Exigen juicio y castigo para funcionarios del poder político denunciados por abuso

Las organizaciones que conforman Ni Una Menos Tucumán y la Multisectorial de

Mujeres conformaron la "Mesa Contra los Abusos del Poder Político". La iniciativa busca acompañar a las víctimas de casos de violencia de género cuyos responsables son funcionarios públicos que detentan poder.

 

El próximo 22 de noviembre se cumple un año de la denuncia por abuso sexual presentó la sobrina de José Alperovich tanto en Tucumán como en Buenos Aires. Sin embargo, la causa se encuentra paralizada en la Corte Suprema de Justicia a la espera de que se determine la competencia jurisdiccional.

 

El caso de la joven, no es el único en Tucumán, sino que a esta gravísima acusación se suman a las denuncias presentadas este año por "Lupe", quien denunció al legislador Ricardo Bussi por robo de identidad y por abuso sexual. 

 

A estos casos que tuvieron repercusión nacional, se les suman aquellas denuncias por violencia sexual y de género que involucran al intendente de Famaillá José Orellana, al vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Antonio Estofán y el concejal de Alberdi, Bruno Romano tienen como común denominador las demoras judiciales en las investigaciones, el silencio estatal, cuando no la protección directa y el ataque a las víctimas.

 

"Estamos en un contexto en el que la Justicia abandona a las mujeres, como le pasó a Paola Tacacho. No le prestaron atención a las trece denuncias que presentó ante la justicia y terminó asesinada. Es por esto que las distintas organizaciones feministas unificamos las fuerzas, las luchas y confluimos para coordinar acciones", expuso en diálogo con eltucumano.com Milagro Mariona, una de las referenes de la Mesa.

 

En esta dirección recalcó que buscan conseguir justicia y que se descubra la verdad. Tucumán fue el escenario de casos emblemáticos como el crimen de Paulina Lebbos, Marita Verón, el caso de "Lucía" y de "Belén". 

"Si no tenemos articulación y lucha en conjunto no tendremos justicia para las denunciantes y para poder acompañar y arrancar el juicio y castigo y la reparación de las víctimas", dijo la referente y además subrayó la situación de la denunciante de Bussi. "Empezó a estar el foco en las manipulaciones que tuvo o no entre Leiva y Pedicone. Se dejó de hablar de que hay una mujer que denunció por abuso a un legislador, eso quedó en un segundo plano", dijo.

 

Además, remarcó que entres sus prioridades figura el pedido de investigación de las denuncias contra Estofan y José Orellana, quien está esperando juicio y está procesado por abuso sexual, pero sigue en sus funciones. "La denunciante de Orellana logró que la Cámara de Diputados, donde sucedieron los hechos que ella denunció, repare de manera histórica y la nombre como planta permanente. Esto no dice que la misma Cámara de Diputados reconoce que los hechos sucedieron. Pero hasta ese momento, la Justicia abandonó a la denunciante", expuso Mariona.

 

"Mediante la acción conjunta y la lucha arrancar el juicio y castigo a los  responsables y la reparación para las víctimas. Sabemos que nos enfrentamos a la acción cómplice de la Justicia y de los gobiernos con estos abusadores y acosadores. Pero no nos van a amedrentar", reza un documento que difundieron desde la Mesa para exponer sus motivaciones y próximas acciones.

 "Casos en los que la violencia provenía del Estado, nos mostraron que el camino de la coordinación y la lucha es lo que nos permite enfrentar la violencia que proviene del Estado o de sus funcionarios, el encubrimiento y la impunidad. El gobierno no sólo no toma medidas efectivas, sino que ampara abusadores y violentos. El Estado tiene compromisos internacionales asumidos para erradicar la violencia contra las  mujeres y las disidencias. Eso se traduce no solo en hacer valer las normativas vigentes, sino también garantizar un acceso a la justicia con celeridad y sin revictimización", agregan.

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