El Tribunal de Cuentas le exige devolver más de $1.317 millones a exfuncionarios cisneristas de la Caja Popular de Ahorros
A través de la resolución 4446/26, el ente fiscalizador confirmó la existencia de un perjuicio patrimonial de 1.317.638.807,55 pesos contra el Estado provincial, tras probar que la institución liquidó haberes brutos e intereses durante cinco años a 32 empleados comisionados que jamás acreditaron contraprestación laboral alguna ni presentaron sus informes de desempeño. La resolución imputa individualmente a los comisionados y responsabiliza de manera solidaria a las máximas autoridades de la entidad: el exinterventor José César Díaz, quien firmó resoluciones de excepción sistemáticas para eludir su propia prohibición de otorgar comisiones, y el gerente de Personal Héctor Javier Díaz, imputado por omitir la custodia y el control administrativo. El dictamen fiscal sin precedentes, exige a la excúpula de la CPA, que responde al diputado Nacional Carlos Cisneros, restituir hasta el último peso del patrimonio robado a los tucumanos. Listado de sancionados.
Díaz, Manzur y Cisneros un 24 de septiembre de 2018.-
La herencia de la gestión cisnerista en la Caja Popular de Ahorros suma un nuevo episodio de desfalo de fondos públicos de todos los tucumanos. En una contundente resolución volcada en el Acuerdo 4446, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán dio por concluido un Juicio de Responsabilidad Patrimonial que saca a la luz la matriz de opacidad con la que se administró el organismo crediticio y de juego provincial. El ente de control fiscal dejó acreditado que el Estado tucumano sufrió un perjuicio patrimonial real, directo y documentado que asciende a la suma de 1.317.638.807,55 pesos, producto del pago ilegal de sueldos y la liquidación de haberes brutos a 32 comisionados que cobraron durante años sin realizar contraprestación laboral alguna para la institución.
El fallo del organismo fiscalizador no solo condena a los agentes que usufructuaron de salarios privilegiados sin volcar una sola hora de trabajo en favor del Estado, sino que señala y responsabiliza de manera directa y solidaria a la conducción administrativa responsable del desfalco: el exinterventor de la Caja Popular de Ahorros, el abogado José César Díaz, y el gerente del Departamento Personal, Héctor Javier Díaz. Sobre ambos recae la obligación legal y financiera de responder con su propio patrimonio por la totalidad del quebranto provocado a los vecinos de la provincia.
La mecánica del fraude: comisiones fantasma sin control ni contraprestación
El expediente auditado por el Tribunal de Cuentas abarcó un período de cinco años de liquidaciones y actos administrativos, delimitado entre septiembre de 2018 y agosto de 2023, año en que José Díaz ingresó como interventor de la CPA por recomendación del diputado nacional investigado en Comodoro Py, Carlos Cisneros, tal como confesó en el show mediático que se emite en uno de sus medios de comunicación. Durante ese quinquenio, la entidad financiera mantuvo a decenas de empleados bajo el régimen de comisión de servicios en dependencias externas como la Honorable Legislatura de Tucumán, el Congreso de la Nación, concejos deliberantes, ministerios del Poder Ejecutivo y diversos municipios del interior.
"Manzur me convoca porque sabía que a Díaz lo había recomendado yo en la Caja, y me dice que él se había comprometido con la iglesia, que dos plataformas de apuestas deportivas eran mucho y suficiente para Tucumán, que no se debía autorizar más."
Carlos Cisneros en El Avispero · 15/06/2026
Para que una comisión de servicios mantenga validez legal y justifique la erogación del dinero público, la normativa vigente impone una condición ineludible: los comisionados deben elevar obligatoriamente cada cuatro meses ante el Departamento Personal un informe detallado de su actuación en el organismo receptor, avalado por la autoridad de destino.
Sin embargo, las auditorías e inspecciones contables revelaron que la contraprestación laboral jamás existió en los legajos. Durante años, 32 agentes percibieron la totalidad de sus remuneraciones y beneficios brutos con fondos de la Caja Popular sin que existiera la menor constancia de que cumplieran tareas efectivas. Los informes cuatrimestrales brillaron por su ausencia, transformando el régimen de comisiones en una cobertura formal para sostener salarios estatales sin trabajo a cambio.
La maniobra de José César Díaz: el ardid de la prohibición y la vía de excepción permanente
La reconstrucción efectuada por el órgano fiscalizador ubica al exinterventor José César Díaz en el centro de la maniobra administrativa. Un mes después de asumir la conducción del ente, Díaz firmó en agosto de 2018 la Resolución de Intervención número 605/18, mediante la cual prohibió de manera taxativa el otorgamiento de nuevas comisiones de servicio hacia el futuro, fundamentando la medida en la recarga de tareas que afectaba a las gerencias internas del organismo.
Lejos de cumplir con su propio reglamento, el exinterventor convirtió esa prohibición en una trampa administrativa. De manera sistemática y deliberada, Díaz firmó una interminable cadena de actos de otorgamiento y prórrogas de comisiones invocando una supuesta vía de excepción a su propia norma. Esas excepciones se otorgaron sin justificar jamás cuál era el interés público o la necesidad institucional que ameritaba apartarse de la regla, renovando beneficios año tras año por el simple pedido de las reparticiones receptoras.
Más grave aún: el Tribunal de Cuentas constató que Díaz extendió y renovó las comisiones sin exigir en un solo caso la acreditación previa de los informes cuatrimestrales de desempeño que la ley exigía. Con su firma y su decisión consciente de obviar los controles preventivos a su cargo, Díaz constituyó la causa directa e indispensable que permitió la fuga ininterrumpida de fondos que pertenecen a todos los tucumanos. En consecuencia, el tribunal lo declaró responsable solidario por el cien por ciento de los cargos fiscales imputados a los comisionados sancionados.
Héctor Javier Díaz y la Gerencia de Personal: la inacción calculada para garantizar la impunidad
En el segundo nivel del esquema de descontrol se ubica el gerente del Departamento Personal, Héctor Javier Díaz, nombrado en el cargo en marzo de 2021, también bajo la gobernación de Manzur, a través de la Resolución de Intervención número 259/21.
La normativa interna le otorgaba a su departamento la responsabilidad exclusiva de recibir, registrar, notificar, controlar y custodiar la documentación vinculada a los comisionados. No obstante, el funcionario omitió por completo el ejercicio de sus facultades de fiscalización. Héctor Díaz no registró los vencimientos de las comisiones, no intimó a los agentes a presentar los informes exigidos ni advirtió a las autoridades superiores sobre la parálisis de los controles.
La ley de administración financiera de la provincia establece expresamente que un funcionario queda eximido de responsabilidad solidaria si advierte por escrito a su superior jerárquico sobre la existencia de un acto irregular. Héctor Díaz jamás emitió una sola nota o informe alertando a la Intervención sobre la falta masiva de contraprestación de los empleados comisionados. Su inacción deliberada y su omisión de los deberes de custodia sirvieron como canal operativo para que la sangría de recursos se mantuviera impune. Por tal motivo, el Tribunal de Cuentas le formuló cargo fiscal solidario por todas las sumas devengadas desde abril de 2021, fecha en la que asumió la gerencia de Personal.
El entramado político: la sombra de Carlos Cisneros y la herencia de un feudo institucional
El juzgamiento a Díaz por el escándalo de las comisiones fantasma no es un hecho aislado. Se inserta en un mapa de investigaciones más amplio que expone la matriz de poder desplegada en la Caja Popular de Ahorros bajo el padrinazgo político del diputado nacional y referente de la Asociación Bancaria, Carlos Cisneros.
José César Díaz desembarcó en la cúspide de la Caja Popular como una ficha clave impulsada por Cisneros en la estructura de gobierno de la provincia. A lo largo de su gestión, el ente financiero operó como una caja política orientada a satisfacer los requerimientos del entorno del dirigente sindical, tejiendo un manto de impunidad sobre funcionarios y allegados que hoy comienza a desmoronarse en los estrados fiscalizadores y judiciales.
Cisneros y Díaz, que deberá devolver más de $1.200 millones.-
Asimismo, sobre Díaz pesa la investigación por sus dudosas licencias médicas concomitantes. Mientras el exinterventor se mantenía alejado de sus funciones en la Caja Popular usufructuando licencias psiquiátricas con goce íntegro de sueldo, ejercía simultáneamente la abogacía privada en el fuero judicial, actuando como apoderado legal de las hijas de Carlos Cisneros, que buscaban censurar una investigación de eltucumano.com sobre su patrimonio. El ente de control fiscal puso bajo la lupa, además, su nombramiento irregular en la planta permanente de la institución como Gerente General Adscripto con funciones de Asesor Letrado, designación privilegiada que debió ser revocada por nulidad absoluta mediante la Resolución 339/26.
El cerco del Tribunal de Cuentas sobre la red cisnerista incluye también las recientes medidas contra otros alfiles de la gestión. A través del Acuerdo 3799, dictado por los vocales Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal, el organismo resolvió unificar y reservar las actuaciones en su contra para evitar superposiciones de sanciones financieras y asegurar la restitución integral del daño fiscal. Al mismo tiempo, mediante el Acuerdo 3760, el tribunal ordenó la apertura de un Juicio de Responsabilidad contra la abogada Patricia Micaela Neme, exresponsable de Asesoría Letrada del organismo y figura central del círculo íntimo de Cisneros, que es investigada junto al diputado y el operador Federico Petraglia, por trata de personas derivada de la falsa denuncia de abuso sexual contra los jugadores de Vélez.
Neme y Petraglia celebrando el día del bancario 2026.-
La suma de 1.317.638.807,55 pesos que deberán devolver los sancionados fue calculada de manera rigurosa por los Co-Instructores Contables del Tribunal de Cuentas. La liquidación se integró computando el sueldo bruto percibido por cada uno de los 32 comisionados que no acreditaron labores, aplicándole la Tasa Activa Promedio del Banco de la Nación Argentina desde la fecha en que se efectuó cada pago indebido hasta la clausura del proceso.
Según informó el Tribunal de Cuentas en el Acuerdo 4446, entre los cargos fiscales individuales más cuantiosos formulados por el ente fiscalizador figuran los aplicados a Daniel Alberto González, por 78.570.880,31 pesos; Leandro Toll, por 76.187.254,30 pesos; Natalia María Terán Nougués, por 73.573.142,03 pesos; Mónica Teresita Moya, por 61.190.070,25 pesos; César Eduardo Fernández, por 56.362.506,16 pesos; Marcos Damián Blanco, por 53.855.770,61 pesos; María Gabriela Frías, por 53.439.716,90 pesos; Silvia Edith Medina, por 52.553.267,86 pesos; Laura Fabiana Rodríguez, por 52.519.050,30 pesos; José Adolfo Alfaro, por 51.798.017,35 pesos; Luz María Sturgeon Gil, por 50.750.908,92 pesos; Patricia Sami, por 46.435.926,59 pesos; Carlos Antonio Cano, por 46.408.791,55 pesos; Christian Damián Brito, por 45.047.106,73 pesos; Delia Marisa Sanguino, por 43.494.679,74 pesos; y Gustavo Eduardo Durán, por 43.416.755,68 pesos, entre los principales sancionados.
Las resoluciones finales del Tribunal de Cuentas
Al dictar el fallo definitivo dentro del Juicio de Responsabilidad, el Tribunal de Cuentas fijó las determinaciones y consecuencias jurídicas para todos los imputados que no lograron justificar su accionar:
Primero: Establecer la responsabilidad patrimonial definitiva de los 32 agentes comisionados por haber percibido remuneraciones brutas de la Caja Popular de Ahorros sin haber prestado contraprestación laboral ni presentado los informes de desempeño obligatorios.
Segundo: Formular cargos fiscales individuales a los 32 agentes por los montos actualizados de capital e intereses, intimándolos a hacer efectivo el depósito de las sumas liquidadas a favor de las arcas públicas.
Tercero: Condenar al exinterventor José César Díaz a responder en forma solidaria por el cien por ciento del perjuicio fiscal total, alcanzando un tope de responsabilidad de hasta 1.255.329.798,37 pesos sobre los cargos de los comisionados, por haber firmado las resoluciones de prórroga omitiendo los controles administrativos a su cargo.
Cuarto: Condenar al gerente de Personal Héctor Javier Díaz a responder en forma solidaria por los cargos fiscales devengados durante su período de gestión a partir de abril de 2021, debido al incumplimiento de sus deberes funcionales de notificación, registro y custodia de las actuaciones.
Quinto: Ordenar la actualización de todos los montos liquidados hasta el momento de su efectivo pago e iniciar las acciones de cobranza ejecutiva a través de los estamentos correspondientes para garantizar la restitución plena de los fondos al patrimonio de la provincia.
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