Top

Crece la polémica en Derecho por la denuncia de censura

Polémica en la UNT

El hijo del profesor que dirigía el taller que según los alumnos fue censurado publicó una dura carta abierta en contra de Adela Seguí, la decana de esa facultad.

  • 02 May 2017 - 01:42

Denuncian censura en Derecho. Imagen ilustrativa




CARTA ABIERTA A ADELA SEGUÍ

Comienzan las celebraciones por el Centenario de la Reforma Universitaria

Quiero felicitarte por la carta que publicaste hoy en La Gaceta. La verdad, cuesta imaginar una admisión más clara y contundente de la censura que perpetraron en tándem con la señora Grunauer. Asumo, sin embargo, que no era tu intención reconocerlo, puesto que de lo contrario habrías ofrecido las disculpas del caso y tomado las medidas disciplinarias y académicas pertinentes.
Es que, si mis ojos no me engañan, admitís haber ordenado a la secretaria académica, en base a un “trascendido” -ya que no existe denuncia formal al respecto-, que “intervenga” en el taller que imparte mi padre (cuyo tema es el “derecho a la vivienda”) a efectos de salvaguardar el honor de un alumno, que se sentía mal porque, en el marco del curso, se analizaba material periodístico concerniente a las denuncias existentes respecto al descontrol de los gastos sociales en la legislatura -en donde estaría involucrado un familiar directo del alumno-. Es decir que, palabras más palabras menos, reconociste que se detuvo el debate porque un alumno se sentía afectado.
El problema es que, desde hace décadas, cualquier persona con un mínimo de sentido común (paradójicamente el menos común de los sentidos, según Chesterton) sabe que el estado no puede prohibir una determinada idea u opinión porque resulta ofensiva para ciertas personas (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”). Y la razón de esta prohibición es clara: si se reconoce la posibilidad de usar el aparato estatal (léase secretaria académica) contra los supuestos ofensores de nuestra sensibilidad, la discusión política de todos los días desaparece (conf. Gargarella, Roberto, “Una justicia bárbara”, Página 12 del 20.12.04). Con el agravante de que en la discusión, ahora silenciada, se encuentran involucrados funcionarios públicos, y, como me imaginó sabrás, la libertad de expresión protege especialmente al discurso vinculado con los asuntos de interés público (conf. Badeni, Gregorio, “Libertad de prensa”, p. 32).
Al margen de esta minucia (no te preocupes Adela, un error lo comete cualquiera), te hago algunos comentarios adicionales:
1.- Celebro la cantidad de jornadas que has organizado. Me cuesta entender, sin embargo, porqué procediste tan mal en este caso.
Para explicarme un poco mejor, supongamos que un funcionario es acusado de desviar fondos públicos en su favor -originalmente destinados a viviendas (situación de laboratorio, aclaro)-. Si el funcionario se limita a contestar: “Yo tengo varios cursos en la ONU respecto a transparencia en políticas públicas”, resulta evidente que la respuesta nos deja un tanto insatisfechos. Al final de cuentas, el interrogante sigue latente: ¿desvió o no desvió los fondos? Lo mismo me pasa con vos Adela, ¿detuviste o no detuviste el debate?
Me encantaría saber, además, cómo haces para organizar y llevar a buen término tantas jornadas sin que nadie se sienta ofendido o tocado. Porque, desde tu óptica, desde el momento que alguien se siente ofendido hay que parar la jornada, cerrar las puertas e irse a la casa (¿vale cambiar de tema?). Por lo menos esa fue la conducta que siguió la señora Grunauer, que asumo “intervino” por orden tuya.
2.- Hasta donde sé (disculpa la ignorancia), el honor es un derecho personalísimo. Reconozco, en este punto, que estoy un tanto confundido: ¿qué honor “protegiste”? ¿El del alumno o el del legislador? Es que, según tengo entendido, jamás se le faltó el respeto al alumno.
Y, aun asumiendo que fue el honor del alumno el “protegido”, cuesta creer que era necesario enviar a la señora Grunauer, en su rol de comisario ideológico y con la delicadeza de elefante en cristalería, a interrumpir la clase, amedrentar a los alumnos por expresar sus opiniones (“quedan para la charla de café”, repetía) y menoscabar la autoridad del profesor (¿sabes, acaso, que sostuvo que ella evaluaría los trabajos?; ¿o que expresó que “estaban todos aprobados” -quizás buscando congraciarse y evitar así una denuncia-?). Quizás, se me ocurre, era suficiente con disponer un cambio de comisión o una medida menos intrusiva que preserve la autonomía académica y, a la vez, permita a los chicos continuar expresándose libremente respecto a un tema de indudable importancia y actualidad.
Acordate, Adela, del preámbulo del Estatuto de la UNT, en donde se sostiene que es objetivo trascendente de la labor educativa la formación de hombres con un elevado sentido ético, conscientes de los deberes y obligaciones que, como universitarios, les corresponde en la comunidad.
3.- Evidentemente, compartís la posición de la señora Grunauer, que sostiene que no podemos hablar de funcionarios públicos hasta tanto no estén condenados con sentencia firme (algo que, antes de morir, espero ver realizado aunque sea una vez). Te paso un dato, pero no se lo digas a nadie: en las clases de la materia de “derechos humanos” se está hablando de un tal “Milani” a pesar de que no está condenado. Quizás pueden hacer algo en tándem con la secretaria académica. Prometo que si me entero de alguna materia más, te lo hago saber por esta vía.
4.- Finalmente, y como consejo de amigo, busca asesoramiento antes de hacer una carta institucional. Más que nada, porque de otra manera pareces irresponsable. Queda mal que hables del nuevo Código Civil y Comercial y te olvides de la vieja Constitución nacional. Después de todo, creo que la segunda es más importante que el primero.
No te confundas, acá los perjudicados son los alumnos y toda la comunidad académica. Por el bien de ellos, mi padre, con el apoyo de mucha gente de buena voluntad de distintos ámbitos, va a seguir hasta las últimas consecuencias para que este acto de barbarie tenga el debido repudio.
 
Afectuosamente.
 
Juan Marcos Rougès (h)
D.N.I. 32.677.102

Brodersen: "La autonomía universitaria va camino a convertirse en una utopía"

La semana pasada, alumnos de la Facultad de Derecho que pertenecen al Movimiento Humanista denunciaron que se ejerció censura contra uno de los talleres de la carrera de Abogacía.

Según la denuncia que realizaron, el miércoles 26 de abril la Secretaria Académica interrumpió una clase del profesor Juan Manuel Rougés. Para los alumnos, se vulneró la libertad de cátedra "y hasta la libertad de expresión de nuestros compañeros". "Fue ella misma quien dijo que las opiniones debemos dejarlas para el café y que corregiría ella los trabajos de los estudiantes sobre recortes periodísticos de La Gaceta y Contexto que trataban el tema de gastos sociales", denunciaron en la misiva firmada por Enzo Yuse Slavik, Rocío Moya, Nadie Rodríguez y Diego Della Torre.

Por su parte, Adela Seguí publicó un descargo con una carta a los lectores que fue publicada en La Gaceta.  En su misiva, la decana de la Facultad de Derecho argumentó que se enteró que un estudiante de 19 años de Taller II había desistido de ir a clases porque el docente había entregado para trabajar material periodístico y textos de su autoría con nombres y apellidos de los presuntos responsables de delitos vinculados a los gastos sociales de la Legislatura provincial. Uno de los funcionarios en cuestión es familiar directo del estudiante, según Seguí.

"Le pedí a la encargada del Taller, doctora Cristina Grunauer, que interviniera para evitar que un joven quedara sin cursar una materia por esta circunstancia y que buscaran una alternativa de cursado y que le dijera al jefe de Trabajos Prácticos, Juan M. Rougès, que yo quería tener una reunión con él para informarle personalmente lo que estaba ocurriendo, lo cual me parecía correcto. Pensé que le interesaría no causar un daño inmerecido a un estudiante y que colaboraría con ese propósito", expresó la letrada en un pasaje de la carta.

Además, acusó al docentede causar un daño personal al joven. "Ha salido a aportar nombres y a dañar intencionalmente a un estudiante sin considerar sus deberes ni el rol que ocupa. La denuncia de Rougès, así como el descargo que se pedirá a la encargada de la cátedra, que en ese carácter participó de la clase, será analizada en su oportunidad por el Consejo Directivo de la Facultad", advirtió la decana. 

Por su parte Juan Marcos Rougés, el hijo del profesor acusado por la decana, salió al cruce de las declaraciones de Adela Seguí con una carta abierta que fue publicada desde su cuenta de Facebook. En su extensa defensa, el joven reafirma la idea de que en la Facultad de Derecho se ejerció la censura.  "No puede prohibir una determinada idea u opinión porque resulta ofensiva para ciertas personas", le advirtió.

A continuación, la carta abierta a Adela Seguí:

"Quiero felicitarte por la carta que publicaste hoy en La Gaceta. La verdad, cuesta imaginar una admisión más clara y contundente de la censura que perpetraron en tándem con la señora Grunauer.

Asumo, sin embargo, que no era tu intención reconocerlo, puesto que de lo contrario habrías ofrecido las disculpas del caso y tomado las medidas disciplinarias y académicas pertinentes.

Es que, si mis ojos no me engañan, admitís haber ordenado a la secretaria académica, en base a un “trascendido” -ya que no existe denuncia formal al respecto-, que 'intervenga' en el taller que imparte mi padre (cuyo tema es el 'derecho a la vivienda') a efectos de salvaguardar el honor de un alumno, que se sentía mal porque, en el marco del curso, se analizaba material periodístico concerniente a las denuncias existentes respecto al descontrol de los gastos sociales en la legislatura -en donde estaría involucrado un familiar directo del alumno-. Es decir que, palabras más palabras menos, reconociste que se detuvo el debate porque un alumno se sentía afectado.

El problema es que, desde hace décadas, cualquier persona con un mínimo de sentido común (paradójicamente el menos común de los sentidos, según Chesterton) sabe que el estado no puede prohibir una determinada idea u opinión porque resulta ofensiva para ciertas personas (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”). Y la razón de esta prohibición es clara: si se reconoce la posibilidad de usar el aparato estatal (léase secretaria académica) contra los supuestos ofensores de nuestra sensibilidad, la discusión política de todos los días desaparece (conf. Gargarella, Roberto, “Una justicia bárbara”, Página 12 del 20.12.04). Con el agravante de que en la discusión, ahora silenciada, se encuentran involucrados funcionarios públicos, y, como me imagino, sabrás, la libertad de expresión protege especialmente al discurso vinculado con los asuntos de interés público (conf. Badeni, Gregorio, “Libertad de prensa”, p. 32).

Al margen de esta minucia (no te preocupes Adela, un error lo comete cualquiera), te hago algunos comentarios adicionales:

1.- Celebro la cantidad de jornadas que has organizado. Me cuesta entender, sin embargo, porqué procediste tan mal en este caso. Para explicarme un poco mejor, supongamos que un funcionario es acusado de desviar fondos públicos en su favor -originalmente destinados a viviendas (situación de laboratorio, aclaro)-. Si el funcionario se limita a contestar: “Yo tengo varios cursos en la ONU respecto a transparencia en políticas públicas”, resulta evidente que la respuesta nos deja un tanto insatisfechos. Al final de cuentas, el interrogante sigue latente: ¿desvió o no desvió los fondos? Lo mismo me pasa con vos Adela, ¿detuviste o no detuviste el debate?Me encantaría saber, además, cómo haces para organizar y llevar a buen término tantas jornadas sin que nadie se sienta ofendido o tocado. Porque, desde tu óptica, desde el momento que alguien se siente ofendido hay que parar la jornada, cerrar las puertas e irse a la casa (¿vale cambiar de tema?). Por lo menos esa fue la conducta que siguió la señora Grunauer, que asumo “intervino” por orden tuya.

2.- Hasta donde sé (disculpa la ignorancia), el honor es un derecho personalísimo. Reconozco, en este punto, que estoy un tanto confundido: ¿qué honor “protegiste”? ¿El del alumno o el del legislador? Es que, según tengo entendido, jamás se le faltó el respeto al alumno.Y, aun asumiendo que fue el honor del alumno el “protegido”, cuesta creer que era necesario enviar a la señora Grunauer, en su rol de comisario ideológico y con la delicadeza de elefante en cristalería, a interrumpir la clase, amedrentar a los alumnos por expresar sus opiniones (“quedan para la charla de café”, repetía) y menoscabar la autoridad del profesor (¿sabes, acaso, que sostuvo que ella evaluaría los trabajos?; ¿o que expresó que “estaban todos aprobados” -quizás buscando congraciarse y evitar así una denuncia-?). Quizás, se me ocurre, era suficiente con disponer un cambio de comisión o una medida menos intrusiva que preserve la autonomía académica y, a la vez, permita a los chicos continuar expresándose libremente respecto a un tema de indudable importancia y actualidad.Acordate, Adela, del preámbulo del Estatuto de la UNT, en donde se sostiene que es objetivo trascendente de la labor educativa la formación de hombres con un elevado sentido ético, conscientes de los deberes y obligaciones que, como universitarios, les corresponde en la comunidad.

3.- Evidentemente, compartís la posición de la señora Grunauer, que sostiene que no podemos hablar de funcionarios públicos hasta tanto no estén condenados con sentencia firme (algo que, antes de morir, espero ver realizado aunque sea una vez). Te paso un dato, pero no se lo digas a nadie: en las clases de la materia de “derechos humanos” se está hablando de un tal “Milani” a pesar de que no está condenado. Quizás pueden hacer algo en tándem con la secretaria académica. Prometo que si me entero de alguna materia más, te lo hago saber por esta vía.

4.- Finalmente, y como consejo de amigo, busca asesoramiento antes de hacer una carta institucional. Más que nada, porque de otra manera pareces irresponsable. Queda mal que hables del nuevo Código Civil y Comercial y te olvides de la vieja Constitución nacional. Después de todo, creo que la segunda es más importante que el primero.No te confundas, acá los perjudicados son los alumnos y toda la comunidad académica. Por el bien de ellos, mi padre, con el apoyo de mucha gente de buena voluntad de distintos ámbitos, va a seguir hasta las últimas consecuencias para que este acto de barbarie tenga el debido repudio. 

Afectuosamente. 

Juan Marcos Rougés (h) D.N.I. 32.677.102"