Alperovich gana tiempo en busca de un acuerdo político que lo aleje de prisión

ESCÁNDALO NACIONAL

Luego de idas y vueltas entre la Justicia tucumana y la porteña, la causa se encuentra a la espera de la definición de un tribunal de Buenos Aires, pero podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La influencia judicial del exgobernador aún pesa en la provincia. ¿Por qué nadie quiere investigarlo?.

José Alperovich. (Crédito: La Nación)




La causa que investiga la denuncia de violación de José Alperovich a su sobrina política se encuentra en un limbo. Tanto el juez de Capital Federal, Osvaldo Rappa, como el magistrado tucumano Facundo Maggio, se declararon incompetentes para investigar y buscar pruebas que determinen la responsabilidad del exgobernador en el delito que se le endilga.

La decisión inmediata está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Capital Federal, que tiene tres días hábiles para resolver la cuestión. Sin embargo, las discrepancias y contradicciones entre juzgados de jurisdicciones distintas, podrían dejar la resolución final en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La diferencia de criterios regidos por principios judiciales es lo que mantiene suspendidas las investigaciones del caso, sin tribunal designado aún para acometer acciones de generación de prueba contra Alperovich. Son reglas que figuran en la sección cuarta del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), que en su artículo 42 establece los elementos a tener en cuenta a la hora de definir quién llevará adelante la causa.


Reglas de conexión

Art. 42. - Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública y jurisdicción nacional, aquéllas se acumularán y será tribunal competente:

1°) Aquel a quien corresponda el delito más grave.

2°) Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el delito primeramente cometido.

3°) Si los delitos fueren simultáneos, o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que haya procedido a la detención del imputado, o, en su defecto, el que haya prevenido.

4°) Si no pudieran aplicarse estas normas, el tribunal que debe resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia.

Para definir competencias se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones: primero, la gravedad de los hechos denunciados. En este caso, tanto lo denunciado en Tucumán como en Capital Federal revisten la misma gravedad y una pena de entre ocho y veinte años de cárcel. Segundo, se debe tener en cuenta la fecha en la que ocurrió el hecho denunciado.

Rappa recurre a la excepción a las reglas establecidas en el mencionado artículo del CPPN para desprenderse de la causa. Considera que la mayor cantidad de testigos y pruebas se encuentran en Tucumán, por lo que solicita que la investigación se unifique en la provincia al entender que su intervención podría significar un “grave retardo”. Por otro lado, Maggio indica en su decisión que el primer hecho denunciado ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires donde, además, la denunciante tenía su lugar de trabajo, en el Congreso de la Nación.

Éste último dato, según el abogado penalista Gustavo Morales, podría desembocar en una investigación paralela de la Justicia Federal, ya que entiende son de su competencia los delitos cometidos en el ámbito de la Cámara legislativa, donde José Alperovich habría cometido alguno de los actos denunciados por su sobrina segunda.

“No tiene razón Rappa porque hay testigos y otros elementos de prueba que necesariamente están en Capital Federal; con picardía se cuelga de la excepción”, señala Morales.

“Desde el punto de vista argumentativo, es una estrategia para ganar tiempo”, asegura el letrado. Y agrega: “lo que están haciendo es hablando para que se llegue a una solución política lo menos traumática”. En este sentido, afirma mantener contacto con gente muy cercana al presidente Alberto Fernández, quienes le adelantaron que no tendrían ningún tipo de consideración con Alperovich ni nadie de su entorno, teniendo en cuenta que su esposa y exsenadora Beatriz Rojkés sonaba como uno de los nombres en lista para ocupar una embajada.

El acuerdo político no sólo eximiría de la cárcel a Alperovich, también evitaría a senadores y funcionarios la "vergüenza" de desfilar por tribunales como testigos y -en algiunos casos- encubridores. Por lo que la demora y falta de definiciones no sólo benefician al imputado.

La dilación coincide con una caída en el interés de medios nacionales y también provinciales, un "silencio de radio" de casi dos semanas que mantiene el caso casi imperceptible para el público en general. Las aguas del escándalo nacional que inundaban portadas y bloques de programas de televisión se han visto significativamente reducidas en medio de una espera de la que depende el inicio postergado de un proceso que definirá, ni más ni menos, la libertad de uno de los hombres más poderosos de Tucumán, uno de los políticos que más aumentó su patrimonio a pesar de la crisis económica, con los recursos y voluntades necesarias para moldear la realidad a su antojo.

Lo que parecía ser la oportunidad perfecta para la reivindicación de la Justicia tucumana, se encuentra camino a convertirse en una de las tantas muestras de su falta de independencia y favor con personas que construyeron poder a través de los años o por algún tipo de vínculo familiar. Es acaso la prueba más fehaciente de las consecuencias de la arbitrariedad a la hora de cubrir cargos y convertir el organigrama del sistema judicial en un "árbol genealógico" donde todo queda entre quienes lo componen. 


Un mensaje de texto y una estructura que tambalea

Habiéndose declarado incompetente para investigar a Alperovich el juez Osvaldo Rappa, de Capital Federal, todo parecía indicar que el encargado de indagar al exgobernador sería un viejo conocido: el juez Facundo Maggio, sobrino político del ministro fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez -uno de los eslabones del alperovichismo en sus 12 años al frente de la Provincia- quien lo absolvió en la denominada “causa de las valijas”, que investigaba el uso indebido de fondos de la Legislatura destinados a la asistencia social.

En sus fundamentos de incompetencia, Rappa dejó entrever que la mayor cantidad de pruebas y testigos se encontrarían en Tucumán. Con esta lógica, no debería haber impedimentos para unificar la investigación en la provincia. Sin embargo, Maggio utilizó fundamentos similares a los de su par porteño y dejó la decisión sobre la competencia en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Capital Federal.

El abogado penalista Gustavo Morales, quien apenas conocida la denuncia por violación contra José Alperovich pidió su remoción por “inhabilidad moral” al Senado de la Nación, asegura que hay razones para creer que se está dilatando la causa con fines políticos. Habla de un mensaje de texto que habría sido el detonante para que la Justicia tucumana pretenda desentenderse de cualquier responsabilidad de investigar al exmandatario provincial.

“Ayer (por el jueves) estando en Tribunales, me reservo la fuente, me dice que Alperovich ha mandado un mensaje”, revela Morales, quien antes de continuar solicita que todo lo que sigue a continuación sea transcripto de forma textual: “Mandó un mensaje a Pirincho Jiménez, el ministro fiscal, y le dijo que si la causa queda aquí, queda en Tucumán, va a caer él, pero van a caer desde la Corte para abajo”.

De los integrantes del máximo tribunal provincial, tres de los cinco vocales fueron nombrados durante el mandato de Alperovich: ellos son su actual presidenta, Claudia Sbdar, el vocal decano Antonio Estofán y Daniel Posse. Sus pares Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, en tanto, integraron la cámara durante los primeros cuatro años de Gobierno de Juan Manzur. Vale destacar que Rodríguez Campos es hermana de Eloisa Rodríguez Campos, coordinadora general del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien a su vez es esposa de Facundo Maggio, y que ocupa el primer lugar en la línea de sucesión ante un eventual retiro de Edmundo Jiménez.

Desde que la denuncia fue presentada, se supo que la misma representaría un gran desafío para el sistema judicial de la provincia. Es que en 12 años, de 2003 a 2015, en Tucumán se acometió la colonización de la Justicia, cuestión que demostró las consecuencias en casos emblemáticos como el de las jóvenes Paulina Lebbos y Marita Verón, y el de Roxana Teves, ésta última despojada de todos sus bienes heredados por su difunta pareja mediante un accionar cuanto menos cuestionable.


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