Top

Incertidumbre en torno al acceso de la nena embarazada a una ILE

INFANCIAS VIOLENTADAS

La menor expresó su deseo de acceder a la interrupción del embarazo que está cursando, producto de una violación ocurrida en un ámbito intrafamiliar. Desde el Ministerio de Salud guardan silencio y preparan un comunicado oficial sobre el caso.

La menor permanece internada en el Hospital Eva Perón. La foto es de la Secretaría de Comunicación Pública.





En las últimas horas comenzó a circular la versión de que la niña de 11 años que quedó embarazada por la violación a la que la sometió el novio de su abuela -que tenía su guarda legal-, tendrá acceso a la interrupción legal del embarazo. Desde el Ministerio de Salud preparan un comunicado oficial sobre el tema. 

El caso de Lucía (nombre ficticio) trascendió las fronteras provinciales y las movilizaciones para pedir que se respete su derecho a tener acceso a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se extendieron a otros puntos de Argentina. En las redes sociales presionan para que se active el protocolo, que el Siprosa ya habría puesto en marcha. 

Este martes, según informó La Gaceta, desde el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) hicieron una presentación en la Justicia para informar que se llevarían adelante las acciones necesarias para interruppir el embarazo de la pequeña, que supera las 23 semanas de gestación -el embarazo se detectó en la semana 16-.

Por su parte, el periodista de Canal 8, Luis Medina, señaló en Twitter: "Un grupo provida se hizo presente en el hospital del este donde antes de la medianoche le realizarían la interrupción legal del embarazo a la niña de 11 años que fue abusada por la pareja de su abuela, la directora y la subdirectora habrían renunciado". 

Pese al anuncio sobre el Siprosa, en las redes sociales denuncian que se sigue demorando la interrupción del embarazo de Lucía. "La niña tucumana de 11 años firmó ya el consentimiento informado y el sistema de salud tucumano debe hoy responder cómo cumplirá con la interrupción legal de embarazo Situación critica", señaló la periodista de Página 12, Mariana Carabajal, en Twitter. Días atrás, la comunicadora publicó una nota en donde expuso la voluntad de la menor. “Quiero que me saquen esto que me puso el viejo adentro”, fue lo que dijo la niña vulnerada en cámara Gesell.

La diputada nacional, Teresita Villavicencio, también se refirió al tema en la tarde de este martes. "En la dilación en aplicar la ILE, hay responsables del poder judicial", advirtió la parlamentaria. El diputado Pablo Yedlin, que también votó por la legalización del aborto en Congreso, se expresó sobre el caso. "El embarazo adolescente en Tucumán en 4 veces más alto y el de menores de 15 años es 7 veces más alto que el de la Ciudad de Buenos Aires. La única provincia sin adherir a ley de educación sexual es Tucumán... No hay casualidades", comentó en Twitter.

Ante las versiones que circulan, tanto para denunciar que la niña no tiene acceso a la ILE como las que indican que se interrumpirá la gestación, fuentes del Ministerio de Salud indicaron a eltucumano.com que se emitirá un comunicado en la noche de este martes. 


La ILE y el protocolo de actuación
Desde el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) hicieron una presentación en la Justicia para informar que se llevarían adelante las acciones necesarias para interruppir el embarazo de la pequeña, que supera las 23 semanas de gestación -el embarazo se detectó en la semana 16-.

El artículo 86 del Código Penal argentino indica que el aborto no es punible en ciertas situaciones. Es legal, por ejemplo, cuando se busca evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer -niña, en este caso- gestante. Tampoco es punible cuando proviene de una violación.
Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Nación tiene un Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción ilegal del embarazo. 

El mismo indica: "En el caso de las niñas y adolescentes menores de catorce años, se deberá respetar su derecho a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esto se basa
en el principio de la 'autonomía progresiva' y el grado de desarrollo de cada niña o adolescente en situación de requerir la realización de una ILE. Sus representantes legales, o los que sean nombrados especialmente para el caso, deberán participar en conjunto con la niña o adolescente en la toma de decisiones, y deberán firmar el consentimiento informado y la declaración jurada de la violación cuando corresponda".