Entró en vigencia el nuevo protocolo para la interrupción legal del embarazo
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El documento fue publicado este viernes a través del Boletín Oficial y está destinado para casos de embarazos por violación o cuando está en riesgo la vida de la mujer. Los puntos más importantes.
El Gobierno Nacional hizo oficial este viernes el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a través de la resolución 1/2019 del Boletín Oficial.
El nuevo documento, que había sido vetado por el expresidente Mauricio Macri en noviembre,"tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad" en el caso de abortos no punibles.
Según el escrito, este está “orientado por los objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan". Y agrega: Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos".
En ese sentido, el protocolo que contiene 79 páginas, remarca la diversidad de género: "El derecho a ILE, establecido en el art. 86 del Código Penal, corresponde a toda las personas con capacidad de gestar (niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, etc.)".
Establece que debe prevalecer la decisión de la persona ante la posición de los médicos e incluye a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género.
Por último, determina que "para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación".
Durante una conferencia de prensa brindada en la tarde del viernes, el ministro de Salud Ginés González García, había anticipado la entrada en vigencia del protocolo y explicó que tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como los de la Organización Mundial de la Salud.
Celebración y certezas
Ante la noticia de la puesta en vigencia del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la Fundación Huesped, organización que trabaja por garantizar el derecho a la salud pública, celebró la noticia y dio precisiones sobre los alcances del mismo.
"Esta actualización incorpora derechos reconocidos en el Código Civil y Comercial de la Nación y se adapta a los avances propuestos por el conocimiento científico y las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud", comienza el comunicado emitido por la fundación.
Además, señalaron que el nuevo documento "reconoce la posibilidad de la objeción de conciencia, pero establece que esta no puede suponer un obstáculo para el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo. Tal como señaló el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, 'la objeción de conciencia no puede ser una coartada para no se cumplir la ley'.
"En lo referente al cuidado del cuerpo, de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación aprobado en 2015, a partir de los 16 años la persona gestante es considerada adulta. Entre los 13 y los 16, puede solicitar autónomamente una ILE cuando no implique un grave riesgo para su salud o vida. El accionar debe estar guiado por el principio de autonomía progresiva", describe la misiva que por último se refiere a los casos de violanción: "En el caso las víctimas de violación no se debe consultar a la justicia para realizar la ILE. Cuando el embarazo es producto de una violación a una niña o adolescente, debe respetarse su pedido. Frente a una negativa injustificada de progenitores o tutores, debe resolverlo el equipo de salud teniendo en cuenta el interés superior de la niña y su aptitud para decidir en base al desarrollo de su autonomía progresiva", aclara.
