En qué consiste el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género

El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes por la mañana la presentación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. “Estamos dando un paso de los muchos que hay que dar para que la sociedad cambie definitivamente”, sostuvo el mandatario a través de una videoconferencia desde la Quinta de Olivos.

“Este es un plan ambicioso porque debemos ser ambiciosos si no queremos ver más cómo las mujeres sufren y mueren a manos de los violentos. No podemos mirar impávidos que las mujeres tengan peores condiciones de trabajo que los hombres”, afirmó Fernández en un pasaje de su alocución. 

En la misma línea hizo un llamado para que “entendamos la importancia de que la igualdad es una práctica y una conducta cotidiana que debemos asumir” y afirmó que “hay otra cultura que imponer en la sociedad argentina para hablarles a los millones de argentinos que se han sentido marginados y olvidados”.“Debemos ayudar a un cambio que la sociedad entera debe llevar adelante, porque objetivamente esto nos obliga a reeducarnos como sociedad y a entender todo lo penoso y dañino que ha sido creer que algunos estamos en mejores condiciones que otros”, aseguró.El jefe de Estado recordó que “ayer se cumplió un nuevo aniversario de la reglamentación de la ley de Identidad de Género, que fue el comienzo de un tiempo de más igualdad en un país donde la igualdad muchas veces no era la regla”.

Del lanzamiento participaron también la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la asesora presidencial, Dora Barrancos y  la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neira.Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad agradeció a todos aquellos que participaron de la elaboración del plan y destacó que hubo más de 1.600 propuestas por parte de organizaciones sociales, los ministerios y de organismos de la sociedad civil. 

“Este es un plan construido en un tiempo particular e implica más que una hoja de ruta porque el Estado tiene la obligación de dar condiciones subjetivas y materiales para que las personas en situación de violencia puedan ser protegidas”, subrayó la funcionaria.

Dora Barrancos, asesora presidencial en temas de género, hizo hincapié en “la transversalidad del programa, porque no se puede realizar desde un solo ministerio, sino con la acción conjunta de todo el Gobierno” y enfatizó que “sin prevención no habrá eficacia en ninguna intervención del Estado en asistir y acompañar”.

Gómez Alcorta anunció la implementación de 144 medidas, entre las que mencionó la creación del programa Acompañar para la asistencia integral de personas en situación de violencia, y la conformación de 12 centros territoriales de políticas de género en todo el país, que se gestionarán con las provincias y los municipios.También, informó que se optimizará y modernizará el acceso a la línea telefónica 144, con políticas de difusión e inclusión de recursos humanos para mejorar y ampliar su funcionamiento. Y anunció la creación del Registro Nacional de Promotores y Promotoras de Géneros y Diversidad a nivel comunitario para articular acciones de prevención y asistencia entre el territorio y el Ministerio nacional.   "El objetivo del Programa es colaborar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y con menores niveles de discriminación y violencia contra las mujeres y personas LGBTI+", precisó. 

Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad explicaron que "se trata de un programa de implementación activa de políticas contra la violencia por motivos de género, que se extiende desde junio de este año hasta junio de 2022, y que incorpora los derechos establecidos en la ley de Identidad de Género".   El plan nacional plantea, además, "un cambio de paradigma en relación con el abordaje sobre la materia en la medida en que implicó un proceso participativo y federal para su elaboración, que incluyó la participación de la sociedad civil, organizaciones políticas, comunitarias, sociales y sindicales".Para eso, se realizaron foros federales presenciales y virtuales, además de audiencias con actores institucionales de los tres poderes del Estado, para poner en debate experiencias en el ámbito de cada organismo y garantizar un tratamiento transversal e interseccional de la problemática.