Los "ñoquis" que el cisnerismo mantuvo en la Caja Popular le costaron a los tucumanos $1.317 millones
Un informe fiscal del Tribunal de Cuentas dejó al descubierto la nómina de los 32 comisionados sancionados que cobraron haberes sin realizar tareas ni presentar sus informes de desempeño en favor de la Caja Popular de Ahorros. El fallo fijó un daño patrimonial de 1.317.638.807,55 pesos y obligó a devolver montos individuales de hasta 78 millones de pesos por parte de los beneficiarios del circuito de impunidad. La justicia administrativa condenó además como responsables solidarios al exinterventor José César Díaz y al gerente de Personal Héctor Díaz, que respondían al diputado nacional y jefe de La Bancaría, Carlos Cisneros.
Carlos Cisneros junto a José César Díaz.-
Una investigación administrativa del Tribunal de Cuentas de la Provincia determinó que la Caja Popular de Ahorros bajo la gestión cisnerista funcionó durante cinco años como un engranaje de liquidación ininterrumpida de sueldos a favor de 32 comisionados que no pudieron probar haber volcado una sola hora de trabajo ni haber prestado contraprestación alguna para el organismo crediticio. El saldo económico dejado por este esquema arroja una cifra oficial de 1.317.638.807,55 pesos en concepto de perjuicio patrimonial acreditado al erario público.
La gravedad del escenario expuesto por la auditoría no se agota en la masa de dinero percibida por los empleados sin funciones verificadas, sino que escala directamente hacia la cúpula que hizo posible el desfalco. El Tribunal de Cuentas resolvió responsabilizar solidariamente al exinterventor de la entidad, José César Díaz, y al exgerente del Departamento Personal, Héctor Javier Díaz, exigiéndoles la devolución íntegra del dinero bajo apercibimiento de ejecuciones patrimoniales sobre sus bienes particulares.
El eje central de las actuaciones del tribunal se focalizó en el régimen de comisiones de servicio implementado entre septiembre de 2018 y agosto de 2023. Durante ese período, decenas de empleados pertenecientes a la plantilla de la Caja Popular fueron destinados supuestamente a cumplir funciones en dependencias externas, entre las que figuran la Honorable Legislatura de Tucumán, el Congreso de la Nación, el Concejo Deliberante capitalino, ministerios del Poder Ejecutivo provincial y diversos municipios del interior.
De acuerdo con la normativa legal que rige el empleo público y las resoluciones internas del propio organismo, la validez de una comisión de servicios requiere el cumplimiento estricto de una carga administrativa: cada agente comisionado tiene la obligación de presentar cada cuatro meses ante el Departamento Personal un informe de desempeño certificado por las autoridades del organismo de destino. Ese documento constituía el único respaldo legal para habilitar el pago del sueldo mensual con fondos de la entidad.
La fiscalización de los Co-Instructores Contables del Tribunal de Cuentas sacó a la luz una realidad contundente: en los legajos de los 32 agentes sancionados no existía un solo informe cuatrimestral ni certificación que acreditara tareas efectivas durante todos los años auditados. La entidad bancaria provincial estuvo abonando sueldos brutos completos, aguinaldos y beneficios no mensuales a personas que revistaron formalmente como comisionadas pero que en los hechos no dejaron rastro de trabajo en favor del Estado.
La norma que prohibía y la firma de excepciones a medida
El fallo del Tribunal de Cuentas reconstruye el rol determinante del abogado José César Díaz en la puesta en marcha de este mecanismo. En agosto de 2018, apenas asumida la conducción del organismo, Díaz firmó la Resolución de Intervención 605/18. En ella, alegando que las gerencias de la Caja Popular atravesaban una severa falta de personal por sobrecarga de tareas, dispuso la prohibición absoluta de otorgar nuevas comisiones de servicios hacia el futuro.
Sin embargo, los expedientes revelan que esa prohibición funcionó únicamente como una fachada institucional. De manera continuada, Díaz suscribió resoluciones de otorgamiento y prórrogas anuales de comisiones, apelando a una supuesta vía de excepción a su propia normativa. Ninguno de esos actos administrativos justificó cuál era la necesidad institucional o el interés de la Caja Popular que justificara apartarse de la prohibición.
La omisión más grave constatada por el tribunal radica en que Díaz extendió y renovó los contratos de comisión año tras año sin exigir la presentación previa de los informes cuatrimestrales que sus propios actos imponían. Su firma garantizó la continuidad del abono de haberes a los 32 agentes sin controlar la contraprestación laboral, razón por la cual el ente fiscalizador lo declaró responsable solidario por hasta el cien por ciento del monto demandado.
El andamiaje de inacción se completó en la Gerencia del Departamento Personal, a cargo de Héctor Javier Díaz desde marzo de 2021 mediante la Resolución 259/21.
Por disposición de la reglamentación interna, esa gerencia tenía asignada de manera expresa la potestad y la obligación de notificar las comisiones, recibir los informes cuatrimestrales, registrarlos en los legajos, controlar su cumplimiento y custodiar las constancias de desempeño. La auditoría comprobó que el Departamento Personal omitió sistemáticamente todas esas tareas: no requirió la entrega de los informes, no llevó registro de vencimientos ni intimó a los agentes incumplidores a regularizar su situación.
El Tribunal de Cuentas remarcó un dato jurídico fundamental: la ley de administración financiera establece que un funcionario se exime de responsabilidad solidaria si advierte por escrito a su superior jerárquico sobre la existencia de una irregularidad. Héctor Díaz jamás remitió una sola nota o dictamen formal a la Intervención, alertando que decenas de empleados comisionados estaban cobrando sin presentar sus informes de desempeño. Esa inacción consintió el abono ilegítimo de fondos públicos, derivando en la formulación de cargo fiscal solidario en su contra por todas las sumas devengadas a partir de abril de 2021.
El contexto cisnerista: la matriz de poder en la Caja Popular y los expedientes paralelos
El juzgamiento por las liquidaciones a los 32 comisionados que no trabajaron constituye una pieza más del mapa de investigaciones que rodea a la gestión de la Caja Popular bajo la órbita de influencia del diputado nacional y dirigente de La Bancaria, Carlos Cisneros, hoy investigado en Comodoro Py por haber incrementado 311 su patrimonio en seis años.
Nota de eltucumano del domingo 15 de noviembre.-
José César Díaz desembarcó en la Intervención del ente crediticio estatal como una figura promovida directamente por Cisneros ante el gobierno provincial. Durante su etapa al frente del organismo, la conducción estuvo alineada con los requerimientos políticos del entorno sindical, tejiendo una estructura que acumula severas denuncias en los ámbitos administrativo y penal.
Entre los antecedentes que cercan la gestión de Díaz sobresale la investigación iniciada por contrataciones directas irregulares a favor del estudio auditor Concilio y Sarralde S.A.S. En esa causa, el Tribunal de Cuentas determinó un perjuicio fiscal directo de más de 200 millones de pesos tras comprobar la elusión de licitaciones públicas y la manipulación de pliegos para favorecer a la consultora privada vinculada familiarmente a Francisco Concilio, quien se desempeñaba paralelamente como Gerente de ART de la propia Caja Popular. La maniobra intentó consolidarse mediante la adjudicación frustrada de un contrato por 45 millones de pesos mensuales más IVA por cinco años, hecho girado a la justicia penal por presunta tentativa de fraude y abuso de autoridad.
Asimismo, sobre José Díaz pesa la investigación por sus dudosas licencias médicas por afecciones psiquiátricas. Mientras el exinterventor no asistía a sus funciones en la entidad bancaria amparado en partes de salud con goce íntegro de haberes, ejercía en forma simultánea la abogacía privada registrando actuaciones judiciales ─como el intento de censura contra eltucumano.com─ como apoderado de las hijas de Carlos Cisneros. La opacidad de su administración incluyó además su autopromoción mediante la Resolución 494/23 dictada por el exsubinterventor Hugo Ledesma, cuñado de Cisneros, para incorporarse a la planta permanente en un cargo de alta jerarquía como Gerente General Adscripto con doble sueldo. Dicha designación irregular, que generó un desfalco superior a los 700 millones de pesos tras 31 meses de cobros no acumulables, fue anulada por nulidad absoluta mediante la Resolución 339/26 emitida por la actual conducción.

La red de beneficios otorgados al entorno cisnerista involucra también a la abogada Patricia Micaela Neme, exresponsable de Asesoría Letrada del organismo y figura allegada al diputado nacional. Sobre Neme pesa la apertura de un Juicio de Responsabilidad mediante el Acuerdo 3760 del Tribunal de Cuentas por haber percibido seis meses continuos de salario estatal bajo licencias por salud psiquiátrica mientras ejercía la profesión libre, simultáneamente con su imputación en la Justicia Federal en causas de trascendencia nacional.

La cifra del daño y los montos que deberán restituirse a la provincia
El cálculo técnico del perjuicio económico de 1.317.638.807,55 pesos fue ejecutado por los Co-Instructores Contables del Tribunal de Cuentas. La suma se determinó adicionando al capital de los haberes brutos pagados sin contraprestación los intereses calculados mes a mes con la Tasa Activa Promedio del Banco de la Nación Argentina desde cada desembolso mensual hasta el momento de la liquidación.
Entre las liquidaciones individuales más elevadas exigidas por el Tribunal de Cuentas figuran: las aplicadas a Daniel Alberto González, por 78.570.880,31 pesos; Leandro Toll, por 76.187.254,30 pesos; Natalia María Terán Nougués, por 73.573.142,03 pesos; Mónica Teresita Moya, por 61.190.070,25 pesos; César Eduardo Fernández, por 56.362.506,16 pesos; Marcos Damián Blanco, por 53.855.770,61 pesos; María Gabriela Frías, por 53.439.716,90 pesos; Silvia Edith Medina, por 52.553.267,86 pesos; Laura Fabiana Rodríguez, por 52.519.050,30 pesos; José Adolfo Alfaro, por 51.798.017,35 pesos; Luz María Sturgeon Gil, por 50.750.908,92 pesos; Patricia Sami, por 46.435.926,59 pesos; Carlos Antonio Cano, por 46.408.791,55 pesos; Christian Damián Brito, por 45.047.106,73 pesos; Delia Marisa Sanguino, por 43.494.679,74 pesos; y Gustavo Eduardo Durán, por 43.416.755,68 pesos, entre otros sancionados.

La resolución del Tribunal de Cuentas
Al cerrar el Juicio de Responsabilidad, el Tribunal de Cuentas resolvió aplicar las siguientes medidas de alcance patrimonial e institucional:
Primero: Declarar la responsabilidad patrimonial de los 32 comisionados al comprobar la percepción de sueldos de la Caja Popular de Ahorros sin contraprestación de servicios ni entrega de informes de desempeño.
Segundo: Formular cargos fiscales individuales contra los 32 agentes por los montos de capital e intereses calculados en el proceso, con intimiación formal para su restitución a las arcas públicas.
Tercero: Condenar al exinterventor José César Díaz a responder solidariamente por el cien por ciento de los cargos fiscales hasta el tope total de 1.255.329.798,37 pesos sobre las sumas reclamadas a los sancionados, por autorizar prórrogas omitiendo los controles a su cargo.
Cuarto: Condenar al exgerente de Personal Héctor Javier Díaz a responder solidariamente por los montos generados durante su período de gestión desde abril de 2021, por el incumplimiento de sus obligaciones funcionales de registro, custodia y fiscalización.
Quinto: Disponer que la totalidad de los montos sean actualizados al momento del efectivo pago mediante las tasas legales aplicables, ordenando iniciar las vías de cobro ejecutivo a través de los apoderados fiscales para garantizar la recuperación efectiva del patrimonio lesionado al Estado provincial.
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