Caso Lucía: "A la violencia sexual, se le agrega una violencia institucional"

En febrero de este año, el caso de “Lucía” conmocionó a todo el país y llegó a la primera plana de los medios internacionales. La niña de once años del norte de la provincia había resultado embarazada producto de la violación de la entonces pareja de la abuela. A pesar de que, tanto ella como su abuela, solicitaron la Interrupción Legal del Emabarazo (ILE) encontraron una serie de obstáculos hasta que finalmente le practicaron una cesárea. Hoy en Washington y ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), organismos de Derechos Humanos expusieron el caso y realizaron una fuerte denuncia. “El derecho de las niñas a ser escuchadas en particular y todos sus derechos en general, terminan siendo vulnerados en un efecto cadena por su condición de tales. A la violencia sexual, se le agrega una violencia institucional. Esta omisión del Estado de una política pública activa, implica en realidad una suerte de política pública de hacer incubadoras a la niñas pobres”, fue uno de los tramos más fuertes de la presentación de Fernanda Marchese, directora ejecutiva de ANDHES. De la presentación participaron también Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y Celia Debono, coordinadora nacional de Cladem Argentina.

"Desde que Lucía ingresó al Hospital, en innumerables oportunidades y de la manera en que ella podía, solicitó que se interrumpiera su embarazo. Según su madre la niña expresó: quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro. Las y los profesionales de la salud intervinientes la manipulaban para que Lucía cambie de opinión, le decían a su mamá que si ella quería interrumpir el embarazo la niña podría morir. Transcurrido un mes desde que el sistema de salud tuvo conocimiento del embarazo, el gobierno de Tucumán habilitó la ILE en la madrugada del 27 de febrero, debiendocontratar médicos del sistema privado, ya que todo el personal del hospital se declaró objetor de conciencia", expuso Celia Debono. 

Según Debono, el caso de la niña tucumana no se trata de un caso aislado, sino un caso testigo que es un caso testigo para comprender lo que le sucede a  las niñas argentinas que son víctimas de violencia sexual: “En ese entramado se inscriben obstáculos violatorios de derechos humanos que enfrentan las niñas acceder a la ILE”. 

Por su parte, Nora Pulido explicó que en el año 2015 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación elaboró el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, sólo doce provincias cuentan con este protocolo, lo que  obstaculiza o restringe el acceso a este derecho de las gestantes en general y de las niñas y adolescentes en particular. 

Además, expuso una serie de estadísticas que indican que, de acuerdo a los datos oficiales publicados por la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), en el año 2017 tuvieron lugar 2493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años, y 91.586 de adolescentes comprendidas entre los 15 y los 19 años. 

“Las niñas que logran poner en palabras su voluntad de realizarse una ILE deben enfrentarse al poder estatal que muchas veces opera para directamente obstaculizar la práctica. Además, las niñas víctimas de violación deben sentir la presión y el hostigamiento de grupos eclesiásticos que se oponen a las Interrupciones Legales de Embarazos y Las niñas son atendidas por efectores de salud objetores de conciencia", continuó en otro tramo Marchese.

Las organizaciones pertenecientes al Colectivo de Infancias a nivel nacional y a la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMyC) habían solicitada la audiencia que fue aceptado por la CIDH. Según había explicado Marchese en un diálogo con eltucumano.com, en estas audiencias se presentan temas preocupantes o problemáticos para los países. Metodólogicamente, la sociedad civil presenta el tema ante los comisionados de la CIDH. A su vez, del otro lado, también tuvo la palabra un representante del Estado argentino, que expuso sobre las políticas y medidas qué se aplican en relación con la materia.

En febrero trascendió que una niña de once años del sur tucumano quedó embarazada, producto de la violación que sufrió por parte de la entonces pareja de su abuela, que estaba a cargo de su cuidado. Para resguardar la identidad de la víctima, se la llamó "Lucía", nombre ficticio.

"Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", manifestó la víctima. Sin embargo, su derecho a acceder a una ILE se vio obstaculizado. Según trascendió luego, la niña fue atendida en enero, primero en el Hospital de Garmendia y luego, en el del Este.

Luego de reiteradas dilaciones, ya con el caso instalado en la opinión pública, las autoridades avanzaron con la aplicación del protocolo ILE. Ante la negativa de los médicos del hospital del Este se negaran a practicar la ILE, el Ministerio de Salud provincial convocó a Cecilia Ousset y a su marido, el también médico José Gigena para que practicaran una cesárea en la semana 23 de gestación. "Cuando ingresamos con mi esposo a la habitación de la nena lo que vimos fue un cuerpo infantil, no desarrollado, por supuesto menor a 50 kilos. La nena estaba junto a su madre, jugando con unos juguetitos de plástico, se me aflojaron las piernas", recordó la ginecóloga luego de la operación.

Al momento de la cesárea, la niña llevaba internada semanas. Y durante ese período se presentaron una serie de denuncias cruzadas. La fiscal Adriana Giannoni, por ejemplo, presentó un oficio al hospital donde se encontraba internada Lucía y apercibió a los médicos acerca de que "podrían incurrir en el delito por incumplimiento de deberes de funcionario público" en caso de practicar la ILE. 

La bebé, que nació prematura, falleció a los pocos días, por lo que un grupo de abogados y médicos "pro vida" presentó este lunes una denuncia por homicidio contra los médicos Ousset y Gijena.

La mediatización del caso obligó a que, tras la cesárea, las autoridades dieran información sobre lo que pasó con Lucía. En una conferencia de prensa que dieron las autoridades sanitarias de la provincia junto con directora del Hospital del Este, Elizabeth Ávila, brindaron su versión sobre lo ocurrido.

Ávila hizo una breve síntesis de la historia de Lucía, según los registros que mantiene la institución médica que siguió el proceso de gestación hasta el martes. La médica señaló que la niña llegó por primera vez al Hospital del Este el 31 de enero, en una ambulancia del 107. "Se realiza la ecografía y se constata el embarazo de 21 semanas", reseñó. 

"La médica tratante le explica a la madre de la niña la situación, le explica los riesgos de continuar el embarazo y los riesgos de interrumpir", agregó. Según la profesional, ese día la madre decidió continuar con el proceso de gestación de la víctima.

La directora de la institución señaló además que el 7 de enero, Lucía fue llevada nuevamente en ambulancia y en esa fecha, su madre consultó por la interrupción del embarazo para interiorizarse acerca de cómo se realizan estos procedimientos.

Luego de la explicación, según la directora del hospital, los familiares "solicitan tiempo para pensar respecto a la decisión".  El 11 de febrero, según las autoridades, la paciente ingresó nuevamente al hospital. Y en el registro, también se señala que el 12 de febrero llegó un oficio judicial con orden de internación para la paciente.  "El día 19 de febrero la jueza interveniente solicita información diaria sobre la menor e informes a salud mental de la paciente", continuó Ávila.

Asimismo, indicó que el 25 de febrero, la madre y el padre de la paciente solicitaron la interrupción del embarazo y que, finalmente, el procedimiento se realizó el martes 26.