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En qué consiste la Ley de Solidaridad

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso, consta de seis ejes principales, con siete objetivos comunes:

1. Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos.

2. Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos.

3. Promover la reactivación productiva, poniendo el acento en la generación de incentivos focalizados y en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro y medianas empresas.

4. Crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal.

5. Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos.

6. Procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas no trasmisibles; atender al efectivo cumplimiento de la Ley N° 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación y asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y del Sistema Nacional del Seguro de Salud, el acceso a las prestaciones médicas esenciales.

7. Impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados y generar mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales.

- Ejes principales:

Tarifas y Deuda Pública. Se faculta al Poder Ejecutivo (PE) a llevar adelante gestiones necesarias para garantizar la sostenibilidad de la Deuda Pública. Congela las tarifas de electricidad y gas por 180 días. Se faculta también al PE a iniciar un proceso de Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario por un plazo máximo de 180 días. Todo esto, sujeto a la intención de reducir la carga tarifaria real sobre hogares y empresas a partir del 2020.

Bienes personales. Se modifica el artículo 25 de la Ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales y se retrotraen las alícuotas a 2015. También se faculta al Poder Ejecutivo, hasta diciembre de 2020, a fijar alícuotas diferenciales superiores hasta un 100% sobre la tasa máxima para gravar bienes situados en el extranjero y disminuirla para el caso de activos financieros en el exterior, esto último en el caso de que se verifique la repatriación del producido de su realización.

Impuesto a la compra de divisas. Establece un impuesto del 30% para el “dólar turista” y a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera, incluidos cheques de viajero.

Medidas contra la economía en negro. La iniciativa establece una sobretasa a las empresas que retiran dinero en efectivo del banco, por caja, cajeros automáticos u otra modalidad. También faculta al Poder Ejecutivo a eximir parcial o totalmente de contribuciones a las empresas que hayan perdido poder de compra en los último cuatro años para que mejoren los ingresos de sus trabajadores. Por último, se establece una moratoria para que las pymes cancelen sus deudas en un nuevo plan de pagos que incluye seis meses de gracia para comenzar a pagar en un plazo de 10 años a mitad de la tasa actual.

Jubilaciones y aumentos salariales. Se suspende durante 180 días la fórmula de cálculo de aportes jubilatorios redefinida durante el gobierno de Mauricio Macri, para comenzar a trabajar sobre un nuevo esquema. Durante ese período, se brindará un bono de $5.000 por mes.

Emergencia sanitaria. Habilita al Ministerio de Salud de la Nación a disponer medidas para recuperar programas de vacunación cancelados y disponer sistemas impositivos de incentivos y recuperación de clínicas y obras sociales.