Contaminación: exigen respuestas a la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura

En medio del conflicto que disparó en plena pandemia las denuncias de los vecinos del interior provincial por la contaminación producida por los ingenios azucareros, el legislador Raúl Albarracín (PJS) reclamó a su par Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) que, en su calidad de presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, atienda los pedidos de informes solicitados por la oposición sobre diversos temas vinculados a la calidad ambiental. 

“En el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos se han restringido un sinnúmero de cuestiones para poner en valor y en protección la salud y la vida, sin embargo, la contaminación del ambiente es la causante del 80% de las enfermedades y no estamos siendo coherentes: si nos importa la salud de la gente, tenemos que atender todos los factores que afectan a la población”, sostuvo el legislador del Partido de la Justicia Social, quien advirtió en diálogo con eltucumano.com que la fuerte campaña desplegada por el Estado para evitar contagios por Coronavirus está perdiendo de vista las dificultades que a diario deben enfrentar los vecinos de localidades como Monteros, Alberdi, Banda del Río Salí, Aguilares, Villa La Trinidad y León Rougés, por su proximidad con los ingenios azucareros. 

En relación a esta problemática, Albarracín reclamó que Vargas Aignasse tramite el pedido de informe que presentó el 19 de junio pasado para que los funcionarios de Ambiente detallen cómo se están realizando los controles de las fábricas durante la zafra en cumplimiento de la Ley 7.460 sancionada en 2004. En la nota presentada por Mesa de Entradas se solicita, específicamente, que se informe si todos los ingenios de la Provincia cuentan con los filtros establecidos por la Ley 7.460; el grado de cumplimiento de la normativa en las fábricas; el estado de funcionamiento de las mismas; los controles que la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) está llevando a cabo y las infracciones o sanciones impuestas por esa cartera a los empresarios que infringen las normas.    

Albarracín, quien presidió la comisión de Medio Ambiente en el periodo anterior y ahora es uno de sus integrantes, sustentó su pedido de informes en “las reiteradas denuncias recibidas por parte de los vecinos de distintas localidades que, ante el comienzo de la zafra, se vieron afectados por la presencia constante de una capa contaminante sobre la atmósfera -producto del hollín y materiales particulados- que emanan de las chimeneas de las fábricas, ocasionando un severo daño ambiental y a la salud de las personas”. 

Debido a la falta de respuestas por parte de Vargas Aignasse al petitorio, otro legislador del bloque del PJS, Raúl Pellegrini, solicitó el 15 de julio pasado la citación del secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, para que “informe de manera detallada las acciones y medidas preventivas que se han adoptado para evitar la contaminación atmosférica como consecuencia del hollín u otras partículas que arrojan los ingenios azucareros”.   

Albarracín reparó en que “además de un problema ambiental, aquí también tenemos un problema institucional”. “El hecho de que el vecino tenga que salir a protestar en medio de una pandemia es una muestra de la ineficiencia de los resortes institucionales con los que contamos. Si desde la Legislatura hubiéramos diligenciado los pedidos de informes, tal vez los vecinos no hubieran salido a la calle, pero lo hacen porque están en un estado de indefensión total por la ausencia del Estado y por la falta de controles de las instituciones que tienen que cumplir con esa tarea”, evaluó. 

Sobre el caso de los ingenios indicó que “la SEMA es la autoridad de aplicación y la Legislatura tiene que controlar al que controla la aplicación de la ley. Esto es lo que no se ha hecho desde la comisión de Medio Ambiente, por eso, ahora vamos por lo más fuerte que es el pedido de citación de Montalván a la Legislatura”, disparó el legislador al tiempo que pidió celeridad y un papel más activo de la comisión que sólo se reunió dos veces desde que asumieron las autoridades en octubre de 2019.

"Durante la sesión del jueves pasado hice el pedido a Vargas Aignasse y se comprometió a darle trámite a los pedidos de informe y a la citación misma de Montalván", destacó el dirigente oriundo de Concepción, que en la Cámara utilizó una "fina ironía", según sus propias palabras, para cuestionar el rol de Vargas Aignasse al frente de la comisión de Medio Ambiente. "El que mucho abarca, poco aprieta dice el dicho. Vargas Aignasse preside la comisión de Seguridad, de Medio Ambiente y también es el vicepresidente de la Cámara. Tiene un cúmulo de responsabilidades concentradas en su persona y lo que vemos es que, al menos a la comisión de Medio Ambiente, no se está dedicando. Los hechos y las estadísticas así lo demuestran: siendo generoso hubo dos reuniones y no sé si incluso una sola. Es una vergüenza teniendo en cuenta que en ese ámbito se abordan problemas graves en la Provincia que, en esta época, tienen su mayor conflictividad".    

  

A los pedidos de informes y de citación al secretario de Medio Ambiente de la Provincia por la problemática de los ingenios azucareros, se suman otros tres expedientes que aún no tuvieron respuestas por parte de la comisión de Medio Ambiente en la Legislatura y que versan sobre la mortandad de peces registrada en el río Salí a principios de junio; la denuncia de los vecinos de Romero Pozo por la vinaza que se riega en los caminos y los obliga a convivir con olores nauseabundos y moscas y la tala indiscriminada de árboles en La Florida durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). 

El 08 de junio pasado, Hugo Terán, un pescador aficionado denunció públicamente y ante la SEMA la mortandad de peces en la zona conocida como "la cola del Frontal", que se encuentra navegando el río Salí hacia el sur provincial. En la primera salida que pudo hacer luego de que se habilitara la pesca deportiva en la Provincia tras la cuarentena, Terán se encontró con miles de peces muertos que golpeaban contra su gomón.    

"Me indigna lo que hacen los ingenios. Habíamos salido con la expectativa de hacer pesca deportiva con devolución y nos damos con este volumen de peces muertos. Eran miles y miles; la mayoría estaban muertos, pero algunos estaban sacando la boca a punto de morirse", relató Terán en esa oportunidad a La Gaceta y señaló a los ingenios como los causantes del ecocidio: "el origen del problema es la vinaza que arrojan los ingenios como subproducto del alcohol; la vinaza le quita el oxígeno al agua y los peces no pueden respirar", explicó al matutino. "Hay un protocolo de protección medio ambiental que, por ejemplo, te obliga a la pesca con devolución del dorado y, al final, esas medidas parecen ridículas ante un ingenio que contamina 100 kilómetros de río y mata millones de peces", denunció. 

Habiendo tomado estado público la denuncia de Terán, Albarracín solicitó de manera "urgente" a la comisión de Medio Ambiente que se requiera a Montalván un informe técnico sobre la situación del río, las causas que condujeron a la muerte de los peces y las medidas que se vienen llevando adelante para el control y monitoreo de las cuencas hídricas de la Provincia especialmente en épocas de mayor auge industrial. El pedido de informe, fechado el 09 de junio pasado y fundamentado en la "incipiente mortandad de peces, posiblemente asociado al vertido irresponsable de efluentes industriales", aún no obtuvo respuesta. 

El reclamo de los vecinos de Romero Pozo, localidad ubicada en el departamento de Leales, también espera una respuesta. El 09 de junio ingresó por la Mesa de Entradas de la Legislatura un pedido de informe a la SEMA a través de la comisión de Medio Ambiente que preside Vargas Aignasse, para que desde esa cartera se brinden explicaciones sobre la situación ambiental tras el riego de caminos y campos con vinaza, técnica denominada 'fertirriego'. 

"Sustenta mi pedido las reiteradas denuncias recibidas por los vecinos de la mencionada localidad sobre estos procedimientos, lo cual, según lo manifestado por los denunciantes, les ocasiona serios problemas sanitarios y ambientales a los pobladores de la zona afectada", reza la nota que lleva la firma de Albarracín.     

El 12 de junio otro pedido de informes fue solicitado a la comisión de Medio Ambiente, esta vez, para conocer la situación ambiental del Parque Provincial La Florida, la primer área protegida provincial de la Argentina, creada en 1936 por la Ley 1.646. Según denunciaron los vecinos de la zona, durante la cuarentena hubo tala indiscriminada de árboles en esa zona, que tiene carácter de reserva natural estricta y es un sitio privilegiado de observación de aves.  

"Sumando la sólida convicción de que con la tala indiscriminada de árboles hay una pérdida irremediable de todo un ecosistema forestal conformado por fauna, flora, suelo y relaciones ecosistémicas, es que solicito un informe pertinente sobre los controles ejercidos por la SEMA ante la descripta situación y conocer cuáles fueron las causas, razones o motivos por los que se procedió a extraer especies arbóreas de la mencionada Reserva", expresa la nota que tampoco obtuvo respuesta hasta el momento. 

"No es coherente el Estado en restringir actividades en protección de la salud y la vida de la gente y por otro lado hacer la vista gorda sobre la contaminación y la degradación ambiental porque, justamente, la contaminación y la degradación del agua, el suelo y el aire nos traen un montón de enfermedades", resaltó el dirigente del PJS e indicó que "salvo honrosas excepciones de gestiones locales que han fijado dentro de su agenda política la cuestión ambiental como prioridad, aun no hay conciencia en la dirigencia tucumana sobre la necesidad de conservar el ambiente y sobre la vinculación entre medio ambiente y salud pública".  

"Hemos tenido avances en algunos aspectos pero falta, falta mucho, hay muchos temas pendientes en materia ambiental", analizó Albarracín en cuanto a las políticas públicas destinadas a garantizar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 41. 

En este sentido reflexionó que "tenemos que adoptar el concepto del desarrollo sostenible y dejar en el pasado las actitudes de los empresarios y los industriales que que toman de rehenes a los trabajadores que viven en esos mismos pueblos y les dicen que si hacen las inversiones, se quedan van a quedar sin empleo. La producción y el progreso ya no están reñidos con el cuidado del medio ambiente, lo que hay que hacer es cumplir con la ley".