Uno por uno: los encargados de investigar a Alperovich

La sobrina segunda de José Alperovich lo denunció por violación en la Justicia tucumana y en la porteña. Osvaldo Rappa, titular del Juzgado N° 35 del fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires se declaró incompetente, y lo propio hizo el juez de Instrucción en lo Penal tucumano, Facundo Maggio. Vismara y Labozzetta apelaron la disposición de Rappa.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo de la defensa de Alperovich que solicitó ser investigado en Tucumán en pleno conflicto por la competencia, y dictaminó que la causa quede en manos del juzgado a cargo de Rappa.

A través de un comunicado, el equipo técnico que acompaña a la denunciante advirtió que "ahora, el Vocal de la Cámara de Apelaciones, Eudoro Albo tendrá en sus manos la determinación de los planteos que realizó en Tucumán la defensa del denunciado, apelando la decisión del Juez Maggio de remitir la unificación de la causa en Buenos Aires".

González Palazzo advirtió que son siete los hechos denunciados por la joven, de los cuales los dos primeros tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires y que la denuncia formulada en Capital Federal "es anterior a la de Tucumán y, por tanto, debe mantenerse la del juez que previno".

De tramitarse de forma unificada y definitiva en Buenos Aires, la causa quedará ahora en manos de Osvaldo Rappa, titular del Juzgado N° 35 del fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires. Nacido en 1968 en Capital Federal, se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1993.

Intervino en los últimos años en casos de alto impacto mediático, como el caso Lucas Cabello, el ataque policial que inauguró la "doctrina Chocobar". Rappa acusó en noviembre de 2015 por "tentativa de homicidio" al oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala, en el caso que lo investigaba por balear al cuidacoches, efectuando tres disparos, dos de estos cuando la víctima se encontraba en el piso. 

Cabello quedó cuadripléjico tras ser herido por Ayala tras ser herido en la cara, la pierna derecha y el testículo izquierdo. El oficial fue condenado a 16 años por "tentativa de homicidio agravada por la función policial y arma de fuego".

En 2016, Rappa fue denunciado por abogados y referentes de organizaciones de Derechos Humanos por obstruir causas de violaciones a los DDHH, una de ellas por la causa Cabello. La otra, por denegar a la ARSA (Asociación de Residentes Senegaleses de la Argentina) participar como querellante en la causa que investigaba el asesinato de Massar Baar, hallado muerto con traumatismos por una brutal golpiza con presunta participación policial.

Ese mismo año, dispuso el procesamiento de 20 ejecutivos del BNP Paribas por las maniobras de evasión y lavado de activos a través de la oficina clandestina que la entidad mantenía en el piso 25 de su sede central, y los embargó por más de 12 mil millones de pesos, la confiscación más alta decidida por la justicia argentina.

Rappa tuvo a su cargo la investigación por la muerte del financista Aldo Ducler, que denunció a la familia Kirchner antes de fallecer a causa de una "isquemia", con un cuadro de varios infartos cardíacos anteriores y un corazón que pesaba casi el doble de lo normal, según los informes médicos.

El juez participó además de la investigación por la desaparición del publicista Juan Manuel Ferrari en Puerto Madero, quien apareció sano y salvo en Concordia, Entre Ríos, una semana después.

Tras la multitudinaria marcha "Ni Una Menos" del 8M de 2017, Rappa dictó el sobreseimiento de quince detenidas y cinco detenidos que fueron privados de su libertad por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que -según denunciaron- lo hizo sin placas de identificación y brindaron un trato violento, vejatorio y discriminatorio contra lesbianas y feministas. El fallo advirtió que no había pruebas, fotos ni videos que ameritaran las detenciones.

Ahora Rappa, tras la resolución de González Palazzo, deberá investigar la denuncia por violación contra José Alperovich. Interviendrán también en la investigación Vismara y Labozzetta.

Santiago Vismara es el titular interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal y tiene a su cargo la denuncia contra Alperovich en Buenos Aires. En junio de 2015 y a pocos meses de la salida del gobierno de Cristina Kirchner fue nombrado por decreto fiscal en el fuero criminal de la Capital Federal. En 2018, solicitó la elevación a juicio la investigación seguida contra tres integrantes de dos facciones de la barrabrava de Boca Juniors por homicidio doloso y lesiones graves: Rafael Di Zeo, Christian Andrés de Vaux y Walter Fabián Coronel, antes de un amistoso ante San Lorenzo que dejó un saldo de dos muertos y seis heridos de gravedad.

En 2016 tuvo a su cargo la investigación de la muerte de Horacio Quiroga, directivo de dos petroleras vinculadas a Lázaro Báez que fue hallado sin vida en el baño de su casa.

Tras conocerse la denuncia, dispuso una consigna policial para resguardar a la denunciante. "Ojalá en el transcurso de esta semana se pueda tomar la declaración de la joven. La idea es hacerlo cuanto antes", subrayó tras la ampliación de la declaración de la denunciante en Tucumán.

Mariela Labozzetta es fiscal federal, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal n°2 de Morón. Es abogada recibida con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires en el año 2001, en la especialidad derecho penal. A la vez es Especialista en Administración de Justicia (UBA) y en Derecho Penal (Universidad Torcuato Di Tella).

Es titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), creada para seleccionar y desplegar estrategias de investigación sobre los fenómenos criminales atravesados por las diferentes clases de violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, trabajar sobre los modos en que sus distintas manifestaciones afectan a otros grupos en situación de vulnerabilidad por razón de su orientación sexual e identidad de género.

"La creación de esta unidad significó que el ministerio público priorizó la violencia contra las mujeres porque advirtió que se trata de un fenómeno que hay que abordar de manera integral, que hay que tener políticas generales a nivel nacional, regional para abordar toda la violencia de género", analizó en declaraciones a France24 en 2018.

Tras su intervención en la denuncia por violación de Thelma Fardín contra el acto Juan Darthés señaló que "en la Justicia aún hay un fuerte contenido de revictimización y muchos jueces y fiscales descreen de las denuncias", y recalcó que desde la UFEM "tenemos un diagnóstico de las prácticas que se llevan adelante en la Justicia y siguen siendo revictimizantes y generan la expulsión del sistema de Justicia a las víctimas, y hasta quitan la posibilidad de obtener una pena para el responsable".