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Las polémicas actuaciones de la fiscal Giannoni

renuncia aceptada

La funcionaria intervino en casos de Interrupciones Legales del Embarazo practicadas a niñas tucumanas víctimas de abuso. Sus acciones llevaron a que organizaciones sociales, de derechos humanos y en defensa de los derechos de las mujeres, solicitarán juicio político, instancia que prefirió eludir al presentar su renuncia.

Foto de Ministerio Público Fiscal.





La intervención de la fiscal de homicidios Adriana Giannoni en dos casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) practicados en Tucumán, llevó a que organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres solicitaran un juicio político para la funcionaria a quién, le aceptaron la renuncia este miércoles.

Esta mañana se conoció a través del Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán la decisión del gobernador, Juan Manzur, de aceptar la "Renuncia Condicionada" que presentó la fiscal Adriana Giannoni al cargo de Fiscal de I° Instancia de la Fiscalía Especializada en Homicidios de la I° Nominación del Centro Judicial Capital. 

Organizaciones sociales, de derechos humanos y feministas pusieron en la mira a Giannoni el último año por las medidas que tomó en el caso de "Lucía", la  niña de 11 años embrazada porducto de una violación.

A fines de febrerode 2019, "Lucía" fue sometida a una cesárea. En las semanas previas a la intervención, pese a que ella y su madre habían manifestado la voluntad de acceder a una Interrupción Legal del Emabarazo (ILE) contemplada en el Código Penal, encontraron obstáculos desde el Estado. El caso tomó relevancia nacional e internacional y las ONGs ANDHES y CLADEM, que acompañaron a la familia de la víctima, encabezaron la presentación como caso testigo ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos para plantear las dificultades de niñas víctimas de violencia sexual para acceder a sus derechos.

Adriana Giannoni labró un oficio a los fines de advertir a los médicos que debían realizar la intervención a "Lucía", ante la "comisión de un posible delito". El documento fue presentado por mesa de entrada del centro de atención el 11 de febrero, dos semanas antes de realizar la intervención por pedido formal de la familia de la víctima, patrocinada por organismos de derechos humanos.

Este caso fue repudiado desde diferentes orgaizaciones por el amedrentamiento previo a la cirujía de la fiscal hacia los médicos que llevaron a cabo la cesárea por pedido del SIPROSA en el Hospital del Este, José Gijena y Cecilia Ousset y la persecución posterior a la cesárea.

Los profesionales de la salud fueron denunciados a principios de marzo de 2019 por homicidio por un grupo de abogados pertenecientes a la Red Federal de Familias (RFF) luego de realizar la microcesárea a “Lucía" y que la neonata extraída de su útero, falleciera. Esta denuncia recayó en la Fiscalía a cargo de Giannoni, quien también había intervenido  en la obstaculización del acceso al aborto no punible que había solicitado "Lucía".

Las organizaciones consiguieron hacer lugar a un pedido de recusación en la investigación por consideran que "su posicionamiento político/ideológico no le permitirá actuar según las leyes actuales ni respetando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos". Asimismo, señalaron en aquella ocasión que "su accionar busca disciplinar a efectores de salud que quieran garantizar el acceso a abortos no punibles, cercenando los derechos de las mujeres y personas gestantes".

Sin embargo, fue determinante la apertura de una investigación penal caratulada “Personal Médico del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes y Otros S/ Aborto”, en otro caso que involucra a una niña de 14 que solicitó una interrupcion legal del embarazo tras un abusos.

El pedido de juicio político que presentó la Fundación Mujeres por Mujeres, responde a  la "ignorancia inexcusable y negligencia en el ejercicio de sus funciones (art. 19 inc. 1 de la ley 8.734) y por incumplir en forma injustificada los deberes inherentes al cargo (art. 19 inc. 2 de la ley N° 8.734), según detallaron en un comunicado.

Según argumentan, la finalidad primaria y última de quien se propone investigar hechos que no son delitos, es "amedrentar a los efectores de la salud, vaciar de contenido políticas públicas centrales para la salud integral y la autonomía de niñas, adolescentes y mujeres tucumanas y así, avalar desde un lugar de poder dentro del Ministerio Público Fiscal la violación de los derechos, las violencias en la atención de la salud y las maternidades forzadas en base a decisiones heterónomas que afectan la salud, la dignidad, igualdad, la libertad y la soberanía reproductiva".