Pese al informe que acredita el acoso sexual, la Corte archivó la denuncia contra Estofán
En Tribunales
El Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia tomó esa determinación haciendo caso omiso a la evaluación que realizaron un psiquiatra y una psicóloga a la presunta víctima. La palabra del abogado defensor.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió rechazar la nulidad interpuesta y archivar la causa que investiga al vocal decano Antonio Estofán por presunto acoso sexual. La denuncia contra el magistrado fue promovida en septiembre pasado por Elvira de las Mercedes Mayol, quien es representada ante la Justicia por el abogado Gustavo Morales. En diálogo con eltucumano.com el letrado anticipó que en el primer día hábil luego de la feria judicial presentará un recurso de reconsideración.
Según relató Morales, la denunciante de Estofán recibió por mail la notificación sobre la decisión que tomó el Máximo Tribunal de Justicia el 31 de diciembre, apenas unas horas antes del inicio del nuevo año. “Es muy sospechoso, genera suspicacias que la Acordada tenga fecha del 30 de diciembre y que notifiquen el 31”, observó el letrado al tiempo que indicó que “es una obviedad decir que la decisión no le ha caído bien a mi defendida pero está íntegra y convencida de que va a seguir haciendo lo que tiene que hacer”.
La denuncia de Mayol por “acoso sexual y otras graves inconductas” fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 24 de septiembre pasado, y se sustenta en la “Convención de Belém Do Pará” y la Ley Nacional Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Según el relato de la supuesta víctima, el vocal de la Corte Suprema de Justicia le propuso mantener relaciones sexuales para conseguir un ascenso que le correspondía por antigüedad pero que estaba ‘trabado’ en la oficina de Estofán.
“Me dijo que si teníamos sexo, se me iban todas las complicaciones”, declaró la denunciante, quien se desempeña desde hace una década como administrativa en el Poder Judicial. El delito habría ocurrido cuando Mayol solicitó una audiencia con el Vocal de la Corte para reclamar celeridad en el trámite y, en contrapartida, recibió una invitación para salir y “tener sexo para resolver el paso administrativo”.
“Me invitó a salir. Me dijo que si teníamos sexo, se me iban todas las complicaciones en el Poder Judicial”, señaló Mayol. “A partir de ese momento, sufrí acoso laboral. Se me han cerrado todas las puertas”.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre del año pasado. A partir de entonces, al acoso sexual se sumó el acoso laboral. “Se hizo imposible seguir ahí, pedí trabajar en otra área", añadió Mayol en una entrevista con TN cuando el caso se nacionalizó. Aunque recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, no obtuvo respuestas. “Me dijeron que no correspondía. Así de desamparadas estamos todas las mujeres en el Poder Judicial que está minado de este tipo de corrupción”, se lamentó.
Caso omiso a las pericias
El abogado Morales cuestionó que la Corte Suprema haya hecho caso omiso de los informes que acreditan el acoso que sufrió su defendida. Se trata, por un lado, de la pericia psiquiátrica que lleva la firma del médico José Alberto Mostajo (MP 1746) que revela un “trastorno de ansiedad mixta provocada por estrés permanente a nivel laboral (mobbing), que se agrava cuando reviste características de acoso sexual”. El profesional consideró a la luz de este diagnóstico que es “necesaria la reubicación laboral alejada del lugar que generó el cuadro”.
Por otro lado, la psicóloga Cecilia Soledad Valor (MP 3772) evaluó que Mayol presenta “un estado de ánimo depresivo y trastorno de adaptación”, por lo que sugiere “continuar con tratamiento psiquiátrico y medicación indicada para el alivio sintomático y preservar al organismo en situación de crisis actual que atraviesa la paciente”.
Morales reclamó que estos informes no fueron considerados por los integrantes de la Corte Suprema al momento de resolver el archivo de la causa contra Antonio Estofán por acoso sexual. Además, denunció “inexactitudes que, más que inexactitudes, son mentiras”.
“La Corte dice en la Acordada del 30 de diciembre que tiene que respetar el estado jurídico de inocencia porque no hay denuncia penal. Eso que yo llamo inexactitud, en realidad es una mentira, porque la Corte fue notificada que el domingo 27 de diciembre se había interpuesto una querella criminal (Expte. 55.334/20) contra el Vocal de la Corte por delitos de coacción agravada y abuso de autoridad. Es decir: la Corte sabía que había un causa penal contra Estofán".
Por otro lado, el lunes 28 de diciembre, Morales planteó por segunda vez un pedido de juicio político sobre la base del informe psiquiátrico del 14 de diciembre y psicológico del 18 de diciembre. “Esto no es una cuestión menor porque la Corte no dice absolutamente nada de esos informes”, subrayó el letrado al tiempo que denunció que el Máximo Tribunal “mira para otro lado” cuando se solicitan medidas tales como inspecciones oculares y la reconstrucción de los hechos “aún a costa de la revictimización de la señora Mayol”.
“Imaginen lo traumático que es para una víctima que tiene que participar de una medida en donde también interviene el Vocal decano, es decir, no sólo interviene su superior jerárquico, sino también la persona más antigua en la Corte y quien maneja el poder real”, analizó y completó en base a lo expuesto que “desde el punto de vista técnico esta Acordada es arbitraria y, desde el punto de vista argumentativo, es mentirosa”.
Según Morales, Estofán tenía pleno conocimiento del proceso en su contra porque “según los papeles estuvo trabajando hasta el 28”. Luego, pidió licencia los días 29 y 30. "La intención era decir 'yo no estuve, yo no sabía'", interpretó Morales sobre la ausencia del integrante de la Corte en esos días de efervesencia judicial en los que se redactó la Acordada a la que ahora Mayol y su abogado tienen ocho días hábiles para responder.
Sin jubilaciónMorales agregó que el magistrado "para huir de la situación en la que se encuentra apuró su trámite jubilatorio en ANSES". Sin embargo, esa posibilidad ahora se vería frustrada porque el organismo antes de otorgar la jubilación solicita un certificado negativo de remoción. Esto quiere decir que el funcionario no puede tener un proceso penal en trámite, ni un sumario administrativo, ni un pedido de juicio político para acogerse al beneficio.
