Caso Lucía: una audiencia internacional pone a Tucumán en la mira

A fines de febrero de este año, "Lucía" fue sometida a una cesárea. En las semanas previas a la intervención, pese a que ella y su madre habían manifestado la voluntad de acceder a una Interrupción Legal del Emabarazo (ILE) contemplada en el Código Penal, encontraron obstáculos desde el Estado. Este viernes, ANDHES, CLADEM encabezarán la presentación que asociaciones que velan por los derechos de las infancias de esta historia como caso testigo ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos para plantear las dificultades de niñas víctimas de violencia sexual para acceder a sus derechos. 

La presentación, que profundizará sobre la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Argentina, tendrá como eje el caso de la niña tucumana con el fin de exponer la situación, que es particularmente alarmante en el norte argentino. Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia; Fernanda Marchese, directora ejecutiva de ANDHES y Celia Debono, coordinadora nacional de Cladem Argentina, se presentarán en la sala Padilha Vidal, en Washington, para exponer el caso ante la CIDH. También estará representado el Estado argentino, que deberá responder por la situación.

En diálogo con eltucumano.com, Marchese explicó que organizaciones pertenecientes al Colectivo de Infancias a nivel nacional y a la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMyC)  impulsaron el pedido de audiencia, que fue aceptado por la CIDH en el marco 173º Periodo de Sesiones, a realizarse entre el 23 de septiembre y 2 de octubre de 2019 en Estados Unidos. 

Marchese explicó que en las audiencias se presentan temas preocupantes o problemáticos para los países. Metodólogicamente, la sociedad civil presenta el tema ante los comisionados de la CIDH y, del otro lado, también tiene la palabra un representante del Estado argentino, que en este caso responderá sobre las políticas y medidas qué se aplican en relación con la materia. "Es una comision supraestatal y en este sentido tiene un rol importante en velar por los derechos humanos a nivel internacional", señaló.

"Vamos con el 'Caso Lucía' porque nos parece que lamentablemente es el caso más perfecto de vulneración en cadena de derechos", argumentó Marchese. El objetivo es poder identificar a partir de ese caso qué le sucede a una niña argentina que es abusada e incluso antes, en relación con sus derechos. En ese contexto, plantearán en la audiencia las fallas en las políticas públicas relacionadas con la Educación Sexual Integral (ESI), quién se entera de la situación en estos casos, los protoçcolos que se aplican, los adultos que intervienen y qué es lo que les va sucediendo en ese camino a las niñas víctimas.

En la presentación se pondrá énfasis en el planteo de que el embarazo forzado es una forma de tortura a las niñas y se hará énfasis en el derecho de las mismas a ser oídas. Otro de los reclamos que realizarán es el de que se aplique, además de una perspectiva de género, una perpecticva de niñez, por ejemplo, a la hora de elaborar protocolos ILE. 

"El objetivo de la audicencia es denunciar los obstáculos a la ILE con los que se encuentran las niñas víctimas de violencia sexual y la falta de visiones de politicas públicas con estas perspectivas", resumió la letrada. 

Además, adelantó que la CIDH puede expreasar su reocupación en relación con lo planteado, recomendar al Estado, visitar los países para obsevar y puede pedir informes, entre otra acciones. Marchese también indicó que la audiencia puede abrir la posibilidad de que representantes de la CIDH visiten el país. En ese sentido, solicitarán que se evalúe sobre todo la situación en el norte argentino, que es particularmente preocupante. "Una de las denuncias apunta a eso, que bajo la excusa del federalismo las provincias terminan vulnerando derechos de las niñas", expuso. Para ejemplificar, recordó que Tucumán no adhiere a la Educación Sexual Integral. "Que tenga uno de los índices más altos de violencia hacia las niñas no es casual", observó. Por eso, uno de los ejes de la audiencia también estará en "denunciar la desigualdad que existe entre las provincias de argentina" en este ámbito. 

"Para nosotros un logro que la comisión se haya interesado por el tema, claramente quiere saber que está sucediendo en Argentina", remarcó. "Más allá de lo que puede hacer o no la comisión, nos queda a nosotros hacer que el Estado escuche", reflexionó. Marchese agregó que consideran que es fundamental que la Provincia en particular siga trabajando en el tema. "No hay investigación en el 'Caso Lucía' en concreto y sabemos que hay muchos casos más", denunció. Es que la abogada advirtió que no se identificó a los responsables por la obstaculización al acceso a la ILE que sufrió la niña y que, por otra parte, los médicos Cecilia Ousset y José Gigena, quienes practicaron la cesárea, siguen imputados. "Me parece importante que se entienda que estamos hablando de ILE en niñas victimas de violencia sexual", cerró. 

En febrero trascendió que una niña de once años del sur tucumano quedó embarazada, producto de la violación que sufrió por parte de la entonces pareja de su abuela, que estaba a cargo de su cuidado. Para resguardar la identidad de la víctima, se la llamó "Lucía", nombre ficticio.

"Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", manifestó la víctima. Sin embargo, su derecho a acceder a una ILE se vio obstaculizado. Según trascendió luego, la niña fue atendida en enero, primero en el Hospital de Garmendia y luego, en el del Este.

Luego de reiteradas dilaciones, ya con el caso instalado en la opinión pública, las autoridades avanzaron con la aplicación del protocolo ILE. Ante la negativa de los médicos del hospital del Este se negaran a practicar la ILE, el Ministerio de Salud provincial convocó a Ousset y a su marido, el también médico José Gigena para que practicaran una cesárea en la semana 23 de gestación. "Cuando ingresamos con mi esposo a la habitación de la nena lo que vimos fue un cuerpo infantil, no desarrollado, por supuesto menor a 50 kilos. La nena estaba junto a su madre, jugando con unos juguetitos de plástico, se me aflojaron las piernas", recordó la ginecóloga luego de la operación.

Al momento de la cesárea, la niña llevaba internada semanas. Y durante ese período se presentaron una serie de denuncias cruzadas. La fiscal Adriana Giannoni, por ejemplo, presentó un oficio al hospital donde se encontraba internada Lucía y apercibió a los médicos acerca de que "podrían incurrir en el delito por incumplimiento de deberes de funcionario público" en caso de practicar la ILE. 

La bebé, que nació prematura, falleció a los pocos días, por lo que un grupo de abogados y médicos "pro vida" presentó este lunes una denuncia por homicidio contra los médicos Ousset y Gijena.

La mediatización del caso obligó a que, tras la cesárea, las autoridades dieran información sobre lo que pasó con Lucía. En una conferencia de prensa que dieron las autoridades sanitarias de la provincia junto con directora del Hospital del Este, Elizabeth Ávila, brindaron su versión sobre lo ocurrido.

Ávila hizo una breve síntesis de la historia de Lucía, según los registros que mantiene la institución médica que siguió el proceso de gestación hasta el martes. La médica señaló que la niña llegó por primera vez al Hospital del Este el 31 de enero, en una ambulancia del 107. "Se realiza la ecografía y se constata el embarazo de 21 semanas", reseñó. 

"La médica tratante le explica a la madre de la niña la situación, le explica los riesgos de continuar el embarazo y los riesgos de interrumpir", agregó. Según la profesional, ese día la madre decidió continuar con el proceso de gestación de la víctima.La directora de la institución señaló además que el 7 de enero, Lucía fue llevada nuevamente en ambulancia y en esa fecha, su madre consultó por la interrupción del embarazo para interiorizarse acerca de cómo se realizan estos procedimientos.
Luego de la explicación, según la directora del hospital, los familiares "solicitan tiempo para pensar respecto a la decisión".  El 11 de febrero, según las autoridades, la paciente ingresó nuevamente al hospital. Y en el registro, también se señala que el 12 de febrero llegó un oficio judicial con orden de internación para la paciente.  "El día 19 de febrero la jueza interveniente solicita información diaria sobre la menor e informes a salud mental de la paciente", continuó Ávila.Asimismo, indicó que el 25 de febrero, la madre y el padre de la paciente solicitaron la interrupción del embarazo y que, finalmente, el procedimiento se realizó el martes 26.