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"El Estado tiene una deuda con las niñas y adolescentes tucumanas"

embarazo forzado

A solo tres años del caso de "Lucía", desde Cladem Tucumán se refirieron al rol del Estado ante un nuevo caso de embarazo forzado infantil. "No se cumplieron con las garantías de la no repetición", señalan en un comunicado.

El caso Lucía movilizó a grupos de mujeres que reclamaron en la calle que se garanticen sus derechos. La foto es de Elena Nicolay para La Palta.





Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, se refirieron al rol del Estado en el marco de un nuevo caso de embarazo forzado de L.A, una niña tucumana que fue violada. 

A través de una publicación que relalizaron en las redes sociales, remarcan que hace solo 3 años del caso de la niña Lucía (febrero de 2019), que fue acompañado por CLADEM,  Andhes y el movimiento de mujeres, otra niña tucumana de 10 años llega al sistema de salud con un embarazo forzado, producto de la violación por parte de un adulto cercano y en un estado avanzado de gestación que limita su derecho a la ILE.  "Estado provincial no ha dado cumplimiento a las garantías de no repetición, a pesar del exhorto de la Justicia en el caso de Lucía".

En la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán dijo en los fundamentos de la sentencia: 

"¿Por qué la niña no pudo denunciar a su agresor? La falta de confianza de los niños y niñas en denunciar hechos de violencia y abuso sexual radica en la falta de educación que les permite saber y tomar conciencia de que están siendo víctimas de un delito, que lo que sufren es inaceptable, y que tienen el derecho a contar con canales concretos y redes de ayuda”, establece el escrito. En este punto, resulta contundente: “Es allí donde el Estado debe intervenir (…). Quedó evidenciado con esta causa y en otras numerosas que llegan a nuestro conocimiento que nuestro país, y en particular nuestra provincia, no cumple con los estándares de prevención (…). La inconsistencia de políticas públicas permite que el sistema se vuelva inseguro, burocrático, y esto genera graves riesgos de salud que llegan inclusive a poner en riesgo la vida de las personas que necesitan una urgente atención, permitiéndose con ello violencia institucional”. Por ello, la sentencia dispone la realización de medidas efectivas: “La implementación de la Ley N° 26.150/06 de Educación Sexual Integral es imperiosa, como así también la adhesión a la Ley Micaela N° 27.499/18 (…). En fin, acciones positivas en nuestra provincia que colaboren a modificar patrones y conductas actuales”.

"El texto de este fallo tiene plena vigencia a pesar de que pasaron los años. El Estado tiene una deuda con las niñas y adolescentes tucumanas}", señalan desde el organismo.

En esta dirección, detallan que "los abusos sexuales y los embarazos infantiles forzados son síntomas que revelan el nivel de violencia, falta de autonomía, discriminación y apropiación del cuerpo de las niñas por parte de los varones adultos, incluyendo a los de su entorno familiar y social. A la vez que exhiben la ineficacia de las políticas estatales de prevención como causa y consecuencia de la carencia de estadísticas unificadas que relacione las distinta facetas de este problema – cantidad de niñas embarazadas, causas de los embarazos, denuncias por violencia sexual – tornando imposible diseñar políticas adecuadas para abordar un problema cuya dimensión y características se desconocen".

Además destacan que  en este contexto que obligar a una niña que no ha terminado de crecer a "llevar a término un embarazo debe ser considerado tortura , trato cruel, inhumano y degradante". Es por esto que indican que el abordaje de los abusos sexuales y los embarazos infantiles forzados necesita un análisis sobre las corresponsabilidades que tienen cada uno de los actores que conforman el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y su necesaria articulación.

Son impresindibles campañas de comunicación masivas que permitan revertir la cultura de violencia sexual contra niñas y adolescentes en todos los ámbitos, y acabe con la impunidad de la que gozan los perpetradores.

El caso de L.A

El pasado lunes se conoció que L.A., una niña de 10 años fue intervenida con una cesárea para interrumpir un embarazo de 7 meses producto de una violación. El acusado por el hecho, Carlos Alberto Merlos, es la pareja de su madre adoptiva y se encuentra prófugo. La niña recibió el  alta este miércoles. El bebé fue puesto bajo el cuidado de Casa Cuna.