Miedo por la liberación de los asesinos del comunero Chocobar

En la comunidad indígena de los Chuschagasta ubicada en el departamento de Trancas hoy reina el miedo y la indignación. Es que a casi dos años de la condena que recibieron Darío Amín, Luis Humberto Gomez y Eduardo Valdivieso por el crimen del comunero Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009, los condenados fueron liberados por la justicia al no quedar firme la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En la comunidad temen una venganza. La cineasta salteña Lucrecia Martel se expresó al respecto. 

“Nueve años tuvimos que esperar para que el Poder Judicial, blanco, occidental y fascista, deje de hacer oídos sordos y escuche nuestro grito de justicia por el asesinato de nuestra autoridad, comunero, padre, tío, hermano, hijo. Luego de un proceso judicial traumático y viciado, y tras un fallo favorable que condenó a los asesinos Darío Amín, Luis Humberto Gomez y Eduardo Valdivieso, creímos que podríamos comenzar a dar un cierre a esta década de miedo y dolor, y seguir adelante reconstruyendo nuestra vida en comunidad, a pesar de que nadie nos va a devolver a Javier. Sin embargo, como de costumbre, el Poder Judicial y las personas que lo integran, una vez más actúan en connivencia para hacer prevalecer el poder de los terratenientes por encima de nuestros derechos humanos y ancestrales como pueblos originarios”, establece el comunicado que dieron a conocer el miércoles pasado los representantes de la comunidad indígena en el que responsabilizan a la justicia por la liberación de los condenados: “La justicia racista no hace más que acentuar las desigualdades y violencia que desde hace más de 500 años venimos sufriendo y resistiendo los pueblos originarios. Nos preguntamos ¿cuándo los pueblos originarios dejaremos de ser ciudadanos de segunda para el Estado y la Justicia en Argentina?”.

En otro fragmento del documento, los integrantes de la comunidad expresan el temor en el que viven ya que después del crimen y durante el proceso judicial han recibido múltiples amenazas: “No vamos a renunciar al pedido de Justicia para nuestra Autoridad Tradicional y nuestro Pueblo. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que de una vez por todas deje de dilatar los plazos y haga firme la sentencia condenatoria a los asesinos Dario Amin, Luis Humberto Gomez y Eduardo Valdivieso, de 22, 18 y 10 años de prisión respectivamente, en cárcel común. Exigimos el resguardo urgente de la vida de toda nuestra Comunidad en su conjunto y hacemos responsables a las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, al juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira, a la Corte Suprema de Justicia Tucumana y al Poder Judicial, ante cualquier hecho de violencia que puedan sufrir las y los Chuschagasta”. 

El 12 de octubre de 2009, el terrateniente Darío Amín y los ex policías Luis "El Niño" Gómez y José Valdivieso irrumpieron en la comunidad de Los Chuschagasta y atacaron a balazos a sus integrantes. El tesorero, Javier Chocobar, murió en el acto, mientras que otro comunero fue herido de gravedad y un niño sufrió lesiones. El crimen del comunero quedó registrado en una filmación. En el juicio que se llevó a cabo nueve años después, Amin, Gómez y Valdivieso fueron condenados a 22, 18 y 10 años de prisión respectivamente.

Por su parte, la cineasta salteña Lucrecia Martel, quien prepara un documental sobre el caso, publicó ayer con motivo de una nueva conmemoración de la declaración de Independencia una carta en la que denuncia la liberación de los condenados. A continuación la misiva:

“La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia.” Esto dice nuestro código penal para garantizar que inocentes no permanezcan en prisión demasiado tiempo. Los que padecen la cuarentena piensen en dos años de encierro.

Pero estamos hablando de asesinos. En esos dos años la justicia no pudo dejar firme la sentencia que condenó a los asesinos de Javier Chocobar. Por eso los asesinos de Javier Chocobar están libres.

Un día este país se desayunará con la importancia histórica de este juicio que se demoró 9 años en hacer, donde fueron condenados y que por la ineficiencia vergonzosa de la Justicia liberan nuevamente.

La lentitud de la justicia para confirmar la sentencia, no es inocente. Es el síntoma del decadente pensamiento con el que hemos construído la patria.

Sigo este caso desde hace 10 años, también mi lentitud me indigna. Puedo justificarla con las dificultades de financiar la investigación, con las dificultades para acceder a los documentos que desde hace siglos intentan borrar la huella de esta gente.

Nuestras razones son cada vez más débiles para postergar el mal que corroe desde lo más profundo nuestra cultura: el racismo, ese conjunto de ideas con las que inventamos la superioridad para abusar de otros. Para negarles hasta el agua. Viva la patria.