Solicitan el urgente tratamiento y adhesión a la Ley Micaela en Tucumán
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A través de una carta dirigida al Presidente de la Legislatura de Tucumán exigen que la provincia adhiera, como estaba previsto, a la normativa que garantiza la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que integran los distintos estamentos del estado. Juntan firmas para apoyar la petición.
La Legislatura de Tucumán, con varias cuentas pendientes.
Una carta dirigida al vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Osvaldo Jaldo exige la adhesión a la Ley Nacional 27.499 conocida como "Ley Micaela" en la próxima sesión legislativa. En el documento que circula por redes sociales se adjunta un formulario para juntar firmas de personas particulares o de organizaciones que deseen sumarse a la petición.
Si bien en la última sesión de la Honorable Legislatura de Tucumán del 7 de agosto estaba previsto que se trate la adhesión a la ley, a último momento se excluyó el tema del orden del día. Es por esta situación que diferentes organizaciones sociales y feministas insisten en la importancia de que se concrete la adhesión a la normativa que garantiza la capacitación de funcionarios del Estado en cuestiones de género y violencia.
En el país han adherido a la Ley Micaela la Provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Salta, Santa Cruz y se encuentran en proceso de adhesión: Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego. En Tucumán, cuenta con dictamen de la “Comisión de Protección de los Derechos de las Mujeres” de la Legislatura con fecha del 29 de Julio de 2019.
La Ley Micaela fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y lleva el nombre de Micaela García, víctima de un brutal feminicidio, en memoria y reconocimiento por su defensa de los derechos de las mujeres. La Ley establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que integran los distintos estamentos del Estado, en todos sus niveles y jerarquías.
"Cabe destacar la gravísima situación por la que atraviesa nuestra provincia en materia de violencia de género; las alarmantes cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios (sin registros oficiales para estos últimos casos). Tucumán se encuentra entre las cuatro provincias con mayores tasas de femicidios anuales. En lo que va del año 2019 ya se registraron 9 femicidios en nuestra provincia", detallan en la carta.
En un artículo publicado en este diario sobre la implementación de Educación Sexual Integral en las escuelas, la presidenta de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual (AASES), Amelia del Sueldo Padilla, cuestionó que la Provincia no haya adherido a leyes nacionales para asegurar los recursos materiales para su correcta implementación. “Aquí hay adultos responsables: desde gobiernos provinciales que se niegan a adherir a leyes nacionales, sea por cuestiones económicas o ideológicas, hasta padres que no quieren ver cuáles son las necesidades de los chicos. Se advierte una suerte de ‘ceguera’ intelectual y afectiva al abordar estos temas en los diferentes ámbitos”, expuso.
La especialista añadió que “la Ley Micaela dispone que desde el empleado de más bajo rango hasta el jefe tienen que sensibilizarse sobre cuestiones como la violencia o los abusos. En Tucumán la propuesta fue archivada, entonces me pregunto, ¿qué es lo que se pretende? ¿adónde quieren llegar?”. En este sentido, la sexóloga insistió en que la adhesión a las leyes nacionales es condición necesaria para que la Provincia cuente con recursos y materiales para las capacitaciones.
En la carta que incluye el formulario para dejar la firma, los promotores de la iniciativa enfatizan en la necesidad de tomar medidas con celeridad sobre esta problemática. "Resulta urgente que quienes conforman el Estado tengan las herramientas necesarias para trabajar y lograr intervenciones más eficientes y adecuadas en torno a esta problemática que nos atraviesa como sociedad. El primer paso para garantizar vidas libres de violencias a las mujeres es evitar seguir reproduciendo estructuras de opresión, discriminación y/o violencia institucional, para lo cual se torna esencial que los y las agentes públicas cuenten con la información y la capacitación adecuada".
