante un accidente que, por suerte, hasta ahora no ocurrió", concluyó.