Luego de un intenso y perseverante trabajo de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, en donde el rol de la juventud es preponderante, la Cámara de Diputados aprobó ayer la adhesión del estado argentino al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional vinculante para proteger los derechos humanos y la gobernanza ambiental, que contiene disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, celebró la aprobación del Acuerdo de Escazú para Argentina, luego de conocerse el resultado afirmativo de la votación de Diputados. “La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, reconoció el titular de Ambiente.
El Tratado fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos; desde entonces se esperaba su aprobación en el país.
La presente validación representa una garantía más del Estado nacional hacia la ciudadanía en relación a la adopción de acciones concretas tendientes a la equidad ambiental. En tal sentido, Cabandié afirmó: "es de suma importancia la ratificación de este acuerdo regional porque se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la justicia ante determinadas circunstancias".
El Ministro consideró al acuerdo como “sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó el compromiso de la “militancia juvenil” como impulso para la aprobación de este instrumento. “Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, dijo el funcionario, quien fue convocado meses atrás para conversar sobre el tema en una reunión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado.
Escazú es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Se trata de una medida fundamental teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe es la región del mundo donde ocurrieron la mayor cantidad de crímenes contra militantes ambientalistas, según el reporte de Global Witness.
A favor y en contra
El proyecto, que había sido aprobado por unannimidad el pasado 13 de agosto en el Senado, se sancionó este jueves en la Cámara de Diputados con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones. El debate contó con la presencia en los palcos del recinto de jóvenes de organizaciones de la sociedad civil abocadas a la temática.
Los votos en contra fueron de los macristas Gustavo Hein (Entre Ríos), María Carla Piccolomini (Buenos Aires), Francisco Sánchez (Neuquén) y Pablo Torello (Buenos Aires). En tanto se abstuvieron el macrista Alfredo Schiavoni (Misiones) y la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá (Buenos Aires).
Miembro informante del oficialismo, Eduardo Valdés enfatizó que “Argentina, al aprobar este proyecto, está recogiendo la bandera levantada por miles de jóvenes a lo largo y ancho del país y reconociendo una demanda histórica de nuestras comunidades” que requieren “mayores niveles de compromiso de los gobiernos y reclaman por la transparencia en la información ambiental y por más y mejores mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones”.
A continuación, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, destacó que con este tratado se genera “un nuevo paradigma de democracia ambiental” y resaltó que haya sido “resultado del acuerdo de distintos actores”. “En el 2019 fueron asesinadas 212 personas en el contexto de la defensa de la tierra y cuidado del medio ambiente”, detalló el oficialista y sumó que “dos de cada tres asesinatos fueron en nuestro continente”.
Grosso remarcó la necesidad del acceso a la información porque “necesitamos todos saber qué hacen con los bienes de todos”, y valoró el crecimiento de “la participación pública en los últimos años”. “Cada vez tenemos más muertos por defender al medio ambiente, porque cada vez avanzan más y más sobre nuestros recursos naturales, cada vez se depreda más el planeta”, sostuvo.
En contra de la iniciativa, Romina Del Plá criticó que “se hace una mega alabanza de este Acuerdo pero no se está planteando que la minería está haciendo estragos en el país. ¡La megaminería contaminante no se ha detenido ni un solo segundo durante la cuarentena!”. Anunciando la abstención, la legisladora del Frente de Izquieda cuestionó el acuerdo con China para la exportación de carne porcina, y el no tratamiento de un proyecto para suspender por dos años los desmontes o el debate de la ley de humedales. “Mi voto es para llamar la atención de que efectivamente con la aprobación de este Acuerdo no se avanza ni un milímetro para proteger al ambiente”, argumentó.
Desde el bloque Pro, Camila Crescimbeni dijo que “Escazú es un primer paso hacia un camino de reactivación verde, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible en el centro. No es el fin, sino el inicio de un trabajo que tenemos que seguir haciendo desde los diferentes gobiernos y partidos políticos, porque defender el ambiente es una política de Estado”.
En tanto, Graciela Camaño subrayó la enorme “diversidad” ambiental de América Latina, como “un verdadero patrimonio de la humanidad”, pero advirtió que en la región “nos falta recorrer un largo camino para tener una política de ambiente”. “Escazú es un compromiso en la defensa del ambiente que se lo pone en manos de quienes más lo van a defender, porque este convenio pone en manos de los pueblos y los jóvenes la defensa del ambiente”, celebró la diputada de Consenso Federal.
A su turno, la radical Brenda Austin ponderó el objetivo del tratado de “luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales” y llamo la atención sobre la necesidad de que la Argentina “refuerce y tome en serio todos los marcos normativos que tiene nuestro país” en esta materia.
Uno para los 11
Argentina se suma a los países que ya lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los Estados parte de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
