Morales: "Estofán tiene el poder real de la Corte Suprema desde hace 10 años"

El mail que recibió Elvira de las Mercedes Mayol el 31 de diciembre se sumó a la larga lista de desventuras que la empleada administrativa con 10 años de antigüedad en el Poder Judicial viene sufriendo desde que denunció al vocal decano Antonio Estofán por acoso sexual.  Horas antes de la llegada del Año Nuevo, la presunta víctima fue notificada de la Acordada fechada el 30 de diciembre mediante la cual la Corte Suprema de Justicia resolvía archivar la causa iniciada en septiembre de 2020 contra uno de sus integrantes para respetar su estado jurídico de inocencia. 

“Es una obviedad decir que la decisión no le ha caído bien, pero está íntegra y convencida de que va a seguir haciendo lo que tiene que hacer”, reveló el abogado defensor de Mayol, Gustavo Morales, a eltucumano.com luego e que trascendiera la decisión judicial a la que calificó como “sospechosa”. “Genera suspicacias que la Acordada tenga fecha del 30 de diciembre y que notifiquen el 31”, observó el letrado, quien denunció que la Corte incurrió “en inexactitudes, por no decir mentiras” al momento de argumentar la resolución que beneficia al Vocal Decano. 

Morales precisó que el domingo 27 de diciembre la Corte fue notificada de la presentación de una querella criminal (Expediente 55.334/20) en contra de Estofán por los delitos de coacción agravada y abuso de autoridad. El lunes 28, por otra parte, ingresó un segundo pedido de Juicio Político contra el supuesto acosador de Mayol en base a los informes elevados por el psiquiatra José Alberto Mostajo (MP 1746) y por la psicóloga Cecilia Soledad Valor (MP 3772), quienes evaluaron el estado clínico de la paciente. Mientras que el médico diagnosticó “trastorno de ansiedad mixta provocada por estrés permanente a nivel laboral (mobbing), que se agrava cuando reviste características de acoso sexual”, la licenciada certificó “un estado de ánimo depresivo y trastorno de adaptación”. 

Según consta, el Vocal decano trabajó hasta ese mismo 28, por lo que, según Morales, estaba o debería haber estado al tanto de todas las actuaciones. Sin embargo, en lo que considera una estrategia, Estofán tomó licencia los días 29 y 30 de diciembre, justamente las fechas en las que se resolvió la Acordada que archiva la causa en su contra y que lleva la firma de la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar y de los vocales Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos. 

"La intención era decir 'yo no estuve, yo no sabía'", interpretó Morales sobre la ausencia del integrante de la Corte en esos días de efervescencia judicial en los que se redactó el documento que protege la inocencia del acusado alegando que no existe causa penal y desconociendo el informe psiquiátrico del 14 de diciembre y psicológico fechado el 18 del mismo mes. “La Corte en reiteradas oportunidades miró para otro lado cuando solicitamos una reconstrucción del hecho y una inspección ocular, aún a costa de la revictimización de la señora Mayol”, denunció el abogado defensor y evaluó que “es insólito, la víctima pide medidas de prueba y la Corte dice que no”.   

“Estofán dice ‘yo no sé cuáles son las circunstancias de tiempo, modo, lugar’ en que han ocurrido los hechos denunciados. Entonces, para que quede claro cuándo, dónde, cómo ha sido y en qué ha consistido el acoso sexual pedimos estas medidas. Por supuesto, hay que imaginar lo traumático que es para la víctima participar de una reconstrucción en la que interviene no sólo su superior jerárquico sino también la persona más antigua de la Corte, la que ejerce el poder real desde hace más de 10 años porque maneja todo el presupuesto del Tribunal a través del secretario administrativo del cuerpo judicial, el contador público Gustavo Ahmad y de su esposa Carina María Rosa Sleiman, quien en una cuestionada decisión pasó de ser prosecretaria ‘C’ a secretaria ‘A’ del Juzgado de Paz por decisión de los vocales del Alto Tribunal en agosto de este año. El esquema de poder es muy evidente”, sentenció.

 

En la visión de Morales, la presidenta Sbdar fue “vaciada de poder” por el propio Estofán. “Desde hace 10 años, desde el 2011, Estofán tiene el poder real de la Corte. Antes se lo repartía con René Goane, que era el Vocal decano. Pero ahora logra la mayoría con Daniel Leiva y con Eleonora Rodríguez Campos, que es una chica que no tiene ni voz ni voto. Ni siquiera tiene un poder simbólico, porque ni el café le sirven en la Corte. Esto que digo es verdad, no se trata de una chicana”, fustigó el abogado defensor, quien asegura que todo “está expresado por escrito”. 

“El condicionamiento que tiene Sbdar en este momento es que su hija Lucila Bercovich, que trabajaba en la Sala I, la pasaron a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que, con el nuevo Código Procesal Penal, es fundamental porque en el nuevo sistema todo se dilucida por audiencias y desaparece el expediente. La tarea es programarlas con la mayor prolijidad y efectividad. Es un trabajo de 24 horas, los 365 días del año. Cuando se dan cuenta de eso, de que era lo peor que le podrían haber hecho, vuelven a trasladarla, esta vez a la relatoría de la Corte. Ahí es cuando queda deslegitimada la Presidenta Sbdar porque sus colegas le dicen ‘mirá, vos me estás debiendo este favor’, ‘mirá de dónde la sacamos a tu hija y dónde la hemos puesto’. Para darle un ejemplo trivial: haga de cuenta que usted estaba en el infierno y, de repente, lo trasladan al paraíso. De trabajar con un alto grado de estrés y responsabilidad 330 días al año a no trabajar, no cargar con responsabilidad y obtener un sueldo de $400 mil”. 

Morales evaluó que, así planteadas las cosas, “ninguno le puede poner el cascabel al gato” en la Justicia local. “Esto es claro, el costo del nombramiento de la hija implicó que quede vaciada de poder”, reiteró el letrado, quien reparó en que la hija del Vocal acusado, María Marta Estofán, “no sólo es relatora de la Corte, sino que es relatora de su propio padre”. Idéntica situación se repetía con René Goane, quien también designó a su hijo José en la relatoría. “Podría abundar en ejemplos: Daniel Posse nombró a su hijo Facundo, que se desempeñaba en la Justicia Electoral, como su secretario privado. Pienso que el resto no nombra a los hijos porque son demasiados pequeños”, interpretó.

 

La denuncia de Elvira de las Mercedes Mayol por “acoso sexual y otras graves inconductas” fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 24 de septiembre pasado, y se sustenta en la “Convención de Belém Do Pará” y la Ley Nacional Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Según el relato de la supuesta víctima, el vocal de la Corte Suprema le propuso mantener relaciones sexuales para conseguir un ascenso que le correspondía por antigüedad pero que estaba ‘trabado’.  

“Me dijo que si teníamos sexo, se me iban todas las complicaciones”, declaró la denunciante, quien se desempeña desde hace una década como administrativa en el Poder Judicial. El delito habría ocurrido cuando Mayol solicitó una audiencia con el Vocal de la Corte para reclamar celeridad en el trámite y, en contrapartida, recibió una invitación para salir y “tener sexo para resolver el paso administrativo”.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre del año pasado. A partir de entonces, al acoso sexual se sumó el acoso laboral. “Se hizo imposible seguir ahí, pedí trabajar en otra área", añadió Mayol en una entrevista con TN cuando el caso se nacionalizó. Aunque recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, no obtuvo respuestas. “Me dijeron que no correspondía. Así de desamparadas estamos todas las mujeres en el Poder Judicial que está minado de este tipo de corrupción”, se lamentó.