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A favor y en contra: ¿qué establece la Ley Micaela a la que Tucumán no adhirió aún?

perspectiva de género

La provincia es la única del país que mantiene una cuenta pendiente con la Ley Nacional 27499, que prevé la sensibilización y capacitación en los tres poderes del Estado en temas de género.

  • 12 May 2020 - 11:10




A un año de la sanción de la Ley Nacional 27499 conocida como la Ley Micaela, diferentes sectores exigen a la Legislatura Tucumán que adhiera sin ninguna modificación y sin más demoras. Se trata de la única provincia en el país que todavía no aprobó la normativa. Funcionarios públicos pertenecientes a diferentes sectores políticos se manifestaron en las redes sociales luego de que Fuerza Republicana presentara un polémico texto alternativo.

El 18 de diciembre del 2018, con 171 votos a favor y uno en contra en Diputados y sancionada por el Senado por unanimidad, se creó la normativa que estipula la formación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

Tras un año de espera y con una campaña virtual, cientos de organizaciones sociales, estudiantiles, de mujeres y derechos humanos, presentaron este lunes un pedido en la legislatura tucumana para que se trate la adhesión a la ley nacional en la provincia.

La ley Micaela es una norma que establece la sensibilización y capacitación de las personas que hacen parte del Estado en temas de género y violencia contra las mujeres. Es un mandato constitucional. Argentina firmó tratados de derechos humanos (la CEDAW y Belem do para) que generan la obligación de terminar con los estereotipos de género.
En este contexto, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Erica Brunoto, se refirió a importancia que representaría para Tucumán adherirse a la Ley Micaela. "Esta ley es una de las herramientas que tenemos para trabajar en prevención en violencia contra la mujer y sería fundamental que en Tucumán la podamos tener, que nos capacitemos todos los agentes del estado, que podamos determinar los tipos de violencia y detectar cuando está pasando porque será una forma de salvar vidas", detalló en una entrevista radial con LV12.

Por otro lado, al igual que el diputado Pablo Yedlin y la Ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, rechazó el proyecto alternativo presentado por Fuerza Republicana y firmado por los legisladores Ricardo Bussi, Raúl Albarracín y Walter Berarducci.

"En el medio de este trámite surgieron proyectos alternativos presentados por legisladores, en donde manifiestan una ley distinta a lo que representa esta ley, y la capacitación a los funcionarios de los tres poderes del estado en violencia de género", dijo. Y agregó que desde la secretaría se oponen a la modificación, porque la ley tiene un espíritu. "Fue creada de una forma particular que tiene que ver con el exceso de violencia que sufren las mujeres a diario. Esto se vio aumentado durante el aislamiento por la pandemia y muchos casos de femicidios se habrían evitado si los agentes del estado hubieran sido capacitados", remarcó.



Además, la secretaria repudió las expresiones utilizadas en los fundamentos del texto alternativo a la ley. "Se plateó en los fundamentos del proyecto que el Ministerio de las Mujeres, creado por el presidente Alberto Fernández, es una "gestapo" ideológica, incluso utilizan términos que banalizan el holocausto, en una forma agresiva y hablan de un feminismo a ultranza", expuso y añadió que en el texto indican que las capacitaciones estarían influenciadas por una ideología de género. "Es peligroso que los legisladores no sepan la diferencia entre ideología y perspectiva de género, y se opongan a la aplicación de leyes nacionales, a ayudar a las mujeres y sobre todo a evitar y prevenir los femicidios", concluyó.

Qué implica la ley

-Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones. 

-La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.

El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización

-Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

-Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.