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Tucumán adhirió a la Ley Yolanda para la capacitación en cuidado del medio ambiente

Ecoconciencia

La normativa establece la capacitación de los agentes de los tres poderes del Estado.





La Legislatura de Tucumán aprobó en la sesión de este jueves la adhesión a la denominada "Ley Yolanda" (Ley Nacional 27.592), cuyo objeto es garantizar la formación integral en medio ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático. Los destinatarios de las capacitaciones son las personas que se desempeñan en la administración pública, en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado.    

El nombre de la Ley es un homenaje a la tucumana Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973. El objetivo principal de la normativa que lleva su nombre es "que los funcionarios públicos consideren la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas".


Un grupo de jóvenes activistas ambientales estuvo presente en el recinto para impulsar la adhesión a la normativa que fue sancionada el 18 de noviembre pasado en el Congreso de la Nación con 213 votos afirmativos, 1 negativo y 2 abstenciones, luego de lograr la media ssanción en Senadores el 8 de octubre.

El proyecto, que contó con fuerte consenso de los diferentes partidos políticos, fue presentado originalmente por Gladys González, parlamentaria de Juntos por el Cambio y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Eugenia Catalfamo, senadora del Frente de Todos por San Luis.  

La educación ambiental, desde la perspectiva de la Ley Yolanda, pone el foco en la gestión racional de los bienes naturales y en la construcción de acciones que redunden en beneficio de la naturaleza; "incorporando valores ambientales como horizonte de nuestra sociedad, ecológicamente equilibrada y sostenible".



Marco internacional

Frente a la complejidad de la crisis climática, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) planteó en el año 2002 que la educación ambiental "no debe ser vista como un fin en sí misma, sino como una herramienta fundamental para realizar cambios en el conocimiento, los valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida de los seres humanos para así alcanzar la sustentabilidad".

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible entre 2005 y 2014, haciendo un llamado a gobiernos, sociedad civil empresarios y educadores a reorientar todos los recursos de la educación hacia este nuevo modelo sociocultural.

Luego, en el año 2015 votó en Asamblea General la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene 17 objetivos sobre tres grandes temas que afectan a todos los países: la protección del planeta, la protección de los derechos de las personas y la eliminación de la pobreza y el hambre.



La Ley Yolanda, en tanto, es una herramienta para que la Argentina alcance el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 delineada por la ONU para enfrentar los desafíos del mundo que viene. "Esta ley reafirma el carácter transversal del ambiente, al reconocer su incidencia en todos los niveles de la función pública, subrayando la necesidad de que los tres poderes del Estado nacional diseñen, evalúen e implementen políticas públicas con perspectiva ambiental. Es una apuesta por la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y de un nuevo contrato social de ciudadanía responsable. En suma, la Ley Yolanda es un aporte fundamental para la transversalización de la cuestión ambiental en todas las políticas públicas de la Argentina", indicaron desde el Gobierno nacional al momento de la promulgación de la iniciativa a la cual las provincias pueden o no adherir.