Buscan que la Legislatura de Tucumán apruebe un "Código de Ética Judicial"

Con la crisis que atraviesa el Poder Judicial de Tucumán como telón de fondo, en la Legislatura provincial avanza un proyecto de ley que propone la puesta en vigencia de un “Código de Ética Judicial” que regule la actuación de los magistrados. 

El autor de la iniciativa, el legislador Raúl Albarracín (Partido de la Justicia Social-PJS), sostuvo en diálogo con eltucumano.com que el objetivo de la norma es “mejorar la calidad de las resoluciones judiciales para así devolver la confianza en las instituciones”. Para ello también está previsto dentro de la iniciativa la creación de una Comisión Provincial de Ética Judicial que vele por el efectivo cumplimiento del Código.  

“El origen de este proyecto está en la necesidad de brindar criterios objetivos y delimitar principios y obligaciones que hacen a un correcto, útil y buen desempeño de la magistratura judicial”, explicó el legislador del PJS y evaluó que “la actual y vigente crisis que pesa sobre la Justicia torna necesario adoptar medidas que devuelvan la confianza”.

Sobre el proyecto de ley, fechado el 7 de septiembre, aportó que “un Código de Ética Judicial, como cualquier ordenamiento, supone una división de la conducta que pretende regular en lícita e ilícita y, de esta manera, sirve de guía para sus destinatarios”.

Albarracín destacó que el proyecto está basado en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial del 2 de abril de 2014 (fruto de la XVII Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Santiago de Chile) “por entender que su contenido, fruto del trabajo de notables juristas, es el paradigma a seguir”.

El Código desarrolla una serie de “virtudes”, que tienden a aumentar la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en los jueces, como la independencia, la imparcialidad, la dignidad, el decoro, la cortesía, la integridad, la diligencia, la transparencia. Otras "virtudes" mencionadas, -como la motivación, la justicia, la equidad, el conocimiento, la capacitación, la prudencia-, tienen como objetivo arribar a mejores resoluciones judiciales.

“Muchas de estas virtudes sirven a ambos fines y es claro que, si aumenta la justicia de las decisiones, aumenta la legitimidad y que, si aumenta la legitimidad, la justicia se impone más fácilmente y se expande en toda la sociedad”, desarrolló el parlamentario quien destacó la necesidad de poner en valor la dimensión ética en la labor judicial: "en un mundo donde todo es relativo, se hace necesario volver a un marco objetivo, para que las decisiones no queden limitadas únicamente al fuero interno de cada juez". 

El proyecto también prevé la creación de una Comisión Provincial de Ética Judicial integrada por siete miembros titulares, siete miembros suplentes y un secretario ejecutivo, elegidos por cuatro años con posibilidad de reelección. Los cargos, en la propuesta, son "honoríficos". En cuanto a la composición, Está previsto que dos miembros sean elegidos entre los abogados matriculados del foro local mediante elecciones, uno de ellos por el Colegio de Abogados de Tucumán y otro por el Colegio de Abogados del Sur. Un miembro escogido de la planta docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), otro por el Poder Ejecutivo y tres por el Poder Legislativo (dos por la mayoría y uno por la minoría). 

Las principales funciones asignadas a la Comisión de Ética Judicial, a su vez, serán las de “observar el cumplimiento de los principios y realizar un seguimiento de la labor de los magistrados”. 

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Consultado acerca de la marcha convocada para pedir seguridad y justicia luego del asesinato de Ana Dominé -en donde se lanzaron durísimas acusaciones contra el Sistema Judicial, Policial y Carcelario-, Albarracín dijo no haberse sorprendido por el malestar social expresado frente a la Casa de Gobierno el miércoles por la noche. 

“Es fundamental que estos tres sistemas funcionen adecuadamente y en sintonía para  vencer la inseguridad y la delincuencia”, sostuvo el legislador al tiempo que cuestionó el “garantismo” y la denominada “puerta giratoria” a la que hicieron mención los manifestantes que denunciaron durante la protesta la existencia de una "mafia judicial" que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. 

“Los jueces deben generar la legitimidad necesaria para ser merecedores de la confianza de la gente y tener las destrezas que su profesión demandan para poder hacer justicia y convencer a sus conciudadanos de las decisiones que toman”, expuso y añadió que “la buena conducta que exige a los magistrados la Constitución Nacional abarca la respetuosa actuación dentro y fuera del tribunal y excede el ámbito de las normas, para abarcar principios éticos”. 

 

En este sentido, sostuvo que el proyecto -que también lleva la firma de los legisladores Federico Masso y Walter Berraducci- es “propositivo” frente a la realidad que vive la Provincia y “no buscar denostar a nadie”, por lo que confía en que el trámite avanzará  en las comisiones antes de bajar al recinto. Sin embargo, anticipó que en paralelo “socializará” la propuesta en los Colegios de Abogados y también en la Facultad de Derecho de la UNT para poder “nutrir con aportes y sugerencias la propuesta y que sea lo más participativa posible”.