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"Te voy a llevar porque quiero": denunció que lo detuvieron seis días sin razón en Alderetes

acusación

Luis Planas, un artista plástico, acusó a vigías de Banda de Río Salí de golpearlo y detenerlo en una comisaría donde permaneció incomunicado. Desde la fuerza niegan las acusaciones y mostraron las actuaciones del arresto. Andhes y la inconstitucionalidad de la ley de Contravenciones.

Luis Planas con su celular luego de ser detenido. Foto Contexto.-





Detenido, golpeado e incomunicado. Esta es la grave acusación que Luis Planas, un artista plástico de Banda del Río Salí, hizo contra unos vigías de esa ciudad, a los que señala de llevarlo a una comisaría donde estuvo preso durante seis días sin motivo. 

‘Te voy a llevar porque quiero’. Así me dijo este hombre que se manejaba en un auto de vigía municipal. Yo le preguntaba por qué, si sólo venía caminando de la farmacia. Hasta le mostré las gasas que me había comprado”, contó el hombre de 43 años, sobre su versión de los hechos que ocurrieron el pasado 7 de enero a dos cuadras de su domicilio, en Barrio Smata de Los Vallistos. “Me metió al auto y yo saqué mi teléfono para filmar. Llegó otro móvil y me comenzaron a golpear. En un momento sentí que no respiraba. Me pegaron mucho en la cabeza, quise abrir la puerta para escaparme pero no pude”, afirmó en La Gaceta

Luego, Planas aseguró que fue llevado a una comisaría donde nunca recibió asistencia médica tras los golpes y lo hicieron compartir calabozo con detenidos por otros delitos: “Fue horrible. Ahí me quitaron el teléfono y mi plata”. 

Horas después, siempre de acuerdo a su relato, fue trasladado a la comisaría de Alderetes donde pasó seis días sin motivos y sin poder comunicarse con su familia. "Pasé momentos muy feos, tirado en el piso. Y si tuve comida fue porque los presos me convidaron de la de ellos. No entiendo por qué me hicieron esto”, expresó. Además, aseguró que durante su detención recibió la burla de los uniformados que se reían de su profesión de artista. 

El jueves 13, Planas explicó que la Policía le dio la orden de retirarse, algo que hizo con miedo a represalias. “Me fui con miedo de que pudiesen hacer algo en la calle o que me volvieran a detener. Estaba sucio, sin mis pertenencias. Volví caminando 40 cuadras hasta mi casa y lo primero que hice es hablar con los vecinos: lamentablemente, no se sorprendieron. Me dijeron que siempre hacen lo mismo. No lo pude creer”, manifestó el hombre.

Versión de las autoridades

Luego de que las acusaciones de Planas salieran en los medios, autoridades policiales y de los Vigías Municipales de Banda del Río Salí, dieron su versión de la detención del artista, que de acuerdo a las actuaciones oficiales, fue arrestado por tres días por contravenciones junto a un joven de 26 años. 

De acuerdo al documento, el 7 de enero, se trasladó “en calidad de detenidos comunicados a dos personas del sezo masculino; manifestando el citado empleado policial que en la fecha a horas 18:30 en circunstancias en las que realizaba recorridos en el radio de esta jurisdicon, al llegar a la calle Reyes Católicos y Obispo Colombres -Banda del Río Salí- divisó a dos personas del sexo masculino prefiriendo gritos e insultos alterando de esta manera la paz y el orden que reinaban en el luegar, motio por el cual se apersonó a ellos e intento hacerlos deponer de sus actitudes pero esto hicieron caso omiso a lo requerido, respondiendo: ‘hacete culia milico culiao, chupame el pingo’, motivo por el cual se procedió a la detención de los mismos y posterios traslado a esta dependencia”.  

Además de relatar los insultos, el acta de detención detalla que el artista fue detenido en barrio Santo Cristo, a unas 30 cuadras de distancia donde Planas aseguró que fue subido a un móvil. 

El Sumario Contravencional N°40/114 instruido a los dos detenidos, y cumpliendo con el artículo 9° de la ley n° 5140, que otorga al Comando Superior la facultad para establecer la pena, se impuso a Planas a pena de “tres días de arresto o tres días - multa, a razón de $150 por día, equivalente a $450 en total por infracción al artículo 19, inciso 4, de la Ley de Contravenciones 5140 de la Provincia”. 

ART. 9.- En la pena de multa se aplicará el sistema de día-multa.

Las multas por contravención son de hasta treinta (30) días-multa, según la gravedad de la contravención y conforme a las especificaciones de la presente Ley.

El Jefe de Policía establecerá el valor de día-multa en cada caso y fijará la suma a pagar por el infractor, atendiendo a la gravedad de la contravención y a la capacidad económica presunta. El Poder Ejecutivo fijará el valor máximo del día-multa, facultando a ajustarlo trimestralmente.

El responsable de la Comisaría o Destacamento en que se encuentre detenido el infractor, le extenderá la constancia de pago correspondiente, debiendo el Poder Ejecutivo reglamentar la misma.



La ley de Contravenciones y su inconstitucionalidad

La organización de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), advirtió que la ley 5140 que se encuentra vigente en la provincia desde 1980, “no respeta los estándares que establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, violando así normas, principios y tratados con jerarquía constitucional como así también nuestra Constitución Nacional y Provincial”.

“Implica una violación constante y flagrante  de los principios constitucionales bases de nuestro ordenamiento jurídico, como así también de los tratados internacionales de rango constitucional que suscribió nuestro Estado”, añaden en un documento informativo, en el que añaden que esta norma es “es utilizada como el único medio idóneo a fin de prevenir delitos en nuestra provincia, no advirtiendo que, en materia contravencional, la principal característica no es el estado pre-delictual sino el mantenimiento de la convivencia social”.


“El Estado reactivo se limita a intentar repeler la infracción ya cometida sin posibilidad de prevención; y decimos intentar puesto que no se ha corroborado su eficacia en ningún ámbito de su aplicación. La Ley Nº 5140 es un instrumento del modelo de políticas de seguridad represiva, de reacción, en donde el conjunto de la sociedad pierde el contacto cotidiano con el Estado. Contacto necesario para crear un vínculo que fortalezca los tejidos sociales y colabore con el diseño de políticas públicas democráticas de seguridad ciudadana”, agregaron.

Además, cuestiona la facultad de acusación, investigación y juzgamiento para la Policía: “Cabe señalar que con esta normativa se puede apelar la decisión del Jefe de Policía pero, atento a que su otorgamiento es posterior a la privación de la libertad de la persona, este recurso es de por sí ineficiente”, al tiempo que cuestionan que la principal pena de la ley sea la privación de la libertad, ya que es contraria “al principio de última ratio o de estricta necesidad, no dejando resquicio al principio rector de nuestro ordenamiento jurídico que es el de Libertad Personal”.

“No solo son inconstitucionales las facultades atribuidas al Jefe de la Policía, a ello se suma que no existen reglas claras que establezcan el proceso contravencional y cuál será el trámite de la instrucción sumaria. Por último, no se establece taxativamente cuales son las facultades, obligaciones, deberes y sobre todo los límites de los funcionarios de la fuerzas de seguridad frente a los supuestos contraventores”, indicaron. 

También explicaron que “más allá de las circunstancias de la detención contravencional, el tiempo de la misma y la decisión a la que arribe el Jefe de Policía, siempre que exista una detención a través de un procedimiento contravencional en la provincia de Tucumán encontraremos ciertos derechos constitucionales básicos del/a contraventor/a detenido/a que en forma manifiesta y notoria son conculcados”. 

Por último, desde Andhes afirmaron que "es necesario un Estado democrático que integre a los sectores excluidos a través de Políticas Públicas en materia de seguridad ciudadana como así también en materia social, económica y cultural". "Un Estado que plasme en todos sus Poderes un compromiso, decisión política de cambio y  de respeto de los derechos y garantías de las personas bajo su cuidado", indicaron pidiendo una firme decisión política para establecer un debate abierto en el Poder Legislativo.

"Una de las principales obligaciones de un Estado de derecho es la de garantizar la seguridad de las personas sujetas a su jurisdicción, dado que ésta es un derecho humano con jerarquía constitucional. La existencia de leyes como la que hoy tenemos, es prueba fehaciente del incumplimiento estatal y el poco respeto a sus ciudadanos", cerraron el informe.