"No puedo dormir de noche": un nuevo caso de abuso de poder implica a la Policía de Tucumán

El botín de un policía abrió de un golpe la puerta de la habitación de Roxana Monteros la noche del miércoles 17 de junio. Sus cinco hijos ya estaban acostados al igual que su madre, sus hermanos y su nieto que conviven en la misma casa ubicada en la ciudad de Lastenia. Al sobresalto por la violenta invasión, se le sobrepuso el miedo. Inmediatamente la invadieron la angustia y la desesperación después de que la tiraran al suelo y la golpearan brutalmente tres efectivos policiales. A la violencia física se le sumó la violencia sexual ejercida por uno de ellos. Hoy tiene miedo de nuevo.

Roxana recurrió a los medios de comunicación hace algunos días para denunciar abuso sexual y golpes por personal policial de Tucumán porque en otras oficinas y comisarías no le tomaron la denuncia. Su estrategia fue efectiva, ya que el delegado local de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Carlos Garmendia, tomó conocimiento del caso y actualmente la acompaña en el proceso.

No es la primera vez que efectivos policiales de la comisaría de Lastenia atacan a Roxana y su familia. De hecho, no sería la primera vez que efectivos de esa dependencia se involucran en abuso de poder en esa zona. Desde enero la familia soporta hostigamientos. El operativo que se desplegó aquella noche, tenía como objetivo dar con uno de los hermanos de Roxana, quien se encuentra en una situación de consumo problemático de sustancias y tiene antecedentes. En el despliegue de un gigantesco operativo, buscaban entrar y llevárselo sin una orden judicial.

Roxana no solo sufrió la violencia de la policía esa noche, sino que la violencia institucional se profundizó cuando le rechazaron el ingreso de la denuncia en más de una dependencia. Finalmente, se la tomaron en la comisaría de La Banda pero no le dieron trámite.

Aquella noche bajo la excusa de un allanamiento, esos tres policías que irrumpieron en su hogar, iban acompañados por un operativo descomunal conformado por cinco camionetas y varios motorizados. Según relató la mujer a los medios de comunicación, solo uno tenía uniforme, el resto estaba con chaleco y ropa de civil debajo. 

“Hoy he ido a la primera sesión que tenía con la psicóloga, del Hospital Centro de Salud. Me derivaron a la psiquiatra porque no puedo dormir a la noche, después de lo que me hicieron”, relata con voz entrecortada por la angustia y la bronca, Roxana a eltucumano.com. Ya no puede salir sola a ninguna parte porque teme represalias.

 “El día que fui atacada mi hermana me llevó al policlínico Santa Rita, me pusieron calmante y el médico me dio un número para denunciar a la comisaría de la mujer. Mi madre llamó y le preguntaron a quién quería demandar, cuando ella les dijo a quién, le contestaron que tenía que hacer la denuncia en la comisaría de Lastenia, de donde son los que me atacaron. Fuimos a la Fiscalía, donde me atendieron los oficiales y me dijeron que no podía ingresar por el coronavirus”, recuerda.

Finalmente, se dirigió a la comisaria de La Banda del Río Salí, donde trataron de persuadirla para que no haga la denuncia, bajo la excusa de que le generaría un gasto innecesario de tiempo y dinero. 

A pesar de los obstáculos que se le presentaron, Roxana tiene claro que no dará marcha atrás porque teme por su vida y la de sus hijos. “Voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Nos hemos callado muchas cosas por miedo. No puedo permitir más esto. No quiero que maten a mis hijos. No tengo paz. Salgo acompañada siempre. No es justo porque yo no soy ninguna delincuente. Los hice responsable ante las cámaras de lo que me pueda pasar. Son unos delincuentes con uniforme que tienen que estar presos. Están para cuidar y no para causar tanto daño”, remarca.

Luego de tomar conocimiento a través de los medios de comunicación, el Dr. Carlos Garmendia, se acercó en calidad de delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y presentó otra denuncia directamente en la fiscalía, ya que la denuncia presentada en la comisaria de La Banda del Río Salí, no prosperó.

El letrado aseguró a este diario que allí le tomaron declaración y ella pudo dar detalles. Si bien por el momento se desconocen las medidas de investigación con las que avanza la fiscalía, el paso siguiente es constituirse bajo el rol de querellantes.

“El caso puntual de ella no es un caso aislado en la Regional Este en la zona de La Banda del Río Salí y Lastenia. Hay varias denuncias que indican a las mismas personas con similares actitudes ilegitimas y de violencias en las que los policías conocidos como ‘Cobra’ y ‘Pantera’, están presentes. Situaciones de extrema violencia, apremios y detenciones ilegales. El de Roxana es el primero que registra el abuso sexual”, detalla Garmendia.

Existen en la provincia oficinas especializadas, para casos de violencia de género, como la Oficina de Violencia Doméstica, dos fiscalías de Violencia de Género, la Comisaría de la Mujer. Estas oficinas tienen como tarea específica la de canalizar y dar el curso a las denuncias de este tipo. Sin embargo, es obligación para las comisarias recibir cualquier denuncia que se presente en cualquier jurisdicción.  

Al respecto, Pablo Gargiulo abogado perteneciente a la organización de Derechos Humanos Andhes, asegura que es preferible cuando hay personal policial involucrado en una denuncia, no acudir a la comisaría, sino dirigirse directamente a la Fiscalía Especializada en Integridad Sexual. “Tienden a taparse unos a otros, por eso es mejor saltearse esa instancia si se quiere que la denuncia tenga trámite. Mucho menos hacer la denuncia en la misma comisaría de donde son los policías implicados. Lo que no quiere decir que en las comisarías no se toman esas denuncias. Es obligación que así lo hagan”, señala.

En esta dirección, referencia los antecedentes recientes sobre abuso de poder de las fuerzas en territorio tucumano. “El grado de corporativismo que demostró la policía con el caso Espinosa son unas diez personas imputadas en el delito y en su mayoría, por encubrimiento. Tienen tendencia a cubrirse y protegerse. Por eso existen las oficinas especializadas para que las victimas de violencia de género, por ejemplo, puedan acudir sin pasar por el filtro policial”, añade.

La situación con la policía en Tucumán actualmente es bastante crítica. “Siempre hubo situaciones de violencia, la policía tucumana es muchas veces una policía violenta. Pero parece haber batido todos sus récords. Con esta denuncia de Roxana, los casos de Luis Espinosa, y Ceferino Nadal. Antes, fueron los casos de Facundo Ferreira, Miguel Reyes Pérez. El caso de Ariano Biza y Emanual Gallardo, que murieron intoxicados en la comisaría de Yerba Buena”, enumera.

"El estado es directamente responsable de las muertes que ocasionan sus agentes, no solo una responsabilidad penal con los responsables sino social, con los familiares de esas víctimas", reconoce. Desde la organización de la que forma parte Gargiulo, actualmente trabajan en una propuesta de reforma policial para que las autoridades evalúen. "También avanzamos sobre los fundamentos de un posible proyecto de ley de reparación o resarcimiento a familiares de víctimas de gatillo fácil", comenta el abogado y destaca que muchas veces las víctimas dejan familias sin resguardo como ocurrió con el caso Espinosa.  

El abuso se dirige siempre a los más vulnerables ya sea por cuestiones de género, por cuestiones de fragilidad. Por esto, considera que tiene que haber una respuesta contundente por parte del Estado en cuanto a los límites a esta institución. “Mientras esto no suceda, se van a cargar las tintas y responsabilidades como hechos individuales con tal o cual oficial que cometió un exceso. La reiteración nos lleva a pensar que no son casos aislados, sino que existe una cuestión estructural que hay que reformular", concluye.