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C5N denunció #ChoreosEnElNorte con el Plan Belgrano en la mira

En la TV

El programa ADN Periodismo Federal emitió un informe especial sobre una denuncia por coimas en Corea del Sur.

Foto tomada de La Nación





El programa ADN Periodismo Federal, que se emite por el canal de noticias C5N, denunció el fin de semana pasado la existencia de coimas en el Plan Belgrano que encabeza José Cano.  Según el informe que salió al aire, tres funcionarios vinculados al dirigente radical viajaron a Corea del Sur para realizar gestiones por una compra “fantasma” de $315 millones de dólares, que nunca se concretaría, pero por la cual habrían pedido el 10% para sus propias arcas.

El periodista Tomás Méndez relató que “fueron tres personas vinculadas a Cano y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a Corea del Sur. En Corea supuestamente les hicieron creer a los coreanos que hacían una compra y aparentemente pidieron una coima en medio de esa compra, que era fantasma”, explicó el presentador antes de exhibir los documentos.  

“Se hizo una compra por $315 millones dólares y les pidieron el 10%, entonces la Embajada de Corea habló con los funcionarios y les dijeron ‘che, nos pidieron coima por algo, aparentemente’”, amplió Méndez en la pantalla del canal de cable.

Los tres funcionarios referidos son el funcionario del PAMI, Alberto Darnay, el dirigente radical Osvaldo Barreñada y el empresario Octavio Acardi. Según la denuncia, la embajada de Corea del Sur emitió un alerta al Gobierno nacional. Los periodistas advirtieron además que hubo un sumario ordenado por el ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, en el que se consignaron las presuntas irregularidades a las que se calificó como “hechos gravísimos”.

Por este motivo, el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó al actual director del PAMI,  Sergio Cassinotti, que se informe desde ese organismo si se abonaron pasajes y/o viáticos a la República de Corea a los titulares del Plan Belgrano. Se menciona en el escrito a José Manuel Cano y Alberto Rafael Darnay así como también a Osvaldo Barreñada y Octavio Francisco Accardi, "quienes habrían viajado en comitiva a ese país en el mes de septiembre y/o octubre de 2016 con el fin de obtener inversiones tecnológicas". 


En las imágenes que acompañaron las denuncias en la TV, el dirigente del Movimiento de Unidad Popular (MUP), Luis Romano, manifestó que “José Cano lleva 16 meses de gestión y la provincia no ha recibido ni una sola obra del área que él administra”. El reclamo se encuentra en la misma línea del gobierno provincial que reclama $600 millones de pesos a la Nación para realizar obras de infraestructura en las zonas afectadas por las inundaciones de abril último.


Denuncia de un medio local

El Diario Cuarto Poder, cercano al legislador radical Ariel García, fue el primer medio en dar trascendencia a la información sobre supuestas coimas en el Plan Belgrano. Por ese motivo, desde el entorno de Cano vincularon las denuncias a la feroz interna desatada hacia el interior del radicalismo, donde la figura del Titular del Plan Belgrano genera amores y odios.  

Según reveló la publicación, el peronista disidente Darnay, el radical Barreñada y el empresario Accardi viajaron al país asiático para cerrar acuerdos con los representantes de la filial coreana de la empresa ESSCOM Japan Co. Ltd., especializada en tecnología relacionada al ahorro energético y con asiento en Tokyo, Japón. Sin embargo, esas tratativas no estaban avaladas por el gobierno argentino.  

En el principio de acuerdo al que tuvo acceso Diario Cuarto Poder, figuran tanto Alberto Darnay como Osvaldo Barreñada como representantes, el primero de la Coordinación de Enlace Unidad Plan Belgrano y el segundo del PAMI. Justamente la queja de los coreanos ante Cancillería radicó en la aparente falta de homologación por parte del gobierno argentino, de lo actuado por estos representantes en su visita al país asiático.

En el acuerdo se establece la compra del producto FORMI WATCH (JC200), que produce y desarrolla la empresa coreana, pero del que no se dan demasiadas precisiones, salvo que apunta al control de la población mayor de 65 años y pobres que no alcanzan ingresos superiores a los $ 2500.