Revés judicial para los estatales en el reclamo por la cláusula gatillo

Resolución

El juez de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Juan Ricardo Acosta, rechazó la cautelar que interpuso el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) disidente en reclamo por las medidas de ajuste decretadas por el Gobierno provincial.




Los trabajadores del Estado agremiados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) disidente recibieron un revés judicial en su reclamo por la restitución de la cláusula gatillo. El juez de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Juan Ricardo Acosta, rechazó la cautelar presentada por el secretario general del gremio, Gustavo Salas Correa, argumentando que el decreto firmado en los primeros días de enero por Juan Manzur suspende, mas no elimina, el aumento salarial indexado a la inflación.  La decisión judicial implica que, al menos por ahora, el mandatario no deberá erogar unos $ 850 millones de las arcas provinciales.

La resolución de la Justicia motivó quejas por parte de Salas Correa, quien anticipó que recusará a Acosta: “representa al Ejecutivo”, denunció, según consigna La Gaceta. Desde la Cámara, en cambio, la versión es que para el Juez fue clave la distinción entre “suspensión” y “eliminación” de la cláusula gatillo, herramienta paliativa de la inflación otorgada por el ejecutivo provincial a los trabajadores durante el acuerdo paritario de 2019. Por otra parte, Acosta entendió que “una decisión sobre la nulidad del decreto de austeridad del gobernador, demanda un examen más amplio que el que permiten los tiempos de un proceso cautelar”, informó el periodista Hernán Miranda, en base a la resolución judicial de dos páginas. 

De acuerdo a los cálculos de los gremios, los trabajadores pierden con la suspensión de la última parte de la cláusula gatillo entre un 10 y un 15 por ciento de aumento en un contexto de fuerte escalada inflacionaria. Desde el Ministerio de Economía precisaron que el reajuste debería haber sido de entre el 10 % y el 12 %, lo que hubiera significado una erogación salarial adicional estimada en $ 850 millones. Con todo, desde el oficialismo fue Gerónimo Vargas Aignasse quien tuvo que salir a calmar los ánimos con una nueva promesa de restitución de la cláusula “dentro de tres o cuatro meses”. 

Hasta tanto eso suceda, diferentes gremios persisten en la movilización. El más combativo, Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (SITAS), inicia hoy un nuevo paro por 72 horas en los hospitales públicos de la Provincia. Ayer, en tanto, ATE bloqueó el acceso a la Terminal de Colectivos para reclamar la apertura de una mesa de diálogo ante una medida que se tomó en Casa de Gobierno el pasado 6 de enero. 

A favor y en contra

Para pedir la medida cautelar, el secretario disidente de ATE acudió a la garantía de uso y disposición de la propiedad privada, establecida en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y a su inviolabilidad, que dispone el 17. También denunció que el gobernador habría emitido una disposición de carácter legislativo sin que medien circunstancias excepcionales, acto prohibido en el inciso 2 del artículo 101 de la Constitución provincial.

El fiscal de Estado, Federico Nazur, argumentó que el Ejecutivo no puede erogar ahora el dinero extra que exige la cláusula gatillo. Insistió en que la dificultad es transitoria y, por lo tanto, no hay una eliminación, sino una suspensión, de la indexación de salarios. Ante esta situación, explicí Miranda, "los gremios especulan que esa situación puede ser una de las pautas en el proceso de negociación del aumento de los salarios estatales previsto para este año. Los sindicatos esperan la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo". 





  

Top