Ante la ONU, denuncian impunidad por el asesinato de Chocobar

La ONG especializada en derechos humanos, Andhes, y la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán presentaron ante Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe donde califican de “grave” la situación actual de los pueblos indígenas del país. Uno de los puntos que destacan es la impunidad respecto al asesinato Javier Chocobar, de la comunidad Los Chuschagasta, ocurrida hace siete años. El documento, además, denuncia: “Aumento y recrudecimiento de los desalojos de las comunidades de sus territorios ancestrales, discriminación en el acceso a la justicia, persecución y criminalización de la lucha indígena, inexistencia de mecanismos que garanticen la participación y la consulta previa de las comunidades”.La denuncia fue llevada a la sede de la ONU en Ginebra, la semana pasada, en una presentación en boca de Mariana Paterlini, Coordinadora Institucional de Andhes, y de Delfin Geronimo, secretario de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, ante el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial. Se refirieron a “graves consecuencias derivadas de la inexistencia de legislación adecuada y de políticas públicas que permitan efectivizar los derechos indígenas”. El informe dice, además, que el Estado no ha cumplido con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de los hechos violentos producidos como consecuencia de los conflictos territoriales: “Durante el período 2010 – 2015 los casos de al menos 7 líderes indígenas asesinados en el pais, a manos de terratenientes o sus empleados, se mantienen impunes. Uno de ellos es el trágico episodio que desencadenó en la muerte del comunero Javier Chocobar cuando defendía pacíficamente el territorio de su Comunidad, y que lleva más de 7 años sin resolverse y sin reparación alguna para las víctimas y sus familiares”. Destaca además un estancamiento en los avances legislativos: “a 10 años de la sanción de la ley 26.160, que ordena el relevamiento jurídico-técnico-catastral de los territorios indígenas y prohíbe los desalojos, el Estado aún no ha ordenado la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, no ha finalizado el relevamiento en la mayoría de las provincias, ni ha generado una política clara en cuanto a las implicaciones de los resultados del relevamiento; la titulación de los territorios aún no forma parte de la agenda del Estado, lo que en la práctica se traduce en una constante inseguridad jurídica.”Además de Andhes (Abogados y abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y la Unión de Pueblos Diaguitas de la Nación, Parlamento de Naciones Originarias, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI) y la Fundación para el Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA). El informe completo de lo puede descargar de acá.