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La Provincia cumple con medidas de reparación para "Lucía" y su familia

niñas no madres

Entre las medidas que ordenó el Tribunal para garantizar los derechos de la niña, les otorgarán una vivienda y un trabajo para su madre.

El caso Lucía movilizó a grupos de mujeres que reclamaron en la calle que se garanticen sus derechos. La foto es de Elena Nicolay para La Palta.





El gobierno de Tucumán cumplió con las medidas reparatorias para garantizar los derechos de Lucía, la niña embarazada producto de un abuso por parte de su abuelastro y a la cual el estado le obstaculizó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante casi un mes.

Seis meses después que la Justicia lo ordene, el Gobierno de Tucumán otorgó una casa equipada para que puedan vivir Lucía, junto a su mamá. Las niñas serán inscriptas en una escuela cercana a su nuevo hogar y su madre accederá a un trabajo en el Estado.

Desde Andhes y Clasem, las organizaciones que acompañaron a la niña y su familia, celebraron este logro y recalcaron que "es producto de la lucha de las organizaciones de mujeres y que permitirá que la niña pueda estar con su familia".

Adriana Guerrero, representante de Cladem, destacó en diálogo con eltucummano.com que "el caso de Lucía es un caso emblemático. El apoyo de las organizaciones y del movimiento de mujeres consiguieron que  este caso especifico logre una transcendencia realmente importante como para que pese en la Justicia y el Gobierno en el momento de hacer un dictamen y tomar decisiones".

En el juicio abreviado que se llevó a cabo el 14 de febrero, la Justicia tucumana condenó a 18 años de prisión al responsable del abuso sexual contra Lucía. El delito que se le imputó a la pareja de la abuela de la niña, fue "Abuso sexual doblemente agravado por el por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia". 

El Tribunal además dictó medidas de reparación a la niña y solicitó al Poder Ejecutivo asistencia psicológica gratuita para la niña, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia. 

Guerrero recuerda que Lucía estuvo casi un mes internada, prácticamente incomunicada junto a su madre y se le obstaculizó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), poniendo o en riesgo su vida. "El fallo de la Jueza de familia como el fallo en lo penal cuando condenaron a su violador ponen un a presión al ejecutivo que hoy cumple con una de las cosas que se venían pidiendo que era la posibilidad de esta familia de estar juntos y tratar de retomar una vida en conjunto. Esto hubiera sido imposible sin el apoyo de las organizaciones de mujeres.

Por último, destacó que se desconoce cuántas "Lucías" hay en Tucumán. "Sabemos que en otros casos que no tienen esta relevancia, no tienen esta posibilidad. Esto tiene que marcar un antes y un después en el caso de las niñas, para no ser sometidas a tortura por el Estado, impidiendo lo que les corresponde.Y evitando que las sometan a los abusos sexuales por parte de los adultos que las rodean y para esto necesitamos implementar Educación Sexual Integral (ESI) de manera urgente.