"Toda consulta de aborto es una consulta de salud": cómo se implementa la IVE en Tucumán

Desde que la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entró en vigencia el pasado 24 de enero, mujeres a lo largo y a lo ancho del país exigieron su derecho adquirido y se les garantizó la práctica. Sin embargo, otras no corrieron la misma suerte y en las consultas se las desinformó, se les retrasó el acceso a la práctica, o incluso se les cuestionó la decisión en plena consulta médica. A más de seis meses de este hecho histórico, en Tucumán, una de las provincias en las que se generaron mayor cantidad de resistencias, aunque con algunos obstáculos, se implementa efectivamente la normativa.

La Ley Nº 27.610 dispone que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga incorporen la cobertura integral y gratuita de la práctica. Una vez solicitada la prestación existe un plazo máximo de diez días corridos para cumplir con la prestación.

Los hechos indican que a la reciente conquista legal le hace falta la transformación social que acompañe este nuevo escenario. A pesar de las disposiciones de la ley, en estos primeros meses de vigencia en diferentes puntos del país, se obstaculizó de diferentes maneras el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Presentaciones judiciales contra la ley, la desinformación o la confusión fueron algunos de los mecanismos.

Desde que se sancionó ley las profesionales pertenecientes a la Fundación Mujeres x Mujeres, observaron ciertas resistencias en los servicios de Salud para garantizar el acceso a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el territorio provincial, pero reconocieron que la ley se está implementando. La fundación cuenta con una clínica de estudiantes de derecho para llevar a la práctica litigios con perspectiva de género y derechos humanos. “Con esta clínica se presentó una acción de amparo al Siprosa para pedir información sobre la vigencia de la IVE, para ver que se tomen medidas para que el personal de salud no sea una barrera obstaculizadora”, informó en diálogo con eltucumano.com la abogada Noelia Aisama.

A partir de la presentación realizada por la fundación se desprende que desde el Siprosa en 2018 se realizaron 15 abortos legales; en 2019, 89; en 2020; 700 abortos legales; y entre enero y junio de 2021 se realizaron 1.478 abortos legales en Tucumán, según los registros oficiales que compartió con este diario la fundación.

La abogada feminista aclaró que es necesario comprender que los abortos siempre sucedieron, sin embargo, al ser clandestinos no fueron registrados. Por este motivo, es probable que a partir de la legalización se incremente el registro, pero no necesariamente significará que el número de abortos incremente. “Creemos que la clandestinización de la práctica es lo que generó el subregistro y que hoy no tengamos a ciencia cierta un número concreto", señala.

Desde la organización revelaron además que, en las provincias y en el interior, hay grandes resistencias por parte de los actores estratégicos como servicios de ginecologías y guardias. “Nosotras recibimos consultas y nos relatan muchas experiencias en las que se observa mucha desinformación e intentos de confundirlas con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”, añade la profesional y recuerda que una ILE es viable solo cuando el embarazo es producto de una violación; si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

La acción de amparo se presentó luego de que, a mediados del mes de mayo dos profesionales del servicio de Salud Pública presentaran un pedido de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de IVE en Tucumán.  En este caso, el juzgado que intervino rechazó ese pedido, al igual que se había rechazado anteriormente otra presentación similar presentada por un particular. “Los argumentos que se plantean son iguales, no tenían legitimación para presentar dicha acción. Para plantear la inconstitucionalidad tiene que especificar la lesión que uno sufre, y en este caso no se corresponde”, explica.

En Chaco y en Mar del Plata también se realizaron acciones en estos meses para interrumpir la vigencia de la ley, pero no tuvieron éxito. Además de las presentaciones judiciales, otro mecanismo que se reconoce como obstaculizador, son las demoras en garantizar el acceso a los medicamentos, o bien las listas que circularon virtualmente con los nombres de los profesionales invitando a otros a ser objetores de conciencia.

“A pesar de que Nación señaló que debía estar disponible en todos los servicios de salud, en Tucumán, se puede decir que el servicio que lo está garantizando sin demoras es la Maternidad y el Hospital Padilla. Hay que comprender que toda consulta de aborto es una consulta de salud”, detalla.

“Inmediatamente cuando inicia la consulta clínica médica, la persona gestante puede manifestar su inquietud y se le debe ofrecer ofrece la información necesaria y una consejería de opciones”.

-0800-222-3444: línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva

Por último, reconoce que, pese a todos los mecanismos de resistencia, “el derecho a interrumpir un embarazo es ley, ha pasado un proceso dedicación y maduración democrática. En este recambio generacional la misión es lograr que se efectivice la ley, el objetivo es que se aplique y se garantice”. La primera etapa de conquista del derecho fue cumplida. En este momento hay que lograr que se implemente con capacitaciones y campañas de difusión tendientes a des estigmatizar a las personas que quieran solicitar o consultar sobre la práctica.

Por su parte, como miembro de la Red de Profesionales por la Vida y el Aborto Legal, Cecilia Ousset, médica ginecóloga que trabaja en el ámbito privado reconoce que las realidades son diferentes en los distintos ámbitos de la Salud. “En el sistema privado se deriva sin dificultad, las obras sociales están cubriendo parcial o totalmente la medicación y el tratamiento, se va avanzando de apoco”, explica a eltucumano.com.

“Se nota que siguen aceitados los mecanismos de obstaculización, hechos de violencia obstétrica cuando son pacientes que se practicaron una IVE y situaciones de violencia ecográfica cuando las pacientes asisten a una consulta sobre interrupción de embarazo. Sabíamos que esto iba a pasar”, reconoce.

Según lo que le comentan sus colegas que trabajan en el ámbito público, la ley se está implementando con muchos objetores de conciencia. “No hay tantos equipos como uno quisiera en el sistema público, pero el programa de salud sexual y reproductiva está garantizando la práctica. A través de un WhatsApp y les consigue un turno en el lugar más cercano a su domicilio, de una manera rápida. Cada vez se hacen más equipos, estamos bastante avanzados para lo que yo creía”, señala.