Prestó su billetera virtual para recibir $4,3 millones robados y fue condenada a tres años de prisión condicional
Una estudiante universitaria de San Miguel de Tucumán accedió a recibir el dinero que había sido sustraído de las cuentas bancarias de una mujer a quien le habían robado el celular en las fiestas patronales de Lules.
Imagen ilustrativa.-
La madrugada del 19 de mayo de 2025 comenzó con un festejo popular en la plaza 9 de Julio de San Isidro de Lules y derivó en una veloz maniobra de cibercrimen. Cerca de la 1:00, al retirarse del recital realizado en el paseo público, una vecina advirtió que autores no identificados le habían sustraído su teléfono celular Samsung Galaxy S24 FE.
Apenas 52 minutos después del hurto, los delincuentes lograron vulnerar las medidas de seguridad del dispositivo e ingresaron sin autorización a las aplicaciones financieras de Mercado Pago y del Banco Galicia de la víctima. La investigación técnica determinó que la logística previa ya estaba en marcha: cuatro minutos antes de que ingresara la primera transferencia, desde el teléfono celular de la imputada, una estudiante de profesorado de 20 años radicada en San Miguel de Tucumán, se realizó una búsqueda en internet con la frase exacta "cae banda de estafadores" y el código del modelo del celular robado.
Entre las 01:52 y las 01:57 de esa misma madrugada, en una secuencia ininterrumpida de menos de cinco minutos, se ejecutaron cinco transferencias electrónicas hacia la cuenta de Mercado Pago de la imputada por un monto total de 4.186.800 pesos. El vaciamiento incluyó un giro por 26.800 pesos desde la billetera virtual de la damnificada y cuatro envíos desde su caja de ahorro bancaria por montos de 100.000, 3.000.000, 1.000.000 y 60.000 pesos.
De acuerdo con las pericias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), la joven no actuó como una receptora pasiva, sino que operaba su celular Motorola G60 en tiempo real a medida que ingresaban los fondos. Muestra de esa inmediatez fue que, diez segundos después de recibir la última transferencia de la madrugada, giró 4.000.000 de pesos a la cuenta de una cómplice. El raid delictivo continuó esa noche. A las 22:29, mientras la familia de la víctima intentaba bloquear los productos financieros desde su hogar, los delincuentes accedieron nuevamente a la aplicación bancaria, gestionaron un préstamo preaprobado por 200.000 pesos a nombre de la damnificada y, un minuto más tarde, lo transfirieron a la cuenta de la estudiante. El perjuicio económico final ascendió a 4.386.800 pesos, dinero que fue atómico y fragmentado mediante envíos a terceros, cuentas propias y pagos en comercios.
Para la Fiscalía, la intervención de la acusada como intermediaria financiera o "mulera" resultó indispensable para consumar la estafa antes de que la víctima pudiera bloquear sus accesos. Entre las pruebas clave aportadas por los peritos, se constató que el teléfono de la imputada estuvo georreferenciado en las inmediaciones de la plaza de Lules durante la noche del recital. Asimismo, dos días después del hecho, desde el celular de la estudiante se tomaron fotografías (luego eliminadas) a la etiqueta del código IMEI del teléfono robado. Esas imágenes terminaron vinculando el aparato sustraído a la cuenta de Mercado Pago de la imputada, tras recibir instrucciones de una allegada para formatearlo, cambiarle el chip y simular una compra legítima.
Ante la contundencia del material probatorio, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 2, bajo la titularidad del fiscal Diego Sebastián Hevia, impulsó un acuerdo de juicio abreviado que contó con la conformidad de la defensa oficial y de la querella. La acusada, que actualmente tiene 22 años y carece de antecedentes penales, reconoció formalmente su responsabilidad y admitió haber prestado su cuenta para canalizar el dinero sustraído.
Al momento de fijar la pena, el Ministerio Fiscal valoró como agravantes la magnitud del daño patrimonial y la rapidez de la dispersión de los fondos, mientras que consideró como atenuantes la juventud de la acusada, su falta de prontuario, su rol secundario en la intrusión informática y su confesión. Para evitar la prisión de cumplimiento efectivo, la Justicia ponderó que la joven cursa el Profesorado de Educación Primaria y realiza prácticas docentes diarias, imponiéndole una pena de tres años de prisión de ejecución condicional como partícipe necesaria del delito de defraudación mediante manipulación informática.
Por un plazo de tres años, la condenada estará sometida a la supervisión del patronato y deberá cumplir reglas de conducta estrictas: mantener su domicilio fijo en San Miguel de Tucumán, no acercarse a menos de 200 metros de la víctima ni de su vivienda en Lules, no mantener ningún tipo de contacto u hostigamiento por cualquier vía, continuar con sus estudios terciarios y presentar certificados de alumna regular cada seis meses. Además, la Justicia dispuso el decomiso definitivo del teléfono Motorola G60 utilizado para concretar las maniobras, el cual será formateado y entregado a la víctima en carácter de restitución parcial por los daños causados.






