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En qué consiste el proyecto de granjas industriales de cerdos y porqué genera tanta polémica

Acuerdo con China

El Gobierno nacional presentó un ante-proyecto al régimen de Xi Jinping y anunció que la firma "se atrasará" hasta noviembre. Preocupación por el daño ambiental que puede ocasionar una industria que demanda 1,5 millones de litros de agua diarios, más soja y desmontes en medio de una crisis climática sin precedentes.




Tras varios meses de intensas negociaciones y de un deliberado hermetismo, en los últimos días se filtró el ante-proyecto que elaboró el Gobierno nacional con el fin de lograr la instalación de granjas industriales de cerdos para abastecer a China, país que sufre el faltante de oferta tras el brote de fiebre porcina africana registrado en 2019. En este contexto, medios porteños aseguraron que el Gobierno de Tucumán ya dio a conocer su interés a la Nación para recibir estos emprendimientos. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, sin embargo, sólo confirmaron que "hubo un ofrecimiento para NOA y NEA" pero que, en cualquier caso, el gobernador Juan Manzur tendrá la última palabra. 

Portada del Documento Oficial del Gobierno Nacional para la Instalación de Granjas Industriales de Cerdo en Argentina. 

Conscientes de la polémica que una iniciativa de estas características puede despertar en una ciudadanía sensibilizada por la pandemia de Covid-19, -un virus de origen zoonótico que pasó de un animal a un humano por prácticas desaconsejadas en el consumo de carne animal-, la Cancillería que conduce Felipe Solá busca "blindar" el acuerdo que podría significar una inversión de $4.000 millones de dólares en seis años. En la vereda de enfrente, organizaciones ambientalistas, de defensa de derechos de los animales, partidos agrupados en el Frente de Izquierda (FIT) y ciudadanos independientes vienen denunciando el grave impacto ambiental que podría ocasionar  una industria que demanda 1,5 millones de litros de agua por día y que obligaría a extender la frontera agropecuaria, a fuerza de desmontes, para plantar maíz y soja transgénica que abastezca a las megafactorías. 

El acercamiento con China, según reveló el periodista Patricio Eleisegui, comenzó en enero de 2020 con conversaciones "entre privados" y recién dos meses más tarde, en marzo, tomaron un "tono oficial" cuando se involucraron ambos gobiernos. 

Del lado argentino, Solá es quien lleva adelante las negociaciones junto al tucumano Jorge Neme, actual secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería. Según informó IProfesional, fue Neme quien recibió en las últimas semanas a funcionarios de Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca que oficializaron "el interés por ser parte del requerimiento chino". 

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores revelaron sobre ese encuentro que cada uno de los funcionarios detalló "distintos aspectos de las provincias en lo que fue una apertura de los diálogos con Neme" y que, a su turno, "los representantes de esos distritos ofrecieron desde instalaciones en las que ya se cría y faena ganado porcino hasta la posibilidad de empezar a construir granjas por su cuenta con tal de recibir la inversión, como se propone desde Tucumán".

Consultado por este diario, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Luis Fernández, negó haber participado de una reunión con funcionarios de la Cancillería para abordar los alcances del Complejo Tecnológico Exportador Porcino 20-30, aunque sí confirmó que "el ofrecimiento es para el NOA y NEA". 

"Conmigo no charló nadie sobre el tema; es un asunto que finalmente lo tiene que resolver el Gobernador, si se hace o no se hace y si hay inversión externa", sostuvo el funcionario, quien dijo tener "muy clara su opinión" sobre la iniciativa, aunque aclaró que "de ninguna manera es oficial". "El Ministerio de Desarrollo Productivo no mostró un interés particular (sobre la instalación de granjas industriales en Tucumán). Tampoco es un tema que vayamos a desechar, pero la respuesta oficial sólo la puede dar el Gobernador", insistió Fernández.   

Millones de litros de agua, soja e infraestructura 

El proyecto elevado por el gobierno de Alberto Fernández al régimen de Xi Jinping busca garantizarle hasta 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo a China y contempla el desarrollo de megafactorías con capacidad para albergar a 300.000 madres. 

Si bien hasta el momento no hay definiciones de ningún tipo, Eleisegui informó en su artículo que "muy cerca de la cartera de Agricultura reconocen que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias que marchan al frente en términos de eventuales primeros destinos de inversión". Esta versión pone en duda, en principio, la afirmación que había hecho Neme en un encuentro virtual por Zoom con dirigentes del Partido Justicialista (PJ), -y a la que aludió Fernández en el contacto con eltucumano.com-, en donde adelantó que las granjas industriales se instalarían el NOA y NEA debido a la disponibilidad de maíz.  

Según el documento al que accedió iProfesional, la intención del Gobierno nacional es impulsar granjas de 12.000 hembras cada una dotadas con plantas de prensado de soja y maíz transgénicos -para la alimentación del ganado porcino-, instalaciones de balanceado, frigoríficos para la exportación de lo faenado y áreas de empaque.


Los módulos, a su vez, se instalarían en zonas dotadas con establecimientos agropecuarios de al menos 100 hectáreas. Y en puntos del país que garanticen la disponibilidad de al menos 17.000 hectáreas de maíz y soja. "Este aspecto recorta las posibilidades de las provincias que carecen de estos transgénicos para el forraje",  resaltó Eleisegui. 

Uno de los aspectos más polémicos de la propuesta es el que revela la cantidad de agua que insumirá cada una de estas megafactorías para la cría intensiva de animales para consumo, ya que el proyecto remarca que las granjas se levantarán en áreas que puedan aportar un flujo de agua del orden de los 1,5 millones de litros diarios. 

Otra pauta establecida en el proyecto es que la producción intensiva se llevará a cabo en "terreno consolidado no inundable en los últimos 50 años".



Un dato no menor es que las provincias que procuren ofrecer su territorio para la radicación de estos complejos deberán contar con "una buena infraestructura" en términos de caminos, disponer de conexión ferroviaria y, además, garantizar mano de obra. La postura oficial, de acuerdo al proyecto, comprende el "aprovechamiento de los recursos presentes en la locación, como así también de los productos secundarios que se generen de la industrialización in situ de los diferentes procesos".  



El ante-proyecto elevado por la Cancillería argentina al Gobierno chino, -disponible sólo en idioma inglés-, fue difundido por los promotores del Pacto Ecosocial y Económico en Argentina a través de su página web.  

Negocios en el Tercer Mundo    

El año pasado, debido al brote de fiebre porcina africana, China aniquiló al 40% del ganado porcino, lo que generó una importante escasez de este producto en el gigante asiático. El conflicto no es menor en un país que alberga a 1.400 millones de habitantes y que, a partir de su monumental crecimiento económico, está modificando su dieta a la 'manera occidental', incorporando proteínas a su mesa. Pero el problema no se agota en la falta de oferta: los modos de producción chinos quedaron bajo la lupa a raíz de la pandemia de Covid-19, un virus cuyo origen la ciencia trata de establecer pero que ya tiene por seguro que pasó de un animal a un humano por prácticas desaconsejadas en el consumo de carne. 

Para cubrir la demanda y, al mismo tiempo, salir de la posición de 'acusado' de producir pandemias en su territorio, el régimen de Xi Jinping salió al mundo a buscar dónde establecer granjas para la producción 'industrial' de animales. La mirada del líder chino se posó entonces sobre el Tercer Mundo: África y América Latina.  

Por su parte, el Gobierno argentino se aboca a conseguir inversiones que redunden en dólares para la golpeada economía nacional que ahora, además de sus problemas históricos, se ve afectada por una pandemia cuyos resultados sanitarios y económicos aún son inciertos e imprevisibles. El 'salvavidas chino' consiste, entonces, en desarrollar durante seis años años megafactorías que permitan a Beijing recuperar el stock de carne que perdió a partir de la matanza de cerdos de 2019. 

Para este objetivo, Argentina ofrece mejores condiciones que Brasil debido a la depreciación de la moneda en relación al dólar. "Si bien Brasil es el socio comercial predilecto en esta región, las sucesivas devaluaciones argentinas redireccionaron el interés de los chinos, que en Asia producen un kilo de carne de cerdo a razón de los 2 dólares de inversión mientras que aquí podrían generarlo por apenas 70 centavos de la misma moneda", explicó Eleisegui. 

A la par, la ausencia de inversiones provenientes del exterior por efecto de variables que van desde el status de país de riesgo financiero que ostenta la Argentina hasta el parate económico mundial, han hecho de este proyecto prácticamente una obsesión para el gobierno y un pelotón cada vez más grande de provincias  pelean por las granjas porcinas. 

El costo ambiental

El 25 de agosto pasado, organizaciones ambientalistas, de defensa de derechos de los animales y partidos que integran el Frente de Izquierda (FIT) salieron a las calles de protestar contra el Acuerdo con China bajo la consigna "Basta de Falsas Soluciones". En Tucumán, los activistas se reunieron frente a Casa de Gobierno y con pancartas y máscaras de cerdo exigieron al Gobierno nacional y provincial desistir de firmar cualquier tratado sin una consulta popular previa, al entender que se trata de "una cuestión de Estado". 

En este sentido, una decena de organizaciones señalaron que la instalación de granjas industriales de cerdos implicaría "un giro en el modo de producción" que comprometería los recursos naturales del país y, por lo tanto, privaría a las generaciones presentes y futuras de vivir en un medio ambiente sano, derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Asimismo, expresaron su preocupación por la persistencia de la dirigencia argentina en apostar por un modelo de desarrollo asentado en el extractivismo, aún en un contexto en donde la pandemia evidenció los límites de una economía que no contempla el agotamiento de la naturaleza.  

"Queremos un debate serio, científico y profesional sobre este tema porque esto ya sucedió en otros lugares del mundo. España, por ejemplo, tuvo que pedir un préstamo multimillonario a Holanda para poder sanear y cerrar definitivamente las factorías de cerdos. Ya sabemos lo que han producido", señaló Ivana Acevedo, referente de la organización animalista Libera! en Tucumán, quien a través de un megáfono le puso voz al reclamo de las organizaciones que también pidieron explicaciones sobre cuánto empleo se generaría y de qué calidad.

"Siempre nos corren por el lado populista y enfatizan que se tratan de emprendimientos que crearán nuevas fuentes de trabajo. Sin embargo, nada dice el Gobierno sobre la calidad de esos trabajos. Tampoco hacen referencia los funcionarios a la contaminación que genera la producción intensiva de animales por los excrementos y la orina que no reciben tratamiento o sobre el daño que producen los antibióticos que utilizan para mantener a los cerdos en esas condiciones", resaltó Acevedo al tiempo que pidió considerar que las megafactorías "no se instalan en medio de la nada". 

"Cuando se instalan estos megaemprendimientos, la biodiversidad del lugar se ve afectada porque, junto con los animales, se debe extender la frontera agrícola para cultivar soja y maíz para alimentarlos, al tiempo que se utilizan más agroquímicos. A esto hay que sumarle que la industria cárnica utiliza grandes cantidades de agua. Nadie puede vivir sin agua limpia para beber o cultivar una planta. Es un derecho básico que se va a ver vulnerado", anticipó la activista. 

De septiembre a noviembre

Apenas un par de días después de la marcha del #25A, trascendió a través de la prensa que la Nación firmaría un pre-acuerdo con China el martes 1° de Septiembre. El activismo, entonces, se volvió a organizar contrarreloj y organizó una "convocatoria urgente" para el 31 de agosto en todo el país para exigir una consulta popular o, en su defecto, que la iniciativa se debata en el Congreso al tratarse de "una cuestión de Estado".  

La movida en redes sociales durante el fin de semana pasado tuvo una respuesta por parte de la Cancillería Argentina, que publicó el domingo a última hora un tuit en donde informaba que la firma del Memorándum de Entendimiento con China "se atrasará" hasta el mes de noviembre. 

"Hemos incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre", justificaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la previa de la marcha del #31A. 

El anuncio fue tomado con mesura por parte de las agrupaciones que se oponen a la instalación de megafactorías en Argentina. "Esta es una muy buena noticia, una batalla ganada, pero creemos también que puede ser parte de una maniobra para enfriarnos, para que digamos 'ya logramos algo' y nos quedemos en la casa, que no salgamos a la calle a marchar", sostuvo Ayi Zurita, representante de "El Cubo de la Verdad Tucumán", una de las organizaciones que este lunes presentó una carta al gobernador Juan Manzur para expresar su reclamo.  

"Ahora, con más razón, tenemos que salir porque el Gobierno está reconociendo que estaba por firmar un acuerdo totalmente ilegal de espaldas al pueblo. Volveremos a protestar porque este anuncio es fruto de una lucha de toda una sociedad que no quiere la instalación de las granjas", analizó la activista en diálogo con eltucumano.com. 

En una postura más férrea, Ivana Acevedo, de Libera! Tucumán, denunció que el gobierno "nos toma por idiotas". "Siempre estuvo previsto que el acuerdo con China se firme en noviembre. Ahora dicen que 'se atrasa' para incluir artículos que contemplen lo ambiental, pero la realidad es que no hay ninguna modificación al plan oficial de instalar megafactorías en todo el país", denunció. 

En este mismo sentido,  Alejandra García, referente de la Fundación Franz Weber en Argentina y directora del Santuario Equidad, respondió al tuit de la Cancillería denunciando la "manipulación" de la información referida a la firma del Acuerdo. "Esa manipulación de la información es dolorosa e imperdonable: siempre habían dicho que se firmaba en noviembre. Queremos debate público en el Congreso. No hay consenso social ni democracia haciéndolo de otra manera", expresó. 


"Estamos en medio de una pandemia que ha sido originada por el descontrol en el consumo de proteína animal y, de pronto, queremos traer aquí lo que ha fracasado en otros países. Ya sabemos que producir animales en un contexto de hacinamiento genera enfermedades adentro de estos establecimientos. No queremos ser el país de la próxima pandemia", subrayó Acevedo e insistió en los "efectos colaterales" de la instalación de granjas industriales. 

"Tal como sucedió con la minería, en algunos años estas empresas levantarán sus cosas y se irán del país. Mientras tanto, ¿qué pasa con la gente?. Nos dicen que van a dar fuentes de trabajo, sí, pero, ¿cuántas personas van a trabajar? ¿es una fuente de trabajo genuina, masiva, saludable para una persona? ¿es algo que todos quisieran hacer o es un trabajo que van a hacer los mismos de siempre porque no les queda otra?", preguntó.